Las radios y televisiones públicas españolas le envían cada año al Estado y a las comunidades autónomas una factura por valor de 1.877,40 millones de euros. Y siempre es más alta de lo que le prometen al principio de cada ejercicio. Estos medios de comunicación, que tantas veces han sido criticados por servir de altavoz de los intereses de los gobiernos que les mantienen, gastan más dinero que las cadenas privadas, pero obtienen una audiencia bastante menor. De hecho, cada décima de cuota de pantalla que registran le cuesta a las arcas públicas 19,7 millones de euros.
Todos estos datos se recogen en un informe publicado por el sindicato Unión Profesional, en el que se observa que la televisión autonómica más cara es TV3, a la que Artur Mas dota de un presupuesto de 225 millones de euros a cambio de que demuestre una actitud complaciente con los intereses del partido de la Generalitat, según han denunciado en reiteradas ocasiones las fuerzas de la oposición. Este medio de comunicación le cuesta a cada catalán 29,92 euros al año, de los que una buena parte se destinan a pagar a los 2.364 trabajadores que se emplean en sus cadenas de televisión y radio.
El ERE de Televisión Española costará un total de 1.722 millones de euros hasta 2022
Uno de los principales problemas que acompañan a estos medios es que tradicionalmente han gastado más dinero del que tienen presupuestado, algo que ha obligado a las Administraciones que les sostienen a soportar su déficit, pero que “nunca” ha merecido una sanción ejemplar para sus directivos, critican fuentes de las televisiones privadas. Especialmente sangrante es el caso de Televisión Española, que cierra cada ejercicio con unos números rojos de 100 millones de euros y que, una década después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le perdonara su deuda de 7.500 millones, ya coquetea con su entrada en causa de disolución.
Mantener a su plantilla obliga cada año al Estado a afrontar un desembolso de 380 millones de euros. A esa cantidad hay que sumarle otros 100 de millones que el erario público debe pagar a los afectados del ERE de 2006. Este ajuste laboral, que finalizará en 2022, costará un total de 1.722 millones. El Tribunal de Cuentas ha denunciado recientemente que las condiciones de los que se acogieron al mismo son tan favorables que, actualmente, hay periodistas que cobran más dinero en el ERE que si permanecieran en activo en TVE.
Agencias de colocación
El estudio realizado por Unión Profesional señala como uno de los principales males de estos medios de comunicación el elevado coste de sus estructuras directivas. Es decir, deja entrever que estas televisiones son utilizadas por los gobiernos autonómicos como agencias de colocación de personas afines. Los autores inciden en que si se despidiera a una parte de sus altos cargos, se ahorraría al año una cantidad cercana a los 120 millones de euros. "Esta cifra incluso podría ser superior al eliminar los costes estructurales asociados al desempeño del puesto directivo", añade.
La forma de elección de los presidentes y miembros de los consejos de administración de las televisiones públicas ha estado tradicionalmente respaldada por el voto de los parlamentos autonómicos, lo que ha dado vía libre a los partidos en el poder para situar en su cúspide a delfines de su formación política. Eso ha sido clave para que sus noticiarios ofrezcan una información parcial, favorable a la Administración regional de turno. Y eso les ha alejado de su fin último, como es el de ofrecer a la ciudadanía un servicio público.
Desde que surgieran estas cadenas, se han vivido situaciones, en este sentido, que han rozado el esperpento. Sin ir más lejos, hace unos meses un grupo de 40 alcaldes de Castilla-La Mancha presentó una querella criminal contra el exdirector general de CLMTV, Ignacio Villa, al considerar que el marcado sesgo informativo de esta televisión (pro PP) constituía un delito de malversación de fondos públicos.
En Televisión Española, las denuncias de manipulación son prácticamente diarias y las suspicacias sobre la orientación ideológica de una parte de sus periodistas enfangan el ambiente de su redacción de informativos. "Aquí se sabe qué trabajadores defienden al Gobierno y quiénes a la oposición. Entre otras cosas, porque muchos han ascendido o sido relegados en función de quién estaba en el poder. Televisión Española es una empresa muy politizada", relatan fuentes de Torrespaña.
El sesgo informativo de Castilla-La Mancha Televisión motivó a 40 alcaldes a interponer una querella criminal contra su director
La dificultad de mantener otros servicios públicos
Rosa María Calaf, quien ejerció durante casi cuatro décadas de corresponsal para la televisión pública, ha reconocido recientemente en una entrevista que la manipulación existe en TVE. “Siempre se ha creído que, cuando se ganan las elecciones, TVE venía de regalo”, ha asegurado. Ahora bien, este regalo se ha convertido en un caramelo envenenado en muchas ocasiones por su capacidad para esquilmar las arcas del Estado. De hecho, Ignacio González estuvo a punto de cerrar Telemadrid por su imposibilidad de sostener a 1.200 empleados en el momento en que la crisis económica más fuerte apretaba.
En la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra fue un paso más allá y puso fin a las emisiones de Canal 9 en noviembre de 2013. En ese momento, arrastraba una deuda de 1.096 millones de euros que se explica en la mala e imprudente gestión de sus administradores, que consintieron, por ejemplo, alquileres tan caros como el de la sede de la RTVV en Alicante (un mínimo de 23.000 euros al mes hasta 2035) o una desmesurada plantilla que alcanzó los 1.700 trabajadores.
El nuevo presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado su intención de reabrir esta cadena, con un menor tamaño, en 2016. Para cumplir su objetivo, pretende destinar una partida presupuestaria de 29 millones de euros, a la que habrá que sumar otra de 26 millones que se dedicará al proceso de liquidación de la anterior. Este asunto ha deparado tantos quebraderos de cabeza a la Administración regional que ha supuesto la dimisión de varios de sus responsables ante su imposibilidad de culminarlo con éxito. Se espera que culmine el año que viene tras haber costado 200 millones de euros. Una cantidad que los contribuyentes valencianos han tenido que desembolsar por una televisión cerrada.
¿Qué llevó a Puig a prometer la reapertura de este medio de comunicación, después del fracaso de la experiencia anterior? Entre otras cosas, y según sus palabras, la necesidad de que esta región disponga de una televisión que contribuya a difundir el idioma valenciano. Es decir, a respaldar una de sus señas de identidad. El argumento no es ni mucho menos nuevo, puesto que ha sido utilizado en reiteradas ocasiones por los gobiernos de las comunidades donde el nacionalismo tiene más fuerza para justificar la inversión de cientos de millones de euros en estas cadenas. ¿Para qué? Para ofrecer contenidos que han servido para propagar su ideología, tal y como ha denunciado su oposición en muchas ocasiones.
Formaciones políticas emergentes en España, como Ciudadanos, han prometido que, allí donde gobiernen o tengan la fuerza necesaria para formar parte del gobierno, pelearán por despolitizar las televisiones autonómicas y por hacerlas más baratas e interesantes para los ciudadanos. Ahora bien, esa labor será muy ardua. Porque estos medios están muy ideologizados. Porque gastan cada año cientos de millones de euros. Y porque cada vez ocupan un rol más secundario en la sociedad, como se demuestra en que, el pasado agosto, y según datos de Barlovento, alcanzaron su mínimo histórico de audiencia.
