La falta de medios y la falta de interés, mucho más importante esto último, por resolver los problemas de la justicia, no vienen de esta última legislatura, sino que es una constante desde hace lustros. Ahora el tema es más acuciante, porque los antiguos secretarios judiciales, los LAJ, letrados de la administración de Justicia, se han revelado y su huelga ha sido un éxito. Y esto espoleó al resto de la oficina judicial, a los jueces y hasta a la abogacía de oficio, la gran olvidada dentro del entramado judicial.

Siempre se pensaba que el estado de los juzgados no le interesaba lo más mínimo a nuestra sociedad, cuando realmente lo que debiera interesar es una Justicia ágil, que resuelva los problemas en un tiempo no excesivamente largo, porque la lentitud en los procedimientos judiciales solo beneficia al incumplidor. Pero esto no se quiere ver por nuestros políticos, que ven a la Justicia como algo que no da votos. Y para ello ha de contar con medios, pero también con profesionales que tengan remuneraciones dignas. A día de hoy el malestar en la familia judicial es notable y sin visos de serenarse.

En el caso de los abogados de oficio, la situación no es nueva, se mantiene desde hace décadas, sin interés en resolver una situación económica precaria y que olvida que somos parte esencial del procedimiento judicial. Todo juicio requiere de dos partes y cada parte debe tener un abogado, con conocimiento de los derechos que le asisten y de las posibilidades legales existentes. La defensa es distinta dependiendo de los condicionantes, y conocer la situación fáctica y jurídica del caso y las distintas opciones existentes hace que la figura del abogado tenga gran importancia.

Si solo se nos ve como abogados de delincuentes o de personas sin recursos, hay que indicar que velamos por la existencia de un procedimiento justo, de acuerdo al ordenamiento jurídico y a las pruebas obtenidas en él

Este conocimiento y esta exigencia profesional debe tenerse en cuenta, puesto que, si solo se nos ve como abogados de delincuentes o de personas sin recursos, hay que indicar que velamos por la existencia de un procedimiento justo, de acuerdo al ordenamiento jurídico y a las pruebas obtenidas en él. Y no solo defendemos a los detenidos, también a las víctimas de delitos, los relacionados con la violencia sobre la mujer y otros, también en temas de asilo o de reclamaciones civiles de cantidad, impagos de pensiones, reclamaciones bancarias, etc.

Creadores de problemas

Es bueno que se conozca que gran parte de los casos que se ven en los juzgados recae casi exclusivamente en la abogacía de oficio, que pone sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en defender la posición de sus clientes. Esto requiere cursos de especialización y estar al día de nuestra legislación, y una exigencia deontología -cada vez mayor-, que controlan los colegios profesionales, lo que debe compensarse económicamente y con derechos sociales que nos cuesta que nos reconozcan.

Por eso reclamamos que se nos considere, no solo para tener retribuciones acordes a las obligaciones que tenemos -hay baremos que no se mueven desde 1996, ya que no existe cláusula sobre el incremento anual del IPC-, sino para que tengamos acceso a las actuaciones judiciales, que se cumplan los horarios, que se notifiquen las suspensiones anticipadamente y todas aquellas cuestiones que hacen el trabajo más llevadero. Y esto no sólo es cuestión de retribuciones, sino también de la oficina judicial, que en algunos casos parece que nos ve como generadores de problemas, cuando realmente somos sus colaboradores, pero siempre defendiendo la posición de nuestros clientes.

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• Pilar Llop