Nuestro aún presidente, y candidato del PSOE para las generales del 23 de julio, ha superado la famosa frase del ex presidente Aznar “España va bien” y ha afirmado que la economía española “va como una moto”. Evidentemente se refiere a que este año el crecimiento español destacará entre sus vecinos y que el IPC interanual está saliendo también por debajo de la media eurozonera. También presume de la cifra récord de afiliados a la seguridad social. Todo esto no dejan de ser medias verdades y a mi personalmente me recuerda a la ridiculez de la campaña “salimos más fuertes”, lanzada en mayo de 2020, justo cuando el país estaba sufriendo la peor recesión desde la Guerra Civil.
No olvidemos que hay más pensionistas que nunca por lo que la población activa debe generar para sí misma y para cubrir ese gasto creciente
España fue el país desarrollado donde más cayó el PIB en 2020, y ese dato sí que es inapelable. Para justificarlo se ha dicho que fue debido al gran peso del turismo en nuestra economía. Es cierto en gran parte pero a mucha gente se le olvida que Sánchez es presidente del Gobierno desde junio de 2018 porque, aunque han acabado presumiendo de las contrataciones registradas últimamente gracias a los turistas, lo cierto es que por aquel entonces hablaban de cambiar el modelo productivo. Incluso algún miembro del Ejecutivo declaró que afirmando que "España es un país de camareros". Si en España el turismo es tan importante es porque no cumplieron su promesa de buscar alternativas, y además no deja de ser una excusa: en Italia, en Grecia, en Portugal incluso, este sector es clave también y ninguno tuvo unos números tan malos en 2020.
Según cálculos del Banco de España, la mitad del crecimiento de este año (justo la que nos coloca destacados dentro de la UE) procede de la influencia del dinero de los fondos europeos
Parece ser que en el actual trimestre se ha conseguido recuperar el nivel de PIB prepandemia, con lo que todo este tiempo ha sido, en términos de PIB, un tiempo perdido. Y para conseguirlo, como comentamos no hace mucho, nos hemos endeudado como país en más de 300.000 millones de euros. A eso hay que añadir que, según cálculos del Banco de España, la mitad del crecimiento de este año (justo la que nos coloca destacados dentro de la UE, aunque creceremos menos que Grecia, Irlanda y Portugal, según Morgan Stanley) procede de la influencia del dinero de los fondos europeos. De hecho, incluso si el próximo gobierno está dirigido por Feijoo, habrá que recordarle en su momento que ese efecto benéfico podría durar hasta cinco años.
Es cierto que en 2023 están subiendo los precios en menor intensidad en España que en otros países de nuestro entorno. También que somos el país de la OCDE (es decir, de todo el mundo desarrollado) que ha perdido más poder adquisitivo los últimos años, así que poco motivo hay para presumir, más bien lo contrario. Poco importa si alguien gana, por ejemplo, un 5% más, si todo le cuesta un 10% más. Un caso extremo que sirve de ejemplo para ilustrar esto: la bolsa argentina se revalorizó un 40% el año pasado, de las que más subieron del mundo en un 2022 con mayoría de mercados bursátiles en negativo; pero la inflación oficial acumulada en el mismo periodo fue del 94,8%, con lo que en realidad, el argentino inversor en la bolsa de Buenos Aires lo único que hizo fue perder menos poder adquisitivo que el que tenía sus ahorros en el cajón pero ganar, no ganó nada.
La reforma laboral sólo ha introducido cambios semánticos con lo de los “fijos discontinuos” pero el problema de la temporalidad (especialmente relevante en el sector público) sigue existiendo
Por último, Sánchez presume de los datos de empleo. Evidentemente, es una buena noticia que haya más empleados que nunca en España pero es algo común en muchos países, no es fruto de la reforma laboral aprobada gracias al error de un diputado del PP. La prueba es que no mejoramos en la comparación: seguimos siendo el país de la UE y de la OCDE con la mayor tasa de paro. Como si esto no fuera suficiente motivo para no ser eufóricos, resulta que la reforma laboral sólo ha introducido cambios semánticos con lo de los “fijos discontinuos” pero el problema de la temporalidad (especialmente relevante en el sector público) sigue existiendo. En mayo se firmaron 28 contratos por cada nuevo afiliado a la seguridad social, es lo que se llama “contratos cerilla”, y esto son datos oficiales que serían ultra criticadísimos si el gobierno fuera de otro signo.
Oficialmente hay 2,7 millones de parados según el último dato mensual, pero en realidad hay 3,2 millones que no trabajan. De hecho, hay 4.244.968 demandantes de empleo, 233.269 menos que hace cinco años, reducción mínima que además se explica fácilmente por el aumento de empleados públicos (casi el 55% del empleo creado los últimos cinco años lo es) a un ritmo inédito. Además, hay más contratos a tiempo parcial trabajando cada vez menos horas. Lo de las horas es grave -hasta BCE ha hablado de ello estos días- porque hay más trabajadores pero trabajan menos, y no hay evidencia de una mayor productividad. No olvidemos que hay más pensionistas que nunca por lo que la población activa debe generar para sí misma y para cubrir ese gasto creciente, y hacerlo con la mayor tasa de empleo y de subempleo, y con la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE, se parece más a conducir un camión enorme con las ruedas pinchadas, que a ir “como una moto”.
Apeiron
De todas las muchas calamidades que han provocado Antonio y sus secuaces en materia económica y de empleo, quizás la que haya pasado más desapercibida ha sido el escandaloso proceso por el que se han nombrado funcionarios de carrera a miles de personas por decreto, sin que tuvieran que haber aprobado ninguna oposición. En esto, no nos engañemos, han estado de acuerdo todos porque no ha habido ninguna oposición: todos se han apresurado a llevarlo a cabo allí donde gobiernan. Además del evidente aumento del deficit público que supone engordar artificialmente la plantilla con tantas nóminas innecesarias, se ha afianzado a miles de empleados carentes de la cualificación necesaria para desempeñar sus funciones, que redundará a medio plazo en unos servicios públicos mastodónticos, caros y de escasa calidad y capacidad.