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Montoro inició una 'macro-inspección' contra la Cadena SER antes de abandonar su cargo

La Agencia Tributaria inició en 2017 inspecciones sobre el Impuesto de Sociedades, el IVA y el IRPF en Prisa Radio S.A., la empresa que da cobertura a la Cadena SER. La empresa mantiene algunos recursos contra el fisco pendientes de resolución, según detalla en sus cuentas anuales

  • El exministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Hacienda se lanzó en picado sobre la Cadena SER en el ejercicio 2017. La Agencia Tributaria inició una inspección sobre la sociedad Prisa Radio S.A., para examinar los pagos que ha realizado durante varios años sobre el Impuesto de Sociedades, el IVA y el IRPF, según se recoge en el último informe anual de cuentas de esta empresa, depositado recientemente en el Registro Mercantil.

En el documento, se explica que las "actuaciones inspectoras" de la AEAT tienen que ver con el Impuesto de Sociedades abonado durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Hacienda también ha solicitado información sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido para el período comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2015.

El departamento entonces comandado por Cristóbal Montoro también inició pesquisas sobre las retenciones a cuenta practicadas, por un lado, sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por otro, sobre el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en este caso, entre mayo de 2013 y noviembre de 2015.

La empresa explica en su informe contable que cuenta con dos contenciosos-administrativos pendientes de resolución en la Audiencia Nacional por dos cantidades de 9.000 y 219.000 euros que la AEAT le reclama como consecuencia de dos inspecciones realizadas anteriormente sobre el Impuesto de Sociedades, correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

También mantiene una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo (TEAC) por su disconformidad con "el registro de un gasto neto" de 208.000 euros, que derivó de una inspección sobre el mismo impuesto que analizó el período 2009-2011.

Polémica con los periodistas

Cabe recordar que, durante la etapa en la que Montoro encabezó el Ministerio de Hacienda, fueron varias las voces del mundo de los medios de comunicación que criticaron sus actuaciones para con el sector.

Una de las quejas más comunes tiene que ver con las inspecciones que realizó sobre la actividad de varios periodistas que -de forma totalmente irregular- creaban sociedades pantalla para declarar los ingresos derivados del ejercicio de su profesión con un tipo impositivo más bajo que si lo hicieran como trabajadores autónomos

Esta situación, precisamente, fue la que impulsó a Màxim Huerta a dimitir como ministro de Cultura pocos días después de ser nombrado, el pasado junio. La decisión la tomó una vez se hizo público que defraudó 218.322 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008, cuando trabaja como presentador de El programa de Ana Rosa. Esa cantidad fue posteriormente satisfecha. "Regularicé todo fiscalmente. Puse todo en orden y cerré la sociedad", afirmó el periodista y escritor hace unas semanas.

Televisiones autonómicas

Otro de los frentes que abrió Hacienda durante la 'era Montoro' tuvo que ver con la tributación que realizan las televisiones autonómicas sobre la subvención que reciben por parte de los Gobiernos regionales. Durante varios meses, estas empresas públicas recibieron comunicaciones del fisco en las que se les informaba de la necesidad de abonar cantidades de IVA millonarias, relativas a ejercicios anteriores.

En concreto, la Agencia Tributaria cambió en 2012 el criterio utilizado para calcular las cuotas de IVA de las televisiones autonómicas. Entonces, las situó dentro del grupo de entidades públicas de ‘naturaleza dual’, que no tienen la posibilidad de deducirse todo este impuesto a la hora de adquirir bienes y servicios.

Los medios afectados realizaron las pertinentes reclamaciones y, en algunos casos, como el de la televisión autonómica gallega (TVG), obtuvieron la razón por parte de los tribunales económicos, que consideraron que la financiación pública que reciben no puede estar sujeta a ese tipo de IVA.

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