La mayoría de los servicios de estudios están alertando que tras el verano, España va a experimentar una fuerte desaceleración e incluso no se descarta la recesión con un cuarto trimestre de este año de crecimiento cero. Al mismo tiempo, mantenemos el primer puesto de la UE en tasa de desempleo, con un paro estructural cada vez más difícil de reducir.

Mientras tanto, sufrimos el nivel de inflación más elevado de todos los países con los que nos comparamos. Es decir, la situación que estamos viviendo en las empresas es muy preocupante. De forma paralela, tenemos que hacer frente a unos insoportables impuestos que nos restan competitividad, que hacen cada vez más difícil la sostenibilidad de las empresas y empujan aún más la inflación.

Ante esta situación, el Debate sobre el Estado de la Nación no alumbró ningún plan de choque, sino unos nuevos impuestos improvisados a dos sectores económicos concretos (por el momento) que sólo conseguirán que sus productos y servicios sean más caros, inaccesibles para las economías más débiles; y, por lo tanto, esas actividades reduzcan su demanda (es decir, menos empleo), junto también con nuevos subsidios/cheques varios. Y sin noticias de potenciales esfuerzos del aparato público por apretarse el cinturón.

Nuestro elevado desempleo provoca que el índice de desigualdad sea muy importante, así que es necesario hacerle frente. Pero en vez de hacerlo de una forma productiva facilitando la actividad económica y, como consecuencia de ello, la contratación, el Gobierno ha optado por hacerlo a través de una estrategia de subsidios que: (1) no soluciona el problema; (2) genera más gasto improductivo; (y 3) y exige recaudar aún más impuestos para retroalimentar esta iniciativa. Un círculo vicioso.

La propia Airef ha comunicado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no funciona y sólo ha llegado al 40% de sus potenciales beneficiarios. La solución que sí ha funcionado en países como Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca o Suecia, es el llamado impuesto negativo sobre la renta o complemento salarial, que desarrolló el Nobel Milton Friedman.

Las rentas mínimas universales o para personas sin ingresos suponen un gasto imposible de mantener, son desincentivadoras del empleo, generan economía sumergida y restan libertad a los ciudadanos. Y si aún queda alguna duda, sólo hay que ver el fracaso del proyecto que se puso en marcha en Finlandia que consistió en que 2.000 personas desempleadas recibieran durante dos años un ingreso básico de unos 700 euros al mes, sin ningún tipo de condiciones. El objetivo del proyecto era conocer si ese mínimo garantizado de protección, los ayudaría a encontrar empleo y les daría un apoyo, en caso de que se vieran obligados a aceptar empleos temporales. El resultado real fue que los niveles de empleo no subieron.

La clave no es atornillar a una parte de la población al yugo de una renta mínima, sino ayudarles a generar mayores rentas

Sin embargo, el mecanismo que sí ha demostrado ser eficaz es el impuesto negativo sobre la renta o complemento salarial. Se trata de una devolución de Hacienda que se ejecuta en el momento de la declaración del IRPF. En el tramo donde las rentas son más bajas, la devolución es un porcentaje de la renta declarada por la unidad familiar. Así, cuanto más se trabaja, más se ingresa, hasta un determinado umbral. En ese nivel de ingresos, la cuantía de la transferencia es fija. Y ya a partir de un nivel de ingresos superior, la cuantía se reduce de manera progresiva. Este instrumento sí es eficiente porque los recursos van a quienes realmente los necesitan y además no generan dependencias, ni fomentan el trabajo no declarado.

Por lo tanto, se trata de un mecanismo que no desincentiva el empleo, ni la consecución de rentas del trabajo. La clave no es atornillar a una parte de la población al yugo de una renta mínima, sino ayudarles a generar mayores rentas. 

Se ha demostrado que el camino para generar bienestar en una sociedad sólo viene del desarrollo en libertad de la actividad económica privada en un marco de competencia leal y sin el intervencionismo de los gobiernos. Para ello es básico que se genere en ecosistema favorable a las empresas con seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

Acometer políticas basadas en hachazos fiscales por sorpresa, impulsar la rigidez laboral e imponer elevados impuestos a la contratación sólo consiguen ahuyentar la inversión y el empleo, haciéndonos más pobres a todos. Si se mantiene esta estrategia no recuperaremos nuestro PIB pre-covid hasta, al menos, finales de 2023. Seremos el último país de la UE en hacerlo.  

Francisco Aranda Manzano es presidente de UNO Logística

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