Fue Joan Fuster quien popularizó en la década de 1960 la idea de que todos los territorios en los que se habla catalán comparten una misma realidad. La de los Países Catalanes. Lo hizo en su ensayo Nosaltres, els valencians (Nosotros, los valencianos), en el que afirma lo siguiente: “Nuestra realidad regional tiene su lugar dentro de la comunidad idiomática catalana (…). Llamarnos valencianos, en definitiva, es nuestra manera de llamarnos catalanes. Ni la sostenida intrusión castellano-aragonesa, ni el hibridismo étnico, han podido desfigurar esta primera autenticidad”.
Detrás del movimiento independentista catalán subyace el pancatalanismo, el que considera como un todo a Cataluña, Andorra, Baleares, 'La Franja' aragonesa, una gran parte de la Comunidad Valenciana, el Carche murciano y una zona de la Occitania. Con la idea de incrementar la presencia del idioma y la cultura catalanas en estos territorios, la Generalitat ha repartido durante los últimos años decenas de millones de euros de subvenciones a medios de comunicación, asociaciones, organizaciones con y sin ánimo de lucro; y particulares. Dinero público, en definitiva, para distanciar a esta comunidad autónoma del resto de España.
Una parte de estas subvenciones -más de 400- las ha repartido durante la recta final del proceso soberanista, lo que le ha permitido alimentar y engordar su amplia red de apoyos, que se extiende a lo largo y ancho de Cataluña. Estos aliados publican a diario decenas de páginas que no cuestionan ninguno de los preceptos del catecismo de Junts pel Sí y que, con un mayor o un menor alcance, llegan a toda la comunidad autónoma e incluso más allá de sus fronteras, como se puede apreciar en las tablas que acompañan este artículo.
Subvenciones por doquier
La última gran partida de subvenciones de este tipo -concedidas por el Departamento de la Presidencia de la Generalitat- se publicitó el pasado 27 de marzo en el BOE autonómico. Es decir, unos meses antes de que el Govern decidiera cruzar la línea roja que separa lo legal de lo ilegal y aprobara las leyes de Referéndum y de Transitoriedad.
En total, otorgó ayudas a 86 medios de comunicación digitales (1,5 millones de euros), a 198 publicaciones escritas (3,89 millones), a 18 empresas radiofónicas (570.000 euros) y a 19 televisiones (570.000 euros). En todos los casos, las subvenciones se justificaron por la difusión de contenidos en catalán o en aranés.
La inmensa mayoría de los beneficiarios de estas partidas de dinero público fueron pequeñas y medianas empresas y asociaciones. No obstante, en la lista también se encuentran los editores de los principales medios de comunicación privados de Cataluña -Grupo Godó, Zeta, Hermes y El Punt-, si bien estos también reciben fondos de la Generalitat a través de las campañas de publicidad institucional.
En la relación de agraciados de estas subvenciones figura la editora del semanario El Vallenc, cuyas instalaciones registró la Guardia Civil hace unas semanas al sospechar que contenían material sobre el referéndum del 1-O. Esta empresa recibió cuatro partidas presupuestarias por 5.919, 7.036, 7.691 y 8.696 euros para sus dos semanarios y sus dos páginas web.
La hija del director de El Vallenc es la segunda teniente de alcalde del municipio tarraconense del municipio de Valls. El primer edil, Albert Batet, es diputado por Junts pel Sí y fue cabeza de lista de CiU en las elecciones autonómicas de 2012. El día que el Parlament aprobó las leyes de Referéndum y Transitoriedad, Batet aparecía sentado justo detrás de Carles Puigdemont.
También aparece entre las empresas subvencionadas la empresa Catmedia Global, editora de la web Directe.cat. Su responsable es Joan Puig, politólogo independentista, perteneciente a ERC, que en 2005 tuvo una amplia repercusión mediática tras colarse en una finca de Pedro J. Ramírez y saltar a su piscina. La Generalitat le premió hace unos meses con 38.483 euros.
Entre los receptores también se encuentran algunas organizaciones vinculadas a personalidades de peso en Cataluña, como Fernando Rodés (Havas, Ara), quien preside la Fundació Creafutur, para la que la Generalitat consignó 10.000 euros.
La Fundació Revista de Catalunya, por su parte, ingresó 33.000 euros. Su director es Quim Torrá, expresidente Ómnium y consejero de la ANC. Por su parte, la Fundació Privada Catmón obtuvo 100.000 euros que gestionará, a buen seguro, Víctor Terradellas, su presidente y exsecretario general de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña.
Los registros del BOE catalán dejan claro que una parte de estas ayudas públicas recaen en organizaciones y particulares que promueven la independencia y el pancatalanismo. Es el caso de la Acció Cultural del País Valencià i Institució Joan Fuster, a la que la Generalitat concedió 659.000 euros para “financiar los gastos del crédito hipotecario” del edificio El Siglo. Por su parte, Obra Cultural Balear recibió 60.000 euros para realizar “actividades de promoción del idioma catalán” en esta comunidad autónoma. Y la Associació Amics de la Bressola consiguió 400.000 euros para el mismo fin en suelo francés.
La Generalitat también concede anualmente becas para realizar estudios de autogobierno. La mejor dotada de los últimos meses es una de 60.000 euros que servirá para la realización de un trabajo titulado 'Las relaciones Cataluña/España en el contexto europeo. Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios político-constitucionales'. En otras palabras, para evaluar el impacto de la independencia.
Llama la atención que algunas de las asociaciones agraciadas con ayudas públicas, apolíticas, en principio, difundieran comunicados durante la pasada semana para respaldar las tesis de la Generalitat tras el 1-O. Es el caso de la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones, del Instituto Catalán de Ornitología o de la Fundación Cataluña Cristiana por la Evangelización. Cuando el pagador estuvo en apuros, todos cerraron filas a su alrededor.
