El consentimiento es, para los liberales, condición necesaria y suficiente para la licitud de cualquier tipo de relación o acuerdo entre adultos. En consecuencia, los poderes públicos deben ser ajenos a las razones que los individuos puedan tener para participar de esos acuerdos y, por lo tanto, deben abstenerse de intervenir en ellos, ya sea para limitarlos o prohibirlos.
Lo cierto es que esta enunciación no suscita todo el consenso que nos gustaría. La separación entre la esfera privada y la pública que, desde John Locke, tantos autores liberales han defendido a lo largo de los años, está siendo cada vez más contestada. El feminismo radical, con Carol Hanish y su famoso ensayo titulado Lo personal es político como colofón, inauguraron una etapa en la que feministas radicales, y simpatizantes de la izquierda postmoderna, hicieron valer el eslogan no solo para "visibilizar" realidades que habían sido marginadas hasta la explosión de Mayo del 68, sino también para terminar defendiendo la moralización de la vida privada por parte de la sociedad, a través del poder político.
La asunción de este eslogan por parte del feminismo hegemónico en países como el nuestro ha supuesto la ruptura de la división liberal entre esferas. Si todo es político, público, es decir, si todos pueden decidir sobre todo e incluso sobre cómo organizar nuestra vida privada, la privacidad, la intimidad, desaparece.
Esta ruptura explica que la ministra de Igualdad haya usado la llamada 'Ley del Solo Sí es S', que surge con la supuesta voluntad de "adecuar la normativa penal [en lo que se refiere a las relaciones sexuales entre adultos] a un modelo que ponga en el centro el consentimiento", como si hasta ahora no lo estuviese, para avanzar, a su vez, en su propia agenda abolicionista.
La penalización del lucro por alquilar el espacio en el que, de forma habitual, una persona ejerce la prostitución, aún con la existencia de consentimiento por parte de quien se prostituye
El anteproyecto de ley, que dice reconocer "la libertad sexual como eje central del derecho de ciudadanía", incluye un endurecimiento de las penas asociadas al ejercicio del proxenetismo (artículo 187) e introduce la tercería locativa (artículo 187 bis). Esto es, la penalización del lucro por alquilar el espacio en el que, de forma habitual, una persona ejerce la prostitución, aún con la existencia de consentimiento por parte de quien se prostituye.
Para la ministra Montero, mientras que el consentimiento es necesario y suficiente para mantener relaciones sexuales con otra/s persona/s -una cuestión que necesita ser reforzada mediante una nueva ley- deja de serlo, en cambio, cuando introduce una contraprestación económica. Curiosa forma de entender la centralidad del consentimiento, la de la ministra.
La persecución de la actividad económica relacionada con la prostitución, pero también la forma en el que se pretende saltar del enfoque del "no es no" al del "solo sí es sí", poniendo el énfasis en la forma en la que ese consentimiento debe producirse y, sobre todo, asumiendo implícitamente que todo lo que se salga de ahí debe presumirse como no consentido y, por lo tanto, perseguirse penalmente, dejan entrever una cierta confusión entre el consentimiento y la voluntad o el deseo.
Declaraciones como las realizadas por Adriana Lastra sobre el anteproyecto de ley, son una medida de hasta qué punto puede llegar esa confusión. La ex portavoz socialista declaraba que esta ley "significa que tu palabra [la de las mujeres] valga, que tu deseo importe, que no tengas que estar muerta para que te crean".
Cabe recordar que diariamente todos hacemos multitud de cosas que no nos apetecen, que no deseamos, y a la vez consentimos seguir haciéndolas
No obstante, conviene aclarar varias cosas. La primera es que, mientras que el enfoque del "no es no" está muy claro, el del "solo sí es sí" es mucho más peliagudo, pues puede hacernos partir de premisas que pueden no ser ciertas. Me refiero a la asunción de que el rol de las mujeres en el sexo es, por defecto, pasivo, o de que hay ciertos gestos o actitudes que siempre y en todo lugar deben entenderse como un no. Cabe recordar que diariamente todos hacemos multitud de cosas que no nos apetecen, que no deseamos, y a la vez consentimos seguir haciéndolas. Esto no es puesto en duda. No desear o querer hacer algo no invalida, bajo ningún concepto, y en ausencia de coacción, la decisión que se toma en último término.
Además, debemos tener mucho cuidado con las posibles vinculaciones que puedan hacerse entre el consentimiento y las razones internas que llevan a cada uno al mismo, pues se trata de una pendiente resbaladiza muy peligrosa que enseguida puede llevarnos a justificar mayores restricciones a la libertad individual.
Como decía en un inicio, el liberalismo es indiferente ante esas motivaciones que tienen los individuos para actuar y no se preocupa de promover ninguna forma particular de bien. En ese sentido, y en palabras del filósofo Chandran Kukathas, el liberalismo puede considerarse como la ideología de la indiferencia. El deseo es lo óptimo, pero no es una condición ni necesaria ni suficiente para el sexo.
Pero esta ley no sólo pone el consentimiento en entredicho, sino que refuerza el populismo punitivo del que nos habla Guadalupe Sánchez en su libro Populismo punitivo que señala y juzga a los hombres y los enfrenta contra las mujeres.
Encontramos en el anteproyecto multitud de referencias a las mujeres y las niñas y niños como los destinatarios de la ley, obviando (o restando valor) al hecho de que los hombres también pueden ser, y lo son, víctimas de agresiones sexuales
A lo largo del texto del anteproyecto al que hemos tenido acceso encontramos multitud de referencias a las mujeres y las niñas y niños como los destinatarios de la ley, obviando (o restando valor) al hecho de que los hombres también pueden ser, y lo son, víctimas de agresiones sexuales perpetradas por otros hombres, pero también por mujeres (aunque el Gobierno no nos permita saber de cuantas personas se trata).
Este feminismo utiliza una realidad estadística (los hombres cometen más delitos que las mujeres, y en especial en lo que a delitos sexuales se refiere) para señalar a los hombres como potenciales agresores, y a su vez a las mujeres como víctimas permanentes, ignorando que si bien los hombres son quienes más delitos cometen, también representan una parte de sus víctimas. Todo esto, además, sin atender, ni querer hacerlo, a los orígenes de esas diferencias y a explorar qué políticas públicas se han evidenciado efectivas para controlar la criminalidad.
Tristemente, nos encontramos ante la enésima infantilización y victimización de las personas a quienes las feministas dicen proteger, así como un sumidero por el que el intervencionismo moralista pretende colarse en la esfera privada de los ciudadanos, tremendamente peligroso.
