El Senado brasileño destituyó este miércoles a la presidenta, Dilma Rousseff, por 61 votos a favor y 20 en contra, en una decisión que también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019. La decisión supone el fin de un trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional de un juicio que Rousseff, condenada por graves irregularidades fiscales, califica de "golpe".
Hace meses, poco antes de ser suspendida de sus funciones, Rousseff dijo que sería "una carta fuera de la baraja" política en el caso de que fuera despojada de su cargo. Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como cualquier trabajo en empresas públicas.
Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública"
Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública". La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.
La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores. Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992, cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un juicio político similar. El Senado halló culpable a Rousseff de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública, lo que está prohibido por ley.
