La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, ha dimitido este lunes y ha abandonado el país junto a su hermana, Sheihj Rehana, a medida que avanzan las fuertes protestas contra el Gobierno, según ha informado el jefe de las Fuerzas Armadas, Waker Uz Zaman.

Hasina, que se ha ofrecido en varias ocasiones a hablar con los manifestantes para tratar de buscar soluciones a la crisis que atraviesa Bangladesh desde el mes pasado, cuando comenzaron unas manifestaciones que dejan ya cientos de muertos, ha presentado su dimisión a las 12.00 (hora local) ante el presidente, Mohammad Shahabuddin, en Bangabhaban, la residencia oficial del jefe de Estado.

El jefe del Ejército ha indicado que está previsto que se forme un gobierno interino cuantos antes y ha pedido a la población mantener el orden y respetar la ley. En un mensaje televisado, Zaman ha asegurado que todas las muertes serán investigadas y que los responsables serán llevados ante la Justicia.

"Todos los asesinos serán juzgados. Vamos a restaurar la paz en el país. Por favor, ayudadnos", ha aseverado antes de instar a "trabajar juntos". "No voy a lograr nada peleando, evitemos el conflicto", ha manifestado el militar, que se ha reunido con los líderes de los principales partidos políticos del país.

Saqueos en la residencia oficial

La salida de Hasina del país se produce poco después de que miles de manifestantes hayan vuelto a salir a la calle este lunes a pesar del toque de queda impuesto por las autoridades en un intento por reducir la tensión. Cientos de personas han irrumpido en Ganabhaban, la residencia de la primera ministra, donde ya se están produciendo saqueos, además de vandalizar varios murales con su rostro.

Previamente, fuentes cercanas al asunto han informado a la televisión bangladeshí de que Hasina ha cruzado la frontera a bordo de un helicóptero para desplazarse hasta el estado indio de Bengala Occidental por motivos de seguridad.

Asimismo, las autoridades han confirmado que al menos siete personas han muerto durante la jornada de hoy, las cuales se suman al centenar de fallecidos registrados este domingo, entre ellos trece policías. Varios medios de comunicación estiman que la cifra de muertos podría ascender a 300 desde el inicio de las manifestaciones, que han provocado este lunes el cierre del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal -en el norte de Daca-, que ha cancelado todas sus operaciones.

Además, los manifestantes han prendido fuego a las oficinas de la Liga Awami, el partido de Hasina, en el barrio de Tejgaon, situado en la capital, un incendio que se ha extendido a un comercio cercano. La formación en cuestión arrasó en las últimas elecciones, celebradas el pasado mes de enero.

Por su parte, el secretario general del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Mirza Fajrul, ha instado a sus seguidores a "mantener la calma" tras reunirse con el jefe del Ejército.

Las protestas han dejado de dirigirse únicamente al sistema de cuotas -que establece que un 30 por ciento de plazas públicas quedan en manos de hijos de veteranos de la guerra de la Independencia-, un criterio que para los estudiantes suponía un acto de discriminación. Ahora, se centran también la figura de Hasina y sirven para denunciar una represión policial y el uso excesivo de la fuerza.

En este contexto, el Tribunal Supremo del país ha visto innecesario ordenar a la Policía que no dispare a matar al entender que las leyes del país ya lo especifican de por sí.

La corte ha rechazado un petición presentada por dos magistrados del alto tribunal, Manzoor Al Mateen y Ainunnahar Siddiqa, quienes veían imprescindible dejar por escrito y de manera específica que las fuerzas de seguridad tienen terminantemente prohibido abrir fuego contra las manifestaciones, dadas las numerosas acusaciones vertidas desde las organizaciones humanitarias y los propios activistas.

Esto ha llevado a uno de los rostros más visibles de las protestas, el coordinador del Movimiento Estudiantil contra la Discriminación Nahid Islam ha avisado de la posibilidad de que se hagan con armas de fuego para defenderse de la represión policial y para que el Gobierno cumpla con sus exigencias.