La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó este lunes una comisión para investigar el supuesto sobreprecio por la compra en España de respiradores clínicos que está bajo una investigación judicial por la que fueron enviados a prisión preventiva cinco procesados, entre ellos un exministro.
El Parlamento boliviano acordó en una sesión ordinaria que la comisión especial la integren tres senadores y seis diputados, para investigar tanto los 170 respiradores comprados en España como otros 500 que anunció el Gobierno interino del país.
"Y todo lo relativo a la adquisición de equipos e insumos para la atención de la emergencia sanitaria", declarada en el país ante el coronavirus, según un informe de la Asamblea.
La emergencia está declarada desde el pasado 22 de marzo y hasta el próximo 31 de mayo, con varias normas que permiten compras directas de urgencia para atender la situación sanitaria por el coronavirus, que ha causado 250 fallecidos y 6.263 contagiados en el país según el último registro oficial.
Bolivia pagó unos 2,2 millones de dólares y advirtió de que no pagará otros 1,4 millones pendientes
La comisión está previsto que la integren seis legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria, dos de Unidad Demócrata (UD) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
"Ellos verificarán quiénes fueron los que hicieron la compra de los respiradores, además se ampliará la indagación a los fondos del BID -Banco Interamericano de Desarrollo- para este tema y a las otras compras que están realizando", declaró a los medios la presidenta de la Asamblea, Eva Copa.
En marcha un proceso judicial
La comisión parlamentaria surge cuando ya está en marcha un proceso judicial sobre este caso de supuesta corrupción, el mayor en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Áñez en el poder de forma transitoria en Bolivia, en el que su ex ministro interino de Salud Marcelo Navajas fue enviado a prisión preventiva.
El caso investiga la compra de 170 respiradores a través de una empresa intermediaria española por algo más de 27.000 dólares la unidad, el triple del que puede ser su precio real, además de que solo valdrían para emergencias y no para terapia intensiva en pacientes con covid-19.
Bolivia pagó unos 2,2 millones de dólares y advirtió de que no pagará otros 1,4 millones pendientes, con financiación del BID, en un caso polémico en el país tras ser detenido y luego liberado el juez que debe tramitarlo, con críticas sobre interferencias en la Justicia y politización del proceso.
