“La decisión del juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García-Castellón, de llamar a declarar como investigados a varios de los integrantes de la antigua cúpula de BBVA por la contratación irregular entre 2004 y diciembre de 2017 del comisario José Manuel Villarejo, sitúa al ex presidente de honor del banco, Francisco González (FG), a un paso de la imputación”. Tal era el arranque de la noticia con la que el pasado miércoles los especialistas en tribunales de este diario, Tono Calleja y Alejandro Requeijo, abrían su información relativa al escándalo que desde hace tiempo mantiene al segundo banco privado español y uno de los grandes de la UE contra las cuerdas a cuenta de la contratación del famoso capo de las cloacas policiales, en la cárcel desde noviembre de 2017, para realizar trabajos difícilmente compatibles con la legalidad y con el buen gobierno de una entidad financiera. “El ex consejero delegado del banco Ángel Cano y el exdirector de Seguridad Julio Corrochano tendrán que explicar al juez si fue FG quien dio la orden de contratar al ex comisario, tal y como él mismo confiesa en las grabaciones intervenidas por la Policía”.
El 1 de febrero pasado, con motivo de la presentación de resultados correspondientes al ejercicio 2018, Carlos Torres, actual presidente, aludió con detalle a la política del banco respecto al lío que le aflige: “Las noticias surgidas en mayo de 2018 hablaban de pagos al grupo Cenyt [empresa instrumental de Villarejo], a partir de lo cual abrimos una investigación interna (…) con la ayuda del bufete Garrigues, y se comprobó en efecto que Cenyt había prestado diversos servicios, pero no se encontró ninguna documentación que revelase seguimientos o comunicaciones intervenidas (…) A partir de este enero, y tras las nuevas noticias aparecidas, decidimos ampliar los recursos dedicados al caso, de forma que Garrigues pasara a liderar la investigación externa, sumando a Uría & Menéndez como asesor legal, e incorporando a PwC para realizar labores de investigación”. Torres intentó cubrirse las espaldas: “La investigación cubre un periodo de tiempo muy largo, estamos hablando de millones de documentos y de folios, y eso va a llevar un tiempo", explicó, no sin rematar la faena con un poco prudente “yo creo a Francisco González”.
El objetivo es sustituir a los actuales gestores, eventualmente contaminados por el escándalo, por otros emparentados con las viejas familias del BBV
Desde entonces, y han pasado más de 5 meses, nada se ha sabido del informe forensic encargado a la consultora PwC sobre las relaciones del banco con el tóxico ex policía. Casi 6 meses para responder a una pregunta tan sencilla como endemoniada: ¿quién ordenó contratar al comisario Villarejo? El juez García-Castellón sacó el martes a Torres de su letargo de meses provocando un cataclismo en el mundo financiero español, amén de los organismos de regulación, empezando por el Banco Central Europeo (BCE) y continuando por el propio Banco de España (BdE). Ocho directivos del BBVA —tres de los cuales están ya fuera de la entidad, entre ellos el que fuera consejero delegado entre 2009 y 2015, Ángel Cano- eran llamados a declarar como imputados por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos, en una pieza separada del conocido como “caso Villarejo” que se investiga en la Audiencia Nacional. En la red lanzada por el magistrado se han detectado agujeros de considerable tamaño por el que han escapado peces de tan notorio porte como el señor Goirigolzarri, en el BBVA cuando ocurrieron los hechos, y el propio Carlos Torres. Ángel Cano, pues, como mascarón de proa camino del banquillo, pero con la sospecha fundada de que detrás irá FG, y de que el propio BBVA terminará siendo imputado como persona jurídica.
Que un banco como el BBVA, cotizado en Wall Street, resulte imputado en un caso de estas características es un golpe reputacional muy duro para la institución. Las especulaciones se han disparado. “Da la impresión de que no han sido capaces de manejar este asunto con la habilidad debida, tal vez porque la soberbia de un personaje como FG ha impedido hacerlo. Ahora el asunto se les ha ido de las manos: ya está en las de los jueces, y eso es otro cantar”, asegura un banquero en ejercicio. Manejar el caso con habilidad hubiera exigido tal vez aceptar la oferta que un grupo de accionistas del BBV, herederos de los antiguos bancos Bilbao y Vizcaya, la llamada aristocracia de Neguri personificada en personajes tan notorios como Pepe Domingo Ampuero y Emilio Ybarra, ex presidente del BBV, formularon en la pasada Junta General con Luis del Rivero (ex capo de Sacyr Vallehermoso) en funciones de portavoz: se trataba de externalizar “el problema Villarejo”, para desvincular al banco del mismo.
Extirpar el tumor
¿Cómo hacerlo? Contratando un equipo externo con plenos poderes para gestionar el rompecabezas, lo cual supone algo más que encargar un mero informe forensic a una consultora. Por hablar en términos de actualidad bancaria, el BBVA debería haber creado su particular “banco malo” con las escuchas del ex comisario, separando el problema y cediéndolo a otra empresa o a un grupo de expertos mediante la firma de una especie de “contrato ciego” por el que yo le cedo a usted toda la información que poseo, le pago un precio y a partir de ahí me dedico a vender hipotecas que es lo mío, sin que usted tenga ninguna obligación de informarme de la marcha de sus trabajos, información que, en todo caso, deberá usted pasar directamente a la Fiscalía, al Banco de España o a quién corresponda. Una extirpación completa del tumor, para situar al banco a sotavento de cualquier contacto tóxico.
Torres se enfrenta a la decisión de su vida: salvar su recién estrenada presidencia, colaborando con la justicia, probablemente significa poner a FG a los pies de los caballos
En lugar de eso, Torres y su gente han seguido caminando sobre un chapapote de silencio que ha terminado por mancharles. La pregunta que ahora se formula el mundo financiero, tanto en Madrid como en Fráncfort del Meno, es del siguiente tenor: ¿Ha actuado Torres con la diligencia debida, o se ha mostrado renuente dado su interés en proteger a quienes le nombraron para el cargo? Si la respuesta tuviera que ver con la segunda opción, su posición al frente del BBVA sería más que delicada. Con esa pregunta por palanca se ha colado una operación muy potente ya en marcha, mediante la cual los antiguos accionistas y gestores del BBV, en línea directa con Ajuria Enea, estarían tratando de recuperar el control de un banco que les fue arrebatado tras la llegada al Gobierno de José María Aznar en 1996, una pérdida que el PNV ha sentido siempre como algo propio. Una operación a expensas de lo que determine el juez García-Castellón, por un lado; de las iniciativas que pudiera adoptar el BCE a tenor del desarrollo de la peripecia judicial (¡Ay, la cobardía de un FG tratando de diluir su responsabilidad en la alta dirección del banco, a la que podría inhabilitar para el ejercicio futuro de sus funciones!) por otro, y, finalmente, de la marcha de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.
Sustituir a los actuales gestores, eventualmente contaminados por la no gestión del escándalo Villarejo, para sustituirlos por otros nuevos emparentados con las viejas familias del BBV, bendición del PNV mediante, podría sonar a operación de ciencia ficción si no fuera porque al mismo tiempo suena perfectamente encajable en el menú negociador que Íñigo Urkullu y Pedro Sánchez se disponen a degustar cara a la investidura del líder del PSOE. El PNV quiere que vuelva a Bilbao el BBV(A), y el PSOE podría aceptar la demanda como parte del trueque. ¿Justicia poética? Un final semejante supondría ver desparecer por el albañal de las aguas fecales la obra maestra de los listísimos Rato boys: la privatización de los monopolios públicos tras la llegada al poder de Aznar, un proceso donde el todopoderoso ministro de Economía, con el v/b de su jefe y amigo, colocó a FG al frente de Argentaria, a Alierta al frente de Tabacalera, a Pizarro al frente de Endesa y a Villalonga al frente de Telefónica, entre otros. Con Rato en los infiernos judiciales, la vuelta del BBV(A) al redil de Neguri vendría a coronar la ambiciosa peripecia de un grupo tan duramente devastado por la corrupción.
Encontrar un chivo expiatorio
En los mentideros madrileños se especulaba esta semana con el intento de la actual dirección de establecer un cortafuego o encontrar un chivo expiatorio capaz de cargar con el “muerto” a cambio de la oportuna recompensa, pero resulta difícil imaginar al ex comisario Corrochano –a quien el juez impuso el viernes una fianza de 300.000 euros para eludir el ingreso en prisión preventiva- tragándose ese marrón, incluso con piso nuevo y cocina alicatada en oro hasta el techo. Y mucho más difícil resulta imaginar en ese papel a Cano. Encontrar un chivo expiatorio con el fantasma de la cárcel de por medio deviene empeño difícil cuando las cosas no se han hecho a su tiempo y la Justicia, lenta pero eficaz, ha caído sobre su presa. Todo un dilema para Carlos Torres, un hombre enfrentado a la elección de su vida: salvar su recién estrenada presidencia colaborando con la justicia, lo cual probablemente significa poner a FG a los pies de los caballos, o correr el riesgo de perderla siendo fiel a quienes promocionaron su carrera primero en Endesa y después en BBVA.
Estamos ante una crisis de gobernanza de consecuencias potencialmente muy negativas para el banco y para la propia presidencia de Torres. La preocupación en el BCE es notoria. “El BCE intervendría si el escándalo pusiera en riesgo la estabilidad financiara o la viabilidad del banco, desde luego. De momento hay que esperar, porque la intervención de la Justicia ha paralizado todo lo demás. Ahora sí que empieza el forensic de verdad”.
