El Congreso de Guatemala ha aprobado este martes en sesión plenaria retirar la inmunidad al presidente del país, Otto Pérez Molina, para que pueda ser investigado judicialmente por su presunta implicación en la trama de sobornos aduanera que se estudia en el caso La Línea. Asimismo, un juez de Guatemala dictó una orden de arraigo que le impide salir del país.
Con el apoyo de 132 diputados --muy por encima de los 105 necesarios--, el Congreso ha aprobado la retirada de la inmunidad y ahora el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene vía libre para investigar al mandatario por su presunta participación en la trama corrupta, según informa el diario local Prensa Libre.
Se trata de la primera vez en la historia del país centroamericano en la que el Congreso le retira la inmunidad a un presidente electo para que la justicia lo investigue. Sin embargo, el retiro de la inmunidad a Pérez Molina no implica la retirada del cargo. De hecho, el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que se mantendrá en su puesto y hará frente al proceso en su contra.
La comisión parlamentaria encargada de determinar la implicación del presidente de Guatemala en la trama corrupta recomendó el pasado sábado retirar la inmunidad a Pérez Molina.
"Esta comisión considera necesario y recomienda que el presidente sea puesto a disposición de la justicia común", señaló el diputado Jorge Mario Barrios Falla, secretario de la comisión pesquisidora, rechazando las declaraciones previas de Pérez Molina, que decía ser víctima de una "doble persecución".
La Línea, junto a otros muchos casos de corrupción, ha hecho tambalearse al Gobierno de Pérez Molina
El informe presentado --y que ha sido dado a conocer a los diputados antes de la votación-- insistía en que no se trata de señalar la culpabilidad ni inocencia del presidente en esta trama, pero recomendaba retirar el derecho de inmunidad para, de esta manera, posibilitar la investigación en su contra.
Orden de arraigo
La Fiscalía, que solicitó la orden de arraigo, informó en su cuenta de Twitter de esta decisión horas después de que el Congreso retirara los privilegios al presidente. La fiscal general y jefa del Misterio Público (MP), Thelma Aldana, ha explicado a periodistas que "existe el riesgo" de que el presidente pueda salir del país y que, por ello, tuvo que tomar la decisión de pedir esa orden.
"Creo que el arraigo es una medida precautoria necesaria", explicó minutos antes de que el MP confirmara que el juez Miguel Ángel Gálvez había otorgado el arraigo, cuyo objetivo es asegurar la presencia del mandatario durante el proceso penal que enfrenta.
La Línea
La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó el 16 de abril gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
Las escuchas revelaron también que la jefa de esta red de sobornos era una mujer a la que los implicados se referían como la señora, la dos y la R, lo que condujo las investigaciones directamente contra Baldetti, que tuvo que dimitir el 9 de mayo y fue detenida e imputada la semana pasada.
La Línea, junto a otros muchos casos de corrupción, ha hecho tambalearse al Gobierno de Pérez Molina, hasta el punto de que la oposición ha pedido cancelar las elecciones presidenciales del próximo 6 de septiembre al considerar que no se dan las condiciones adecuadas.
