La Administración del Estado de Francia emplea a 48.000 personas en negro por las que no cotiza y que carecen de cobertura social, según un informe interno filtrado este miércoles por Radio France. Los autores del estudio, encargado por el Gobierno, estimaron que regularizar la situación de esas personas, que tienen el estatus de Colaboradores Ocasionales del Servicio Público (COSP), costaría unos 500 millones de euros.
Muchos de ellos -entre los que hay peritos médicos, intérpretes o incluso asistentes de fiscales- reciben sus remuneraciones en efectivo y, en cualquier caso sin nómina.
Se trata de una situación que se ha generalizado desde hace unos quince años y normalizarla podría suponer un incremento presupuestario de hasta 46 millones de euros. El ministerio de Justicia, que es uno de los principales afectados por esta cuestión, señaló que ha lanzado iniciativas para proceder a modificaciones legislativas.
