Todas las herramientas jurídicas escogidas por el Ejecutivo de Sánchez para enfrentar la pandemia violaron la Constitución. Tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y estimar los dos recursos de amparo formulados por Vox contra el cierre del Parlamento y la suspensión de los plazos reglamentarios, este miércoles le tocó el turno al estado de alarma decretado en octubre y a su aberrante prórroga de seis meses.
Era la crónica de una inconstitucionalidad anunciada y no sólo por el hecho de que ya se declarase en julio la del primer estado de alarma. Lo abultado de la duración escogida - nada menos que medio año – y la experiencia previa vivida, con un Gobierno que utilizó en su propio beneficio partidista el poder extraordinario que se le confirió para combatir la muerte y la desgracia, hacían ya presagiar cuál iba a ser el modus operandi de Pedro.
Y no defraudó. A la arbitrariedad en el modo de obrar de la que ya hizo gala durante la primera ola, se le sumó la dejación de funciones durante la segunda. Se lavó las manos, cual Poncio Pilatos, delegando en los líderes autonómicos las competencias que la ley que regula los estados excepcionales reserva al presidente del Gobierno. Si salía mal, el marrón se lo comerían otros, mientras que si salía bien él se arrogaría los triunfos. Y para ejemplo, su intento de apropiarse de la exitosa campaña de vacunación gestionada por las autonomías. Vacunator, como lo bautizó mi estimado Carlos Herrera.
A la arbitrariedad en el modo de obrar de la que ya hizo gala durante la primera ola, se le sumó la dejación de funciones durante la segunda
La trascendencia de este reguero de decisiones contrarias a nuestra Carta Magna radica en que, tras todas y cada una de ellas, el Tribunal Constitucional ha identificado la misma pulsión totalitaria: el Ejecutivo sustrajo su actuación del control y supervisión de los contrapesos. Sánchez nos confinó física y democráticamente. Dejó en suspenso tanto nuestras libertades como al mismísimo Estado de derecho. Aquello fue una dictadura sanitaria en todo su esplendor.
En un artículo que escribí para este medio aquel aciago día en el que se votó la prórroga en la Cámara Baja, llamado: “España salta al vacío”, ya advertí de la importancia de que las prórrogas se aprobasen por plazos cortos puesto que, a menor duración, mayor capacidad de controlar al Gobierno en el ejercicio de los amplios poderes que le confiere la ley para las situaciones de crisis. La infección del virus de la tiranía ha de erradicarse cuanto antes y seis meses es tiempo suficiente como para parasitar todo el entramado institucional e incluso gangrenar parte del mismo.
Resulta por lo tanto incomprensible que la práctica totalidad del Congreso, con la excepción de Vox y Foro Asturias, no se opusiera en bloque: Ciudadanos no se limitó a votar a favor, sino que también contribuyó al eslogan pueril de que con ello estaban salvando vidas. El Partido Popular se abstuvo, aunque alguno de sus barones autonómicos exigió una nueva prórroga para “brindar seguridad jurídica”. Es una lástima que Casado se dejase arrastrar por la facción del partido que confunde moderación con complicidad, seguidismo o inanidad. Le han convencido de que éste era el camino más corto a Moncloa y eso es algo que, ahora mismo, está por ver. El peor gobierno de la historia y las encuestas no son para lanzar cohetes.
Resulta por lo tanto incomprensible que la práctica totalidad del Congreso, con la excepción de Vox y Foro Asturias, no se opusiera en bloque
Con la excepción de la formación que lidera Abascal, el resto contribuyó a que el Gobierno se excusase en la sanidad para dinamitar los contrapesos ideados por el sistema para evitar los abusos de poder. Y también a que el sanchismo siguiera propagando la falsa dicotomía entre salud y ley. Aún recuerdo amargamente las palabras de la ministra Robles asegurando que “no era el momento para debates jurídicos”. Y desde entonces ahí siguen instalados, tildando de negacionista de la pandemia y ultraderechista a todo aquél que cuestione la legalidad de lo que perpetraron mientras se colapsaban las UCIS y a los españoles se les impedía despedirse de sus muertos. Hasta al mismísimo Tribunal Constitucional le han endilgado la etiqueta.
Sánchez solo apareció tres veces por la sede de la soberanía nacional durante el medio año que duró el estado de alarma. Mantener que una mayor periodicidad y una mejor rendición de cuentas era irreconciliable con la lucha contra la pandemia sólo puede defenderlo un necio fanatizado. La democracia no es incompatible con la salvaguarda de la salud y de la vida, nunca lo ha sido. Quien le diga lo contrario para justificar la actuación del Gobierno es un negacionista del Estado de Derecho.
Lo cierto y verdad es que el sanchismo instrumentalizó la pandemia para relegar a las instituciones democráticas a un segundo plano. No hay más. Esto es, en resumidas cuentas, lo que ha concluido el Tribunal Constitucional en las cuatro sentencias dictadas sobre el estado de alarma. Un auténtico póker de inconstitucionalidades. Algo que a muchos les parecería gravísimo si hubiera sucedido en Polonia pero a lo que no le dan trascendencia alguna cuando ocurre aquí, en su país. Lo lógico en esta situación es que el Gobierno dimitiese y se convocasen elecciones. Pero ya sabemos que eso es algo que no va a suceder, aún menos en este caso, en el que la mayoría de la oposición le ha dado a Pedro una coartada.
