Los hechos sin precedentes, como lo fue el golpe contra la Constitución el pasado 2017, tienen consecuencias sin precedentes. Es una premisa básica y casi tautológica pero que necesita ser recordada ahora que parece que hay mucha opinión pública escandalizada por la “tormenta política” que vive España. La nuestra debe ser de las pocas democracias del mundo a las que haber sido objeto de demolición por parte de poderes públicos no le da derecho a reivindicarse como tal en legítima defensa durante más de tres semanas. El sintagma tormenta política es especialmente molesto y desafortunado por cuanto la tormenta de nadie es culpa y a todos salpica y estorba por igual, todo lo contrario de lo que sucede en el mapa político español, donde han sido unos partidos políticos concretos –nacionalistas primero, populistas después y ahora también el PSOE- los que han decidido alejarse del consenso constitucional. Pero el empeño en el reparto de culpas nos quiere hacer creer que la polarización es una suerte de criatura engendrada entre todos.
La crisis política de primer orden como la que se vivió en Cataluña hace algo más de un año dejó una primera y valiosa lección que fue la de legitimar como interlocutores a todos los catalanes no independentistas silenciados por el nacionalismo. Situarlos en pie de igualdad con sus conciudadanos fue una consecuencia positiva que precedió al hecho de que las tesis constitucionalistas en Cataluña fueran abrazadas tras el golpe por una inmensa mayoría de españoles. Los hechos sin precedentes, decíamos, tienen consecuencias sin precedentes. Durante muchos años atrás, por comodidad o sencillamente porque no se sentía un proyecto común en peligro, no eran demasiados los españoles que salían a la calle con la bandera constitucional. Hoy, hay una parte no pequeña de la ciudadanía que ve en la defensa de la unidad de la nación un driver electoral, un elemento por el que vale la pena movilizarse en la calle y en las urnas. Sin el golpe separatista este clima probablemente no sería el reinante en la sociedad española, pero para la izquierda político-mediática no sólo es injusta y peligrosa la reacción de muchos españoles sino que además la perciben como algo incluso peor que lo ocurrido en Cataluña.
Olvida el PSOE que fueron PP y Cs quienes aplaudieron cuando Gabriel Rufián manchó el nombre del socialismo español en sede parlamentaria
Lo vimos de una manera tan nítida como desoladora el pasado fin de semana, cuando el PSOE tuvo a bien lanzar a Ciudadanos y a PP acusaciones de fascismo. Sin adversativas ni amortiguadores para la descalificación: fascistas, una palabra que jamás han atrevido a usarse contra el separatismo, porque en la lógica de pedro Sánchez todo aquel que no le baila el agua es ultraderecha, salvo si te llamas Quim Torra que entonces ere solo independentista. Y ojo que, probablemente tengas razones para ello. Olvida el PSOE que fueron PP y Ciudadanos quienes aplaudieron cuando Gabriel Rufián manchó el nombre del socialismo español en sede parlamentaria. Quizás el PSOE jamás hubiese tenido un gesto como ese y quizás, como explicaba aquí mismo el amigo Albert de Paco, nunca sea tarde para asumir que no es el aliado constitucionalista que todos querríamos tener como opción votable.
PSOE y la Constitución
Sin embargo, y al margen de la alergia del PSOE a la reivindicación desacomplejada de la Constitución y la democracia españolas –quizás porque durante demasiados años necesitaron una España adolecida y necesitada de salvadores-, con el juicio al 'procés' que dio comienzo ayer está pasando algo similar con la reacción de la izquierda, más preocupada por el proceso judicial que por los hechos que lo han motivado. De nuevo: los hechos sin precedentes tienen consecuencias sin precedentes. Claro que se trata de un juicio sin precedentes, histórico y crucial: pero entonces hay que admitir que también lo fue el otoño catalán y reconocer que pretender salir corriendo de la crisis catalana es un error. Eso es lo que debe recordarnos el juicio en cada uno de los días de su retransmisión: lo cerca que estuvimos del desastre y lo real que fue.
Para presentar el juicio, este martes periódicos y tertulias iban cargados de alegatos en defensa de la separación de poderes y de la democracia española, una batería de argumentos que hasta hace pocos años sólo manejaba el catalán constitucionalista en solitario en TV3. Todas estas consignas sólo dejan de serlo si van acompañadas de la censura inmediata al Gobierno que, apenas una semana antes de este juicio en el que todo el mundo quiere cerrar filas con los jueces, asumió la tesis que blandirá el separatismo en los tribunales europeos para defender a los acusados: la falta de garantías democráticas en España. Estos alegatos, además, quizás llegan demasiado tarde por parte de quienes durante años han preferido la comodidad de señalar siempre los defectos de nuestra democracia que el esfuerzo por rebatir cierta propaganda. Sin embargo, bienvenidos sean. Ya ven: los hechos sin precedentes tienen consecuencias sin precedentes.
