El modelo eléctrico patrio es un fracaso sin paliativos. Perjudica seriamente a los bolsillos de las familias y representa un lastre para nuestro sector productivo. Eso sí, ha sido y es tremendamente lucrativo para sus consejos de administración y sus principales accionistas, en su mayoría capital extranjero. Por no hablar de las puertas giratorias, donde exministros y exdirigentes políticos pasan sin ningún rubor a formar parte de sus consejos de administración. Su actual diseño es un ejemplo de monetización de los consumidores en toda regla. El despropósito es de tal magnitud que daría para una hilarante película berlanguiana si no fuera porque el enorme dolor que inflige a la sociedad española en su conjunto serviría, en realidad, para un filme de gánsteres de Martin Scorsese.
La liberalización del sector eléctrico es el enésimo ejemplo de cómo se las gastan las élites, de cómo entienden el liberalismo, una mera extracción y succión de rentas a sus conciudadanos para llenar los bolsillos de unos pocos. Lo sorprendente es que en los medios de comunicación no se haga un análisis meramente razonable, más allá de tecnicismos vacuos, que conlleve una discusión seria para avanzar como sociedad. Ya nada nos sorprende por estos lares, especialmente todo lo que rodea a la capital del Reino. ¡Es el mercado amigos!, eufemismo que barniza nuestro capitalismo de amiguetes.
Actividad en competencia
Pero vayamos por partes. La liberalización del sistema de generación y distribución eléctrico, tras la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, permitió un proceso de apertura del sector a terceros, estableciéndose una nueva organización en la negociación de la energía y una reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. De esta manera, nació el mercado eléctrico español. Nos vendieron la enésima moto cromada (aun me sigo acordando de esa otra que decía que la SAREB no iba a costar nada a los ya de por si sufridos contribuyentes), según la cual la desaparición de las fuertes economías de escala originalmente existentes, que otorgaban al sector la naturaleza de monopolio natural, le permitiría pasar a ordenarse como una actividad en competencia.
Los pregoneros de estas bondades nos susurraban al oído, a modo de diablillos cojuelos, que la liberalización de las actividades de generación y comercialización era una manera de avanzar hacia una gestión eficiente de las empresas y unos precios que reflejaran de manera más adecuada los costes del suministro, promoviendo así el consumo eficiente y la provisión de un servicio más innovador. Lo de siempre, bla, bla, bla… La realidad ha sido exactamente la contraria: una subida desmedida del precio de la luz; un aumento, sin parangón en nuestro entorno, de la pobreza energética; una extracción de rentas descomunal vía salarios desorbitados de los consejos de administración y dividendos… En definitiva, aquí paz y después gloria, la enésima traición de las elites patrias a sus conciudadanos.
Mientras países como Francia, Alemania e Italia mantienen una elevada participación estatal en un sector estratégico crucial para las actividades socioeconómicas y para la seguridad de cualquier país, aquí, ya saben ustedes, más papistas que el Papa. Las empresas eléctricas españolas fueron privatizadas y entregadas a precio de coste a emporios económicos y financieros españoles y extranjeros. El fracaso del modelo del sector eléctrico español representa un ejemplo clarificador de los riesgos económicos y sociales de entregar sectores estratégicos a grupos oligopólicos, interesados más en el incremento de sus ganancias a niveles de vergonzosa inmoralidad que en garantizar el acceso a la energía a millones de españoles.
El precio de la energía eléctrica para el usuario doméstico se ha incrementado en más de un 50% en el último año, y ya es un 15% más cara que en Alemania
Los ideólogos neoliberales españoles argumentaron que la privatización garantizaría la competitividad del sector eléctrico e implicaría una reducción de los precios de la factura eléctrica. Pero la realidad es completamente distinta, profundamente distópica. La cacareada competitividad del sector eléctrico español es tan falsa que varias empresas eléctricas españolas han sido sancionadas por prácticas oligopólicas, es decir, precisamente por falta de competitividad y transparencia en el establecimiento de precios, manipulando los precios desde la generación hasta la comercialización. Ah, se me olvidaba, de bajada de precios, nada de nada, exactamente lo contrario. El precio de la energía eléctrica para el usuario doméstico se ha incrementado en más de un 50% en el último año, siendo un 15% más cara que en Alemania. En los últimos diez años la luz ha subido en España el doble que en la Unión Europea.
La tormenta perfecta
En este contexto, estamos abonados a la tormenta perfecta. El mercado eléctrico español es imperfecto, insolidario y oligopólico. No establece el precio real de la demanda eléctrica, sino que basa los precios marginales de la generación eléctrica en el precio de la central eléctrica más cara, un auténtico disparate, ante la mirada atónita de unos indefensos clientes, en connivencia con un Estado servil a los sus intereses oligopólicos. ¡Hilarante quienes argumentaban que este sistema favorecería a las empresas a las empresas eléctricas más eficientes!
Pero además hay un factor que explica lo que está ocurriendo estos días y que en su momento denunciamos: la financiarización de los derechos humanos básicos, desde la alimentación y el acceso al agua, pasando por la energía, y terminando en el derecho a una vivienda digna. Y en ese proceso, jugó y juega sin duda un papel importante la liberalización de los mercados de derivados, básicamente futuros, de materias primas -alimentos, energía, agua…- permitiendo el acceso a fondos institucionales y a las mesas especulativas de los bancos. De nuevo, se nos vendió la enésima moto cromada según la cual los futuros son descritos como una herramienta innovadora que proporciona una mayor transparencia, descubrimiento de precios y transferencia de riesgos, todo lo cual puede ayudar a alinear más eficientemente la oferta y la demanda en los distintos recursos, desde los alimentos, pasando por la energía, y continuando con el agua. Bla, bla, bla, bla…. La realidad, como ya reflejamos en distintos blogs, es exactamente la contraria. El papel de los especuladores de índices de materias primas, vía futuros, incluidos en este caso los precios del gas y del petróleo, en un sistema de fijación de precios marginalista, son el factor principal que afecta a los precios de las materias primas en la actualidad y están detrás de la inflación de los precios de la luz que estamos sufriendo estos últimos meses.
Un aumento de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, lo que pone en cuestión el concepto de seguridad alimentaria
El subidón claramente especulativo en los precios del gas de los últimos meses hace que, en un sistema marginalista como el nuestro, toda la luz se pague según dichos precios inflados por los inversores institucionales. Es evidente que hay muchos factores que contribuyen a la determinación de los precios en los mercados de materias primas; pero hay un factor que crece rápidamente y que presenta un problema que solo puede corregirse de forma expeditiva mediante una acción de política legislativa. La experiencia histórica de lo ocurrido con los mercados de derivados de productos energéticos y agrícolas sugiere exactamente lo contrario a lo sustentado por la ortodoxia: un aumento de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, lo que pone en cuestión el concepto de seguridad alimentaria y la satisfacción de las necesidades básicas como el acceso a la luz, generando pobreza energética.
Energías renovables
Para terminar, permítanme dos breves notas sobre la propiedad de las empresas eléctricas nacionales. Primera, ya son mayoritariamente extranjeras, de manera que expatrían, vía dividendos, los ingresos que reciben de los clientes locales. Segunda, la nueva evidencia empírica demuestra que las empresas estatales del sector energético están impulsando el crecimiento de las energías renovables, sobre todo en el sector eléctrico. Desde la OCDE se sugiere que las empresas públicas deben desempeñar un papel más importante en la dirección de los esfuerzos de descarbonización hacia el objetivo de reducir dos grados la temperatura. El problema es que en España ya se encargaron los socio-liberales de que no existiera ninguna empresa eléctrica de propiedad pública, que pudiera aliviar, además, la pobreza energética. ¡Porca miseria!
