José Manuel Soria no será recordado como un ministro conciliador. Ni mucho menos. El responsable de la cartera de Industria se ha enfrentado a la práctica totalidad de las empresas del sector audiovisual durante los últimos cuatro años y ha tomado algunas decisiones que han dejado a España en muy mal lugar con los socios de la Unión Europea. Especialmente discutidas han sido sus actuaciones en lo que respecta a la Televisión Digital Terrestre, que han llegado a situar entre la espada y la pared a las compañías del sector, han perjudicado a los intereses de las telecos y han puesto en juego varios millones de euros pertenecientes a las arcas públicas.
A pocos días del final de la legislatura, no se puede decir que Soria haya ofrecido una solución efectiva para los problemas que arrastra la televisión en abierto desde que se produjo el apagón analógico -como el del duopolio Atresmedia-Mediaset-, ni tampoco que haya dejado el camino despejado para su heredero. Entre otras cosas, porque el próximo Ejecutivo deberá recaudar entre varias empresas de telecomunicaciones y comunidades autónomas más de 350 millones de euros en ayudas públicas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero otorgó de forma indebida y que Soria no ha solicitado a sus beneficiarios.
El "desastre" del dividendo digital
El retraso de España en la aplicación del dividendo digital supuso un coste de varios millones de euros, con cargo a las arcas públicas
La actuación de este ministro que más críticas ha suscitado es la relacionada con el dividendo digital. Los países de la Unión Europea acordaron hace varios años que la franja del espectro radioeléctrico comprendida entre los 790 y los 882 MHz debía ser liberada por las televisiones el 31 de diciembre de 2012 para ser ocupada por las compañías de telecomunicaciones, necesitadas de un mayor espacio para desarrollar sus servicios de internet de alta velocidad.
España solicitó una prórroga a la Comisión Europea ante la imposibilidad de ceñirse a este plazo y se marcó el 1 de enero de 2014 como fecha límite. Pero tampoco cumplió ese objetivo, entre otras cosas, porque para completar el dividendo digital había que aprobar un nuevo marco legal para la TDT que llegó en septiembre de 2014, a tan sólo 3 meses de que las telecos comenzaran a utilizar la banda 790-882 MHz.
"Tan tarde y tan mal" se promulgó esta normativa que el Gobierno tuvo que postergar la entrega del espectro radioeléctrico a estas empresas hasta el 1 de abril de 2015, lo que ha supuesto un coste de varios millones de euros para el erario público, que deberá indemnizar a las compañías afectadas por la negligencia cometida por Moncloa.
Una vez se publicó el Plan Técnico de la TDT, varios de los canales se reubicaron, lo que obligó a una buena parte de los edificios a modificar sus antenas para poder recibirlos de forma correcta. Pero el escaso margen de tiempo que dejó el Ministerio entre la aprobación de la nueva normativa de la TDT y el apagón de la porción del espectro comprendida entre los 790 y los 882 MHz provocó un "colapso" del mercado.
Desde Abertis, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y el lobby que agrupa a las televisiones privadas (UTECA) criticaron las “graves limitaciones de acceso a la televisión” a los que se enfrentaron varios millones de hogares a consecuencia del poco tiempo que dejó Soria para completar esta última fase del dividendo digital. Y la patronal de los antenistas, FECOTEL, incluso llegó a hablar de "desabastecimiento" del mercado ante enorme demanda del material necesario para adaptar los sistemas de recepción de la televisión. "Un desastre", reconocen fuentes del sector de la televisión.
Para la próxima década -aún no se ha fijado una fecha concreta-, los países de la Unión Europea deberán afrontar un segundo dividendo digital. A pesar de la relativa lejanía de esa fecha, España se gastará 570.000 euros en 2016 para sentar las bases de ese proceso. Hace unas semanas, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, aseguró en un desayuno informativo que este proyecto se encuentra bien encaminado. Ahora bien, fuentes del sector de las telecomunicaciones afirman que "habrá que cambiar de sitio varias decenas de canales" para liberar una nueva franja del espectro radioeléctrico (700 MHz). Por tanto, concluyen que, en este asunto, Soria tampoco ha hecho los deberes.
Guerra con las empresas de la TDT
La política adoptada por el Ministerio de Industria con las empresas que emiten en la televisión en abierto tampoco se puede decir que haya contribuido al desarrollo de este sector. De hecho, Cellnex (Abertis) calcula que desde que en mayo de 2014 el Tribunal Supremo decidiera cerrar 9 canales de TDT por haber sido concedidos de forma ilegal, ha dejado de ingresar un total de 66,6 millones de euros. Eso, sin contar con los perjuicios que ha ocasionado en las empresas que los perdieron.
El Alto Tribunal ordenó la clausura de estos canales debido a que el anterior Ejecutivo del PSOE los había repartido "a dedo" entre Atresmedia, Mediaset, NetTV y VeoTV, lo que consideró contrario a la legalidad vigente. Los afectados solicitaron a Soria al principio de la legislatura que blindara estas cadenas contra el efecto de cualquier sentencia judicial, pero no lo hizo. "Nos lo prometió, pero nunca lo llevó a término", relatan fuentes de las televisiones.
Soria se negó a blindar los 17 canales de la TDT que corrían peligro de ser cerrados por el Tribunal Supremo
En diciembre de 2013, el Supremo falló en contra de las televisiones y, en mayo de 2014, dieciocho meses después, esos canales se fueron a negro. Las cuatro compañías perjudicadas -y Abertis- anunciaron demandas multimillonarias contra el Estado y exigieron a Soria que protegiera los ocho canales que también corrían peligro de ser cerrados. Pero tampoco hizo nada, lo que recrudeció la guerra que mantenían estas influyentes empresas contra el Gobierno, con el consiguiente coste político.
Poco antes de que el Tribunal Supremo se reuniera para dictaminar el destino de estas cadenas, las televisiones privadas alcanzaron un acuerdo extrajudicial con las tres empresas que habían solicitado su cierre para que retiraran sus recursos. Y así lo hicieron a cambio de 20 millones de euros. Según ha podido saber Vozpópuli a través de directivos de las televisiones, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría conocieron la existencia de este pacto antes de que culminaran las negociaciones y no realizaron ningún movimiento para echarlo por tierra. Sin embargo, José Manuel Soria "sí que mostró oposición" al mismo "e intentó pararlo", siempre según estas fuentes.
Hace unas semanas, el Gobierno repartió seis nuevas licencias para emitir en la TDT en un concurso que no ha estado exento de polémica, puesto que ha reforzado la posición dominante de Atresmedia y Mediaset, a quienes ha entregado un permiso de emisión en alta definición por cabeza. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en varias ocasiones de los riesgos que supone para la libre competencia en este sector el que entre dos empresas acaparen el 85% de los ingresos por publicidad y la inmensa mayoría de la audiencia. Pero, lejos de hacer caso a estas recomendaciones, han sido premiadas en esta última subasta.
El riesgo de fuertes sanciones de la Unión Europea
De cara a la próxima legislatura, Soria ha dejado pendiente de resolver un asunto muy delicado. Es el de la devolución por parte de varias comunidades autónomas y empresas de telecomunicaciones de alrededor de 350 millones de euros en subvenciones que recibieron por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero y que la Comisión Europea declaró ilegales en 2013.
El Ejecutivo apostó por recurrir esta resolución poco después de que trascendiera. Lo hizo a sabiendas de que se exponía a sanciones multimillonarias por retrasarse en la recuperación de estas ayudas (en el caso de Italia, de 30 millones de euros como mínimo, tal y como detalló este periódico). En el caso de que el Tribunal de Justicia de la UE ratifique la decisión de la Comisión Europea, el nuevo Gobierno deberá asumir la tarea de reclamar este dinero a las poco boyantes comunidades autónomas y de pagar la multa por el retraso en su cobro que se le impondrá a España. En otras palabras, estará obligado a resolver otro de los asuntos que Soria ha dejado en el aire.
