Parece que el PSOE ha incluido oficialmente en el nuevo argumentario del talante las viejas consignas de su hermano catalán, el PSC. Podrá haber alguna minúscula excepción, pero en la última semana el partido que gobierna España ha permitido a sus portavoces -si es que no ha recomendado-, recitar una y otra vez la nueva equiparación de moda, que consiste en poner en el mismo saco al resto de formaciones constitucionalistas con los denominados CDR, los Comités de Defensa de la República que el pasado sábado ocuparon de manera ilegal la prisión de la Modelo para reclamar la liberación de los presos separatistas -que se encuentran en otra prisión regentada por el gobierno de Joaquim Torra-. Así, el Gobierno de España está actualmente en plena sintonía con la tesis que secundan que el desafío al orden constitucional en Cataluña es responsabilidad de quienes intentaron dinamitar la Constitución sólo al 50%. El resto es culpa de Ciudadanos y del PP por ser cómo son, o sea: no socialistas y ni siquiera un poco nacionalistas.
Las reiteradas alusiones al ‘unos y otros’, o a ‘los extremos del conflicto’, donde ‘unos’ son partidos democráticos que han aplicado la Constitución junto al PSOE, y ‘otros’ son grupos que han llevado a cabo señalamientos o intimidaciones a representantes públicos y jueces, no dejan demasiado margen de interpretación ni de benevolencia. En el PSC no es algo novedoso que se parta de la premisa de que los nacionalistas tienen parte de razón y hay que dársela para no parecer antidemócrata, pero ahora es el PSOE en bloque quien ha asumido esa posición de preeminencia del nacionalismo en toda negociación. En cierto modo, tiene que ver con el pecado original que la izquierda le presupone a la democracia española, según el cual nuestras instituciones están viciadas por alguna causa desconocida y el cierre de filas con ellas a pies juntillas no es algo a contemplar. No sin su pero. Luego nos extrañamos de la condescendencia con que el tribunal alemán o la Fiscalía belga se dirigen al Supremo, cuando lo cierto es que la generosidad patria deja mucho que desear en ese sentido.
En la campaña de las catalanas Sánchez ya hablaba de las ‘dos caras de la misma moneda, como si el PSOE no formara parte de la moneda y fuera un mero observador"
Los hechos de otoño -sintagma que sólo puede resultar pomposo a los nacionalistas y a quienes les bailan el agua, porque para muchos españoles aquellas fechas revisten la suficiente gravedad- se saldaron con una unidad más o menos nítida entre constitucionalistas: no había margen para el matiz frente a los que se cargaron la variedad cromática del Parlamento catalán silenciando a toda la oposición y declarando unilateralmente la secesión. Con sus reticencias -valga de recordatorio la ausencia de Montilla durante la votación para aplicar el 155 en el Senado-, el PSC estuvo con la Constitución de la mano de los constitucionalistas porque fueron todos los constitucionalistas los también silenciados y agraviados por el separatismo, sin que este hiciera matiz alguno entre PP, PSOE o Ciudadanos. Sin embargo, no está de más traer a colación una votación en el Congreso, a las puertas del 1-O, que el PSOE se negó a apoyar. En ella se votaban, por lo demás, cuestiones bastante elementales, como el apoyo al Gobierno de España, entonces no socialista, en sus acciones para evitar la vulneración de la Constitución y el respaldo a las instituciones del Estado en la tarea de parar el golpe.
Lo recuerdo porque quizá haya señales que pasan a menudo desapercibidas. En la campaña de las elecciones catalanas, Pedro Sánchez ya hablaba de las "dos caras de la misma moneda", como si el PSOE no formara parte de la moneda y fuera un observador privilegiado, siempre dispuesto a situarse en el centro del segmento sin importar hasta dónde llega el mismo. Quizás hayamos enfocado mal el asunto de la medición de fuerzas respecto a la crisis catalana. No se trata tanto de declararse contrario a la independencia de Cataluña, pues sólo faltaría que el Gobierno de España ya no sólo dependiera de los apoyos de los contrarios a la Constitución sino que además figurara entre ellos, sino de brindar apoyo a las instituciones del Estado en defensa de su integridad. Dicho de otra manera: no basta con señalar los inconvenientes de la secesión de Cataluña del resto de España ni los abusos del nacionalismo, sino que el Gobierno debería ser el primer actor consciente de que tiene los instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier intentona unilateral, y además la obligación moral de utilizarlos. La equidistancia entre quienes defienden la Constitución y quienes la liquidan no puede ser aplicar la Constitución a ratos.
Sánchez acude al Congreso a explicar su programa de Gobierno después de semanas de anuncios. Habrá que escucharle con atención, a pesar de la elocuencia de la operación con RTVE o las reuniones con los líderes autonómicos que se han saldado con más concesiones. Pero sobre todo, habrá que estar atentos a lo que tenga que decir respecto al cumplimiento de la Constitución: si está más cerca del PSOE que aplicó el 155 o aquel recuerdo junto al resto de constitucionalistas ha pasado a ser un estorbo para el Gobierno de la comodidad, que ha encontrado un confort inestimable en la equidistancia.
