En los libros de cuentas de Radiotelevisión Española correspondientes a 2016 figuran varios contratos que, por su naturaleza, por su importe o por los antecedentes de la contraparte, están rodeados de polémica. Los responsables de la corporación esperan que este ejercicio concluya sin pérdidas económicas por primera vez desde 2010, pero en la contabilidad de la corporación se incluyen inversiones de varias decenas de millones de euros que resultan controvertidas o, al menos, difíciles de justificar. Algunas han servido para sufragar servicios con un coste multimillonario, como el de transporte colectivo, Otras, han sido ido a parar al bolsillo de empresarios de dudosa reputación.
Según los datos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, RTVE ha gastado durante el último año un total de 16,1 millones de euros en servicios de taxi y transporte. El contrato más cuantioso, de 10,09 millones de euros, lo recibió la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Autos José María S.L., Autos Chamartín S.A., Blanauto S.L., Gran Vía Rent A Car S.L. y Autos Galeón. En este apartado también figuran acuerdos para el alquiler de autobuses (540.000 euros), de vehículos pesados (716.672), de mercancías (191.556 euros) y ligeros (3,6 millones).
También resultan especialmente polémicos los dos contratos que RTVE ha firmado en los últimos meses con el Grupo Sando, propiedad de José Antonio Sánchez Domínguez. El primero, dotado de 10,7 millones de euros (impuestos incluidos), prevé la construcción de dos centros de producción de programas en Prado del Rey; mientras que el segundo, de 1,92 millones, la demolición de los estudios 10 y 11.
Este constructor fue imputado, dentro del caso Mercasevilla, ante las sospechas de la juez Mercedes Alaya de que un concurso de venta de suelo que ganó el Grupo Sando, y que fue convocado por la empresa municipal sevillana, pudo estar amañado.
Su nombre también figura en los papeles de Bárcenas por haber realizado -supuestamente- donaciones al PP durante varios años por valor de 1,25 millones de euros. Cabe recordar que el propio presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aparece como receptor de 1,1 millones de pesetas en la contabilidad ‘en B’ del Partido Popular. En concreto, con el epígrafe 'JA Sánchez', se le atribuye el cobro de estas cantidades en 1994 (800.000) y 1995 (300.000), cuando ejercía de cronista parlamentario para el diario ABC.
RTVE renovó por 24,5 millones de euros 'Cuéntame cómo pasó' en julio, pese a la implicación de sus protagonistas en el Caso Nummaria.
Empresarios salpicados por diferentes escándalos
Otro de los acuerdos que levantó una gran polvareda es el que RTVE firmó el pasado julio con Ganga Producciones para renovar por 24,5 millones de euros Cuéntame cómo pasó. Lo hizo pocas semanas después de que la justicia comenzara a investigar el escándalo de presunto fraude fiscal relacionado con el despacho de abogados Nummaria, en el que están implicados los dos protagonistas de la serie, Imanol Arias y Ana Duato. Cada uno de los 38 nuevos capítulos de estas dos nuevas temporadas le costará a RTVE un total de 644.000 euros. Más que hasta ahora.
Pocos días después de que trascendiera el acuerdo para renovar Cuéntame cómo pasó, desde la corporación se lanzó un mensaje claro: "Cualquier empresa pública tiene prohibida la contratación con empresas que han defraudado a Hacienda”, de modo que si un tribunal condenara a Ganga Producciones, RTVE rompería cualquier contrato que le uniera a esta empresa. Esta filosofía parece que no la ha aplicado en el caso de José Luis Moreno.
El pasado diciembre, cuando Cristóbal Montoro hizo pública la lista de morosos del fisco, se descubrió que el empresario adeuda de 3,4 millones de euros a las arcas públicas. Dado que esto impide que RTVE le contrate para la realización de programas, le ha reclutado de forma indirecta, como se demuestra al observar los títulos de crédito de la serie Reinas, donde aparece la empresa Crystal Forest S.L., de su propiedad.
La factura de los JJOO
La principal cobertura que RTVE ha realizado en 2016 es la relacionada con los Juegos Olímpicos de verano. Los responsables de la corporación se esforzaron durante varias semanas en difundir la idea de que la retransmisión de las competiciones deportivas se iba a realizar de la forma más austera posible, ante la compleja situación económica de la televisión pública.
Pero no tardaron en trascender detalles sobre dicha cobertura que desmintieron esas palabras. El desplazamiento de los equipos técnicos y la manutención de los 129 trabajadores de la corporación generó un coste aproximado de 4,5 millones de euros.
Entre los efectivos que acudieron a la capital brasileña se encuentran varios directivos de RTVE entre los que, según las previsiones, se encontraban el director de TVE, Eladio Jareño, el director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín, el director de Medios, David Valcarce, la directora de Deportes, Yolanda Cuevas, la directora de Teledeporte, María José Malia; y el director del Área de Soporte y Mantenimiento Técnico, Víctor Sánchez.
Según detalló Dircomfidencial.com, RTVE pagó 11.400 euros por el traslado de estos cargos, lo que representa un desembolso de entre 1.800 y 2.000 euros por cada billete de avión. A este importe hay que sumar uno de aproximadamente 3.000 euros para cubrir los traslados en taxi o transporte público de los directivos. La partida más elevada hace referencia al alojamiento, cuyo coste rondaría los 48.300 euros, a razón de 300 euros por cada noche de hotel.
Pese a que RTVE no informa oficialmente del coste de sus programas, una mera consulta a la Plataforma de Contratación del Estado sirve para tener una idea del coste de sus equipos, del transporte de su señal de radio y televisión; del mantenimiento de sus instalaciones o de sus coberturas especiales. Entre las decenas de acuerdos que rubricó en 2016, se encuentran algunos que atestiguan el precio de los servicios de los que requiere la televisión pública, que suele ser muy elevado, dada su dimensión (6.300 trabajadores).
Por ejemplo, el pasado marzo licitó un contrato de 384.000 euros (adjudicado a Serunión S.A.) relacionado con las máquinas de aperitivos de sus centros de trabajo. Todo lo relacionado con la corporación tiene un alto coste para los Presupuestos Generales del Estado.
