Mano dura contra los delincuentes extranjeros y permiso de trabajo para los “sin papeles”. El Gobierno de Emmanuel Macron presenta un proyecto de ley que, por primera vez, reconoce la relación entre inmigración y delincuencia. “Firmeza y humanización” es el eslogan de quiere definir el proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Gerald Darmanin, que ha despertado el rechazo de todo el espectro político, aunque supone un corrimiento hacia la derecha para frenar las expectativas electorales de Marine Le Pen.

Darmanin, antiguo colaborador de Nicolas Sarkozy y considerado como el miembro del Ejecutivo más a la derecha, no podía presentar un plan de dureza contra las decenas de miles de delincuentes extranjeros catalogados en Francia y arremeter contra la tolerancia de gobiernos pasados sin ofrecer en paralelo el rostro amable del “macronismo”. Por ello, la anunciada y novedosa mano de hierro del proyecto de ley comienza con la oferta de un permiso de trabajo para trabajadores clandestinos, llamados “sin papeles”, para que acepten un contrato en sectores precarios, es decir, los más de 300.000 empleos que nadie quiere ocupar en la hostelería, la restauración o la construcción.

“Regularización escogida”

El ministro Darmanin y su colega de Trabajo, Olivier Dussopt, rechazan el término de “inmigración escogida”, utilizada en muchos países y defendida en su tiempo por el presidente conservador, Nicolas Sarkozy. Prefieren utilizar el concepto de “regularización escogida”, que se aplicaría a cuentagotas, caso por caso y con determinadas exigencias. El temor a ser acusados de propiciar un “efecto llamada” exige malabarismos semánticos.

El permiso de trabajo para “oficios en tensión” podría ser retirado si el trabajador cambia de empleo, según un texto todavía confuso y abierto a las enmiendas de una oposición que ya ha levantado las lanzas. El permiso de trabajo conlleva otros derechos, como la posibilidad de aspirar a un alojamiento social y otras prestaciones sociales.

Uno de los líderes de Los Republicanos (centroderecha), Bruno Retailleau, asegura que el proyecto de ley supone en realidad una regularización masiva de inmigrantes ilegales y la tacha de “proyecto de resignación nacional obra de un gobierno incapaz de regular el flujo migratorio”.

La mayoría relativa de Macron en la Asamblea Nacional le obliga a buscar apoyos que, en este caso concreto, solo pueden venir de Los Republicanos; con su abstención posibilitarían la aprobación del proyecto de ley. La izquierda y extrema izquierda abogan por la regularización de todos los trabajadores “sin papeles”. Adelantándose a la respuesta de Marine Le Pen, el ministro de Trabajo argumentó que no se podrá decir que son empleos robados a los franceses, pues ya están ocupados por extranjeros sin permiso.

La patronal francesa ve con buenos ojos la iniciativa del gobierno. Un 60% de las empresas declaran tener dificultades para contratar"

Para el partido de Le Pen, los clandestinos deben ser expulsados y no premiados con permisos de trabajo. Otro miembro de su partido denuncia el intento de “explotación del hombre por el hombre”, y subrayaba que los trabajadores en situación precaria no pueden ser exigentes con sus salarios.

La patronal francesa ve con buenos ojos la iniciativa del gobierno. Un 60% de las empresas declaran tener dificultades para contratar. La polémica sobre el aumento de salarios y la mejora de las condiciones de trabajo es un sujeto constante en el debate público, tras el fenómeno (mundial) de desconexión del trabajo que se vive tras la pandemia.

Otras voces, fuera del ámbito político, argumentan que muchos de los clandestinos regularizables no tienen la formación necesaria para optar a ciertos empleos, pues no se trata solo de carencia de lavaplatos, barrenderos o repartidores, también de oficios con un mayor nivel de exigencia técnico.

Para otros especialistas, la generosa asistencia social francesa es también responsable de la estampida de trabajadores, que prefieren rechazar un trabajo lejos de su domicilio o pagado poco más que la indemnización percibida por desempleo. La cifra oficial de paro en Francia es del 7.5 por ciento – 2.3 millones de personas-, aunque la realidad, eliminando formaciones pagadas y contratos precarios, puede llegar a los 5 millones. 

Inmigración y delincuencia, fin del tabú

La vertiente laboral del proyecto de ley “de asilo e inmigración” no puede ocultar el verdadero debate: la inmigración legal e ilegal que Francia experimenta desde hace más de cuatro décadas. El presidente Macron, después de cinco años y medio de ambigüedad, parece dispuesto a afrontar el asunto, no solo porque se trate de un clamor popular, sino porque la inmigración masiva y su relación con la delincuencia rampante en Francia es uno de los principales argumentos políticos de Marine Le Pen, que sin duda volverá a optar al Elíseo en 2027.

El ministro del Interior dice que, si no hubiera un problema de inmigración, el Frente Nacional (antiguo nombre de Agrupación Nacional) no existiría”. Lo cierto es que entre 2017 y 2021, es decir, el primer mandato de Emmanuel Macron, se han concedido más permisos de residencia (255.675) que durante el mandato del socialista François Hollande (217.463) y muchos más que durante el quinquenio Sarkozy (188.820). También según cifras oficiales, cada año de mandato de Macron se han regularizado a 30.000 clandestinos.

De los 3.450.189 permisos de residencia concedidos por Francia (según datos de 2021), argelinos, marroquíes y tunecinos encabezan la lista. Las cifras de la inmigración clandestina varían según las fuentes: entre 60.000 y 700.000 para el gobierno; 900.000, para el Alto funcionario y experto, Patrick Stefanini, autor del libro “Inmigración, las realidades que nos ocultan”.

Un sondeo de la agencia Ipsos realizado en septiembre señala que dos de cada tres franceses consideran que hay demasiados extranjeros en el país. El exprimer ministro y primer jefe de gobierno de Macron, Edouard Philippe, afirmaba en 2019, “hemos perdido el control de la política migratoria”.

Darmanin, nieto de inmigrantes argelinos e hijo de empleada de hogar, subraya sus orígenes étnicos y sociales para poder afirmar que esos factores no empujan obligatoriamente hacia la delincuencia, pero rompiendo tabúes de décadas de corrección política el responsable de Interior no puede tampoco contradecir las cifras oficiales de su propio ministerio.  Hasta el propio presidente Macron se atreve a denunciar públicamente – ahora - que el 50% de los delitos cometidos en el departamento de Île de France (París y alrededores) son obra de inmigrantes. Ocultar los orígenes de los delincuentes que cada día cometen los delitos más graves en Francia - una práctica habitual de la prensa de izquierda - es algo que ya no sirve para disimular la realidad.

Darmanin pretende cambiar alguna de las normas que frenan la expulsión de delincuentes extranjeros. Así, quiere eliminar la imposibilidad de expulsar a delincuentes que hayan llegado a territorio francés antes de cumplir los 13 años. Propugna, también, reducir los trámites jurídicos que frenan la expatriación por rechazo de asilo. Hoy, los ciudadanos extranjeros expulsables pueden recurrir a 12 instancias administrativas; la nueva ley las reduciría a 4. Hoy, la deportación final al país de origen de un extranjero la deciden dos jueces; según la nueva norma, la decisión recaería en un solo magistrado.

Delincuentes extranjeros: el “efecto Lola”

En Francia, 120.000 personas son objeto de una obligación de abandonar el país. Tienen 30 días para hacerlo voluntariamente; después de ese periodo, serán reconducidos a la fuerza. De esa cifra, 60.000 han presentado recurso y no pueden ser expulsados hasta la finalización del proceso legal. Otros miles están fuera del control policial. Se calcula que en 2021 solo un 6% de los afectados ha sido expulsado.

A nadie se le escapa que el ímpetu de Gerald Darmanin y Macron sobre este punto es una respuesta a la conmoción e indignación suscitada en Francia por el salvaje asesinato de “Lola”, una niña de 12 años, a manos de una joven argelina sobre la que pesaba una orden de expulsión desde hace meses.

La nueva ley propondrá que todo extranjero que cometa un delito grave sea declarado expulsable, pero no será expulsado obligatoriamente. Tampoco se volverá a la antigua norma de enviar a su país a todo inmigrante que entre clandestinamente en Francia. Fue eliminada por Manuel Valls. Son dos puntos que hacen dudar a la oposición conservadora sobre la verdadera voluntad del gobierno.

Los Republicanos proponen que ningún clandestino sea legalizado y un periodo de 5 a 7 años de presencia legal en territorio francés antes de recibir prestaciones familiares. Tanto para Gerald Darmanin como para la oposición, el grueso de los extranjeros admitidos legalmente en Francia lo hacen gracias a la reunificación familiar.

Para defender su proyecto de ley de Asilo, el ministro del Interior, cuyo abuelo materno, Moussa Ouakid, nació en Argelia, anuncia exámenes de lengua francesa serios. Además, los aspirantes deberán aceptar una integración que pasa por asumir que en Francia la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, que no se rechaza dar la mano a una mujer o que la homofobia es un delito. Un claro mensaje que no está dirigido - precisamente- a eventuales inmigrantes ucranianos.

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