El ERE que la Justicia ha anulado y que ha precipitado el cierre del canal se hizo contra el criterio de los abogados. Garrigues Abogados, el bufete que asesoraba jurídicamente a la Generalitat Valenciana, se opuso a las modificaciones que el Govern de Fabra introdujo en el Expediente de Regulación de Empleo y advirtió del "riesgo elevado" de que el Tribunal Superior de Justicia lo anulara.
En concreto, Garrigues remitió un informe el pasado día 30 de julio al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que se advierte literalmente del "riesgo que puede conllevar que el procedimiento de despido colectivo no sea ejecutado en los términos negociados durante el periodo de consultas". Garrigues se mostraba contrario a las modificaciones que un día más tarde introdujo la Generalitat y con las que decidió excluir de las listas a 186 trabajadores para garantizar las emisiones hasta final de año.
Garrigues avisó de unos "riesgos elevados de que los tribunales acaben anulado el ERE
El dictamen jurídico remitido por Garrigues recoge la doctrina jurídica previa para desaconsejar el ERE. En primer lugar, cita dos sentencias de la Audiencia Nacional (de 20 y 21 de junio de 2012) contrarios a otros despidos también impuestos por la Generalitat en la empresa pública VAERSA. Ambas sentencias declararon nulos los despidos y -según el dictamen de Garrigues- "esos razonamientos son plenamente aplicables".
Igualmente, el informe señalaba la doctrina de los Tribunales Superior y Supremo para defender que la introducción de "medidas no debatidas en el periodo de consultas plantean interrogantes sobre la buena fe negociadora de la empresa".
La Generalitat ignoró el dictamen de sus abogados
Pese a ello, la Generalitat y la directora general del ente público, Rosa Vidal, modificaban el ERE y lo remitían a la autoridad laboral que no se pronunció sobre los nuevos términos. El gobierno valenciano decidía sacar de la lista a técnicos de imagen y sonido para garantizar la emisión de Canal 9 hasta terminar el año, una decisión que la dirección del ente calificó como "temporal".
Tras conocer esa modificación, Garrigues realizó una segunda advertencia al consell y alertó de la posibilidad de que los tribunales "declararan la nulidad del proceso sin tomar en consideración ninguna de las circunstancias concurrentes". Pese a ello, el ejecutivo valenciano mantuvo el ERE.
Esta misma semana, los tribunales se pronunciaban en los términos que había anticipado el bufete jurídico. La Justicia anulaba el ERE, argumentaba que se había vulnerado "derechos esenciales de los trabajadores" y forzaba a la Generalitat a rectificar. El gobierno de Alberto Fabra no ha asumido ninguna responsabilidad sobre el proceso y ha trasladado la carga de la decisión del cierre de RTVV a los tribunales.
