Ya era previsible que los presupuestos que ahora se aprueban contendrían más de medidas políticas que de meros números. Así fue desde el principio, siendo que desde hace prácticamente un mes está fuera del debate político el rigor de los números que contiene el proyecto de presupuestos. Sabemos, sí, que la deuda pública española se ha incrementado hasta un billón y medio de euros, cifra a todas luces escandalosa, en que el tiempo nos dirá cómo se aborda.
Por lo demás, el Gobierno calcula en ese proyecto que el PIB crecerá el año 2023 justo por encima de un 2%, a pesar de que los organismos internacionales rebajen ese crecimiento a la mitad. Puede pasar aquí como en los presupuestos para este año 2022 que ahora terminan: se hizo constar un crecimiento del 7%, cuando lo cierto es que quedaremos por encima del 4%.
Lo seguro es que España no volverá a crecer a niveles previos a la pandemia hasta el año 2024, y está en cuestión que incluso eso suceda, colocando a nuestro país en la cola de la Unión Europea en esa materia y con un crecimiento de la deuda pública a todas luces sofocante en estos últimos años. A lo que se añade una inflación disparada que afecta directamente al bolsillo de los más desfavorecidos económicamente.
No era difícil calibrar que el Gobierno buscaría a toda costa reforzar sus lazos con los nacionalistas, sean los supremacistas de ERC, sean los legatarios del terrorismo como es el caso de Bildu
Pero, como decimos, es el debate político el que ha iluminado a la hora de la verdad la confección de esos presupuestos generales del Estado; la necesidad del Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– de contar con ERC, Bildu y PNV hacía bien previsible que así sucedieran las cosas. Había un factor añadido de primera magnitud: los presupuestos generales del Estado para 2023 son los últimos de la presente legislatura, pues, lo que está fuera de duda es que las elecciones generales serán en 2023.
Así las cosas, no era difícil calibrar que el Gobierno buscaría a toda costa reforzar sus lazos con los nacionalistas, sean los supremacistas de ERC, sean los legatarios del terrorismo como es el caso de Bildu, sea el cada día más agriado PNV. Ha sido la política gubernamental durante esta amarga legislatura, la política de reforzar la alianza de investidura. Y era normal que ello rigiera también en materia presupuestaria.
Lo hemos visto, de manera destacadísima con la modificación del Código Penal en materia de supresión del delito de sedición. Con el único objeto de dar satisfacción a ERC, provocando su impunidad respecto de la asonada golpista de octubre de 2017, en contraste con los países más destacados de la Unión Europea que castigan con penas mayores ese delito; sin recabar ningún informe previo de órganos consultivos; lo evidente es que esa reforma legal supone una nueva claudicación de nuestro estado de derecho, y de la fortaleza del Estado frente a gente que no cesa de repetir que lo volverán a hacer. Apaciguar a esta gente insaciable, que tiene por única tarea la de debilitar nuestro estado de derecho, es siempre una pésima opción.
Con el único objeto de dar satisfacción a ERC, provocando su impunidad respecto de la asonada golpista de octubre de 2017
Como estaba previsto, Bildu también se lleva lo suyo, después de hacerse público que el Gobierno se obliga a retirar para la próxima primavera a la Guardia Civil las competencias de tráfico y seguridad vial en la Comunidad de Navarra. No parece que se trate de ningún acuerdo que obedezca a ningún sentido común. Pero era sabido que el precio para lograr el apoyo a los presupuestos sería siempre el de asomarnos a un Estado más débil y a una Nación más debilitada; en definitiva, a una Democracia de peor condición.
Es inevitable que eso suceda cuando los nacionalismos entran en los pactos, pues su objetivo abiertamente no es otro que combatir nuestro Estado de Derecho y nuestra Nación. La Constitución de 1978, casa común de todos los españoles, es su objetivo declarado contra el que no cejarán de actuar.
Tanto blanqueo, tanta normalización llevada a cabo en estos años con Bildu tendrá sus consecuencias electorales; lo veremos en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo
Particularmente grave e inmoral resulta ese pacto con Bildu, como socio prioritario, que se viene produciendo desde el inicio de esta desdichada legislatura. Estos legatarios del terrorismo, incapaces de condenarlo, incapaces de contribuir a la resolución de uno solo de los más de trescientos asesinatos –más del 40% del total– sin esclarecer, hace de ellos una fuerza particularmente detestable que, a su vez, deja en situación de fuerza irreconocible al PSOE.
Tanto blanqueo, tanta normalización llevada a cabo en estos años con Bildu tendrá sus consecuencias electorales; lo veremos en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, y es previsible que esas consecuencias no sean precisamente favorables al PSOE. Porque pactar, una y otra vez, con esa gente es la vía directa a través de la que se pierde el alma y la propia razón de ser.
En suma, tendremos presupuesto para el año que viene, sí. Gracias al apoyo de nacionalismos supremacistas e indeseables. Y el precio lo sabemos ya, como lo sabemos desde el primer día de la presente legislatura; y así seguirá siendo mientras la política de alianzas actual se mantenga: tendremos un Estado más debilitado y una Nación más débil también; también tendremos menores recursos institucionales.
