Estos días no paramos de leer y escuchar numerosos y sesudos análisis sobre las implicaciones de los tan anunciados indultos que el Gobierno del presidente Sánchez va a conceder, contra viento y marea --incluida la oposición del Tribunal Supremo-- a los perpetradores del referéndum ilegal del 1-O.
Los que conocemos los bloques electorales sobre los que Sánchez hace sus malabares políticos somos plenamente conscientes de que los indultos son parte principal de una negociación política que sólo busca salvar la legislatura, permanecer en el poder, y que no existe el menor atisbo de pudor por parte del presidente y sus socios separatistas a la hora de poner en entredicho la democracia, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico.
Por ello, más allá de sumarme a las conclusiones básicas que suscita dicho anuncio -como las implicaciones que el informe desfavorable del Supremo pueda tener para la fortaleza institucional y el respeto a la justicia ; o destacar lo inaudito de un indulto que no se concede por arrepentimiento sino por amenaza de reincidencia; o de negarme a aceptar esta mercancía escacharrada del tándem Sánchez-Redondo según el cual los indultos funcionan por merecimiento y necesidad, como base para poner la primera piedra hacia la reconstrucción de las relaciones entre Cataluña y España--, mi verdadera preocupación reside en el impacto que esta medida tendrá en la ya de por sí deteriorada imagen que nuestro país tiene en el exterior. Y, sobre todo, en las consecuencias tanto políticas como jurídicas para España en la UE.
Más grave aún sería el mensaje que esta decisión enviaría a los dirigentes parlamentarios europeos que, a pesar de esa propaganda, siempre han respaldado mayoritariamente a España y confiado en su justicia
Aquellos que nos hemos batido el cobre en las instituciones europeas los últimos años, que hemos defendido a capa y espada la democracia española y hemos confrontado las mentiras del procés, somos plenamente conscientes del tremendo y negativo impacto que los indultos acarrearán para nuestro país. No podemos olvidar que la maquinaria propagandística del independentismo en Bruselas lleva años dedicada a socavar la imagen de la justicia y la calidad democrática de España. Desde 2017 en particular, estos propagandistas han defendido ante los que han querido escuchar sus falacias que no es posible tener un juicio justo y sin vulneración de derechos fundamentales en España. Teniendo en cuenta que las solicitudes de indulto se basan, precisamente, en supuestas violaciones de derechos fundamentales y en la crítica al proceso judicial seguido contra los exdirigentes independentistas, su concesión sólo podría interpretarse como una validación, por parte del propio Gobierno, de las mentiras del independentismo.
Más grave aún sería el mensaje que esta decisión enviaría a los dirigentes parlamentarios europeos que, a pesar de esa propaganda, siempre han respaldado mayoritariamente a España y confiado en su justicia. Pensemos, por ejemplo, en los 400 eurodiputados que votaron a favor de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín en marzo de este año confiando en nuestra justicia y nuestra democracia. La concesión de unos indultos basados en las supuestas -y falsas- deficiencias de la justicia española sólo podría ser percibida como un engaño, haciendo muy difícil que vuelvan a confiar en nuestro país en el futuro.
Pensemos en la decisión de la justicia belga sobre las euroórdenes: Bélgica ha sido y sigue siendo un país poco predispuesto a colaborar en la entrega de delincuentes. A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo sus tribunales diseñaban todo tipo de excusas para denegar la extradición de fugados, incluyendo a miembros de la banda terrorista ETA. No es difícil aventurar que una hipotética concesión de indultos con las características y antecedentes aquí descritos les darían a estos tribunales el pretexto perfecto para rechazar, por ejemplo, la extradición de Puigdemont, e incluso para blindarse frente al reproche del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha reprendido a Bélgica en otras ocasiones por su flagrante falta de cooperación.
Pensemos en las valoraciones de la UE: cada año, la Comisión Europea elabora un minucioso informe sobre la salud del Estado de Derecho en cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión. Si bien Hungría y Polonia han sido, tradicionalmente, los países peor parados en este análisis, España acumula reproches relevantes en los últimos años, como la designación de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general, por el riesgo para la imagen de imparcialidad de la institución. Por todos es sabido, además, que la Comisión ha frenado recientemente el intento del Ejecutivo de Sánchez de modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por considerarlo un ataque inadmisible contra la separación de poderes y la independencia de la justicia.
Para conjurar esos peligros, y aunque nos sintamos a veces solos y desarmados, mantendremos la batalla por el buen nombre de nuestro país y la calidad democrática de sus instituciones
En un escenario en el que, como hemos visto, el Supremo ha emitido un informe demoledor, defendiendo la corrección y pertinencia tanto del proceso penal como de las condenas previstas en la sentencia, la decisión unilateral del Gobierno de obviar el criterio de los jueces y conceder un indulto manifiestamente infundado sería un evidente elemento de preocupación por el respeto del poder ejecutivo hacia el poder judicial. En un momento en el que Europa avanza hacia la exigencia de respeto al Estado de Derecho como condición, por ejemplo, para recibir fondos y ayudas, España corre un grave peligro con cada paso que da el gobierno formado por PSOE y Podemos –impasibles ante el deterioro interno y el coste exterior-- hacia el desprestigio de la justicia y la intromisión en sus decisiones.
Para conjurar esos peligros, y aunque nos sintamos a veces solos y desarmados, mantendremos la batalla por el buen nombre de nuestro país y la calidad democrática de sus instituciones. Frente a las palabras vaciadas por la machacona propaganda de La Moncloa, la obscenidad de fabricar un autoindulto para seguir en el poder y la confusión intencionada sobre conceptos constitucionales básicos y el sentido común, explicaremos una y mil veces que las únicas herramientas de convivencia son la Constitución y la ley. Y que defender tal máxima no es ningún defecto, sino todo lo contrario.
Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos.
