Lo relató Vozpópuli hace unos días y provocó la crítica del sindicato CCOO, que encuadró esa noticia dentro de una supuesta campaña de la “derecha mediática” para “desprestigiar” Radiotelevisión Española. El artículo describía los episodios que se vivieron en la reunión del Consejo de Administración de la corporación el pasado 19 de enero después de que su presidenta provisional, Elena Sánchez, pidiera la salida del secretario de este órgano, Alfonso Morales, para abordar el punto del orden del día relacionado con el informe de Hacienda que denunció los gastos excesivos de algunos directivos de la casa.

¿Por qué se torció el ambiente ese día? En primer lugar, porque la presidenta interina autorizó a su jefa de gabinete, Verónica Ollé, su presencia en el Consejo de Administración, algo a lo que el reglamento la faculta, pero que generó discrepancias en algunos de los vocales designados para su puesto por el Partido Popular y el PSOE (no sólo del PP, como hace ver CCOO en su citado mensaje a los trabajadores de RTVE).

A continuación, Sánchez aseguró que había recibido una llamada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la que le habían transmitido sus dudas sobre la conveniencia de que el secretario del Consejo -Morales- y la directora general corporativa, Marta Torralvo, asistieran a la deliberación del punto del orden del día relacionado con los gastos presuntamente irregulares que realizaron algunos directivos durante 2021, con José Manuel Pérez Tornero en la presidencia de la corporación. Así lo describen las fuentes del Consejo consultadas por Vozpópuli.

Estas palabras de la presidencia interina provocaron la salida de la sala de reuniones de algunos consejeros, durante unos minutos, en señal de indignación. También llevaron a Sánchez a aplazar el debate sobre el informe de Hacienda -que señala 12.000 euros gastados contra la norma en comidas, viajes y derivados- hasta el 1 de febrero. Es decir, hasta el próximo miércoles.

Tensión en RTVE

Ninguna de las fuentes del Consejo consultadas por este periódico descarta que produzca una situación de tnesión similar en ese encuentro. Entre otras cosas, porque hay algún vocal -designado por Podemos- que considera que los miembros de la alta dirección señalados por la auditoría deben dimitir o, en caso contrario, ser destituidos por el órgano de gobierno de la corporación.

A su juicio, el Consejo de Administración de RTVE está obligado a ser coherente con la declaración institucional que realizó el 8 de marzo de 2022 en la que, como condición para recibir fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la corporación se comprometía a “aplicar una política de tolerancia cero contra cualquier práctica que se aleje de un comportamiento ético en el uso de los fondos públicos”.

La última auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado denuncia “la utilización de los recursos de RTVE para un uso particular y lo considera “un incumplimiento de la obligación de actuar con buena gestión y austeridad en el sector público”. Por tanto, a juicio de este vocal, los directivos deberían dimitir.

El problema es que algunos consejeros han manifestado su oposición a realizar cambios en la alta dirección de RTVE hasta que el Parlamento nombre al décimo vocal de este órgano y apruebe -con la mayoría suficiente- al presidente de la corporación para los próximos años. En este sentido, la propia Elena Sánchez reclamó en su última comparecencia ante la Comisión de Control de RTVE que esto se produzca “a la mayor brevedad”.

Mientras tanto, la realidad es que el Consejo de Administración de la corporación está dividido y su presidenta se ha visto en dificultades para aprobar algunos de sus proyectos.

Es cierto que los programas y los contratos de servicios suelen obtener mayorías, pero algunos puntos, como los relacionados con la configuración del organigrama, se han enfrentado a una oposición mayoritaria.

• Tags
• RTVE