Nunca pasa nada hasta que ocurre todo. Como en la crisis del euro, lo que parece es y solo el tiempo permite ver el tamaño real de lo que sucede. En 2012 al Gobierno del PP le pasó factura lo peor de dicha crisis. Como se decía en el Ministerio de Economía “no entraba un euro en España” mientras la tasa de paro alcanzaba el 27 por ciento de la población activa. Una cuarta parte de los españoles no tenía trabajo mientras el Estado se las veía y deseaba para conseguir dinero, con los precios del mercado sometidos a la tiranía de aquella prima de riesgo que subió hasta casi el 7 por ciento.
El hoy primer ministro de Italia, Mario Draghi, salvó a España del borde del precipicio con apenas tres palabras bien dichas en defensa del euro. La moneda única se convirtió en un paraguas de hierro para el Gobierno de Rajoy que aguantó la presión ambiental a favor del rescate que de producirse hubiera abierto unas heridas que todavía no estarían cerradas. Si los hombres de negro llegan a tomar el control de las finanzas del Estado como en Grecia, Portugal e Irlanda el hachazo al gasto hubiera empezado por las pensiones, la partida más grande del presupuesto y continuado por los salarios del sector público a los que Rajoy solo dejó sin paga extra de Navidad. No se puede escribir sobre lo que no sucedió, pero un Gobierno en las frías manos de los ejecutivos de la Troika hubieran conducido al país a unas elecciones de 2015 con Podemos como partido más votado. No hubo rescate a la griega, pero España acometió su auto-rescate con la reforma laboral y la financiera para privatizar las intocables y autonómicas cajas de ahorro.
La burbuja se pinchó y estalló una crisis de la que España no salió hasta 2018 aunque no del todo. Quedaban deberes
La legislación laboral, aprobada por el Gobierno Rajoy, en el primer trimestre de 2012 no tuvo efectos inmediatos ya que ese mismo año se alcanzó una tasa de desempleo cuatro veces mayor a la registrada cinco años antes. En 2007 y dejándose llevar por la inercia económica heredada de Aznar, el Gobierno de Rodríguez Zapatero contempló ufano cómo descendía por debajo del 8 por ciento. Los años de esplendor, con un gobierno socialista, de la burbuja inmobiliaria: un millón de viviendas construidas solo en 2006. El dinero se movía como un rayo; un torrente de euros entraba en las haciendas locales, autonómicas y del Estado. La burbuja se pinchó y estalló una crisis de la que España no salió hasta 2018 aunque no del todo. Quedaban deberes.
Los problemas estructurales seguían sin terminar de resolverse. El paro, con la actual legislación laboral, se redujo a la mitad, quedándose por debajo del 14 por ciento. Ahora, tras el drama de la pandemia y el cierre obligado de la actividad, la tasa de paro se acerca donde el Gobierno de Rajoy había conseguido reducirla con la misma legislación que permite al actual Gobierno anunciar hoy en los altavoces que se recupera el empleo anterior a la covid. La obsesión de la izquierda política y sindical por derogar la actual legislación laboral se ha convertido en un ser o no ser para el Gobierno de Sánchez. Llegados a este punto, con la necesidad de presentar reformas para mejorar el crecimiento de la economía, han topado con la realidad.
En 2012, el Gobierno de Rajoy evitó el rescate con la reforma laboral por bandera. En Bruselas sí se acuerdan. La legislación cambió las reglas del juego dentro de las empresas al quitar a los sindicatos el poder de los convenios colectivos permitiendo la descentralización de las negociaciones de las condiciones de trabajo.
El Gobierno de coalición no ha acusado recibo y se ha enzarzado en una pelea interna que no pasa inadvertida a los ojos de quienes tienen que liberar 10.000 millones de los fondos de reconstrucción para España
El bofetón recibido por el Gobierno de Sánchez a cuenta de la intervención del mercado del gas para abaratar los precios, poniendo en cuestión el sistema europeo y retando al comercio mundial, ha sido con la mano abierta y como para no tentarse la ropa. El Gobierno de coalición no ha acusado recibo y se ha enzarzado en una pelea interna que no pasa inadvertida a los ojos de quienes tienen que liberar 10.000 millones de los fondos de reconstrucción para España este mes de diciembre a cambio de nuevas reformas que mantengan lo hecho en 2012, incluida la reforma laboral. Ni siquiera necesitan recordarlo, guste o no. Con la inflación organizando una tormenta no vista desde 1992, España tiene atada una soga cada vez más pesada alrededor de sus presupuestos y finanzas públicas. Las tres cuartas parte de la deuda comprada por el BCE reducen el margen de un Gobierno, roto por dentro, que insiste en colocarse cada día un poco más cerca del borde del precipicio. No pasa nada hasta que ocurre todo. Nada de esto venía en el manual de resistencia.
