Rafael del Pino y Moreno funda Ferrovial en 1952; el nombre viene porque la empresa nace a raíz de un contrato con Renfe para cajear las traviesas de madera que asientan los raíles de las vías. En la siguiente década su expansión la convierte ya en un negocio de construcción de todo tipo de ingeniería civil. En los años ´70 empiezan a conseguir contratos en otros países, aunque su gran salto se produce en España unos años después, cuando nuestro país entra en la UE y llegan fondos para la mejora de muchas infraestructuras: autopistas, puertos… incluso colegios y hospitales entran en la cartera de obras de Ferrovial.

Rafael del Pino Calvo-Sotelo, hijo del fundador (y sobrino del expresidente Leopoldo Calvo Sotelo) es nombrado consejero delegado en 1992, cargo que ostenta hasta 1999, año de la salida a bolsa (aunque incluso hoy, la familia sigue manteniendo una tercera parte de la sociedad). Desde el 2000, cargo que aún mantiene, es presidente ejecutivo de la empresa. Bajo su mandato se convierte en una multinacional cada vez más enfocada al negocio global. De repente, el 28 de febrero, y tras la presentación anunciada de los resultados completos del año 2022, hace un anuncio sorprendente: Ferrovial se deja absorber por una de sus filiales, en concreto la holandesa, cambiando así su sede social de España a aquel país.

En el comunicado advierten que su negocio no cambia, que simplemente pasarán a cotizar las acciones, además de en el mercado bursátil nacional, en Holanda (y posteriormente en Estados Unidos) pero que no va a afectar ni al empleo ni a las inversiones en España, y argumentan que el cambio se debe a que es una compañía cada vez más internacional ya que el 82% de los ingresos y cerca del 96% del valor del grupo proceden de su negocio foráneo. Lo cierto es que Ferrovial ya llevaba tiempo desinvirtiendo en nuestro país y advirtiendo del riesgo del aumento de la presión fiscal (se calcula que en Holanda se puede ahorrar un 5% en impuestos). El mundo económico ve en esta decisión no sólo las razones esgrimidas por la compañía, también la reducción de la seguridad jurídica y el ambiente anti-empresarial de buena parte del Gobierno actual. 

Si esto fuera una anécdota, aunque sea una mala noticia, no tendría demasiada repercusión, pero el problema es si crea una nueva moda puesto que no es ni la única empresa española que tiene más negocio fuera que dentro

En cualquier caso, si esto fuera una anécdota, aunque sea una mala noticia, no tendría demasiada repercusión, pero el problema es si crea una nueva moda puesto que no es ni la única empresa española que tiene más negocio fuera que dentro (por ejemplo, el 92% de la facturación de Grifols, cotizada del Ibex, viene del extranjero) ni es la única que podría deducir que un cambio de la sede social le proporcionara más beneficios. Y en este segundo grupo justo este año entrarían las más afectadas por los nuevos impuestos “extraordinarios” del actual Gobierno a determinadas empresas del sector de la banca y energéticas. Repsol, Iberdrola, Santander, BBVA… podrían plantearse hacer lo mismo que Ferrovial. En concreto nuestros dos mayores bancos tienen su mayor porcentaje de beneficio uno en Brasil y otro en México. Y pueden alegar “inseguridad jurídica” puesto que han recurrido la nueva tasa que consideran inconstitucional. 

Es fácil, y muy popular, decidir de forma extraordinaria cobrar más a las empresas que más dinero ganan pero, ¿hasta qué punto es legal hacerlo porque de repente el Gobierno necesita más ingresos y decide que es “injusto” que determinados negocios tengan un año muy bueno cuando no se les reduce la presión fiscal cuando en otros periodos reducen sus beneficios? No sé de leyes pero es evidente cierta arbitrariedad, es como si a un bar que de repente se pone de moda (incluso por causas ajenas como que la calle donde están sus mayores competidores está de obras) y gana más dinero, el alcalde de turno le pusiera una tasa municipal mayor.

Si una empresa gana más, ya paga más y genera un mayor beneficio para las administraciones públicas. En cualquier caso, incluso si es legal, es un incentivo a hacer lo mismo que ha hecho Ferrovial: cambiar la sede social. Van a seguir pagando el mismo impuesto por su negocio español pero es lógico que vean, como le ha pasado a la constructora de la familia Del Pino, que hay mayor seguridad jurídica fuera de España. Además, la factura fiscal general será menor y no tendrán que soportar que, desde el gobierno que más se beneficia de los impuestos que pagan, puesto que es la legislatura donde más se recauda y más se gasta de la historia, se critique que obtengan beneficios, que es para lo que se monta y mantiene un negocio. 

Creo que la posibilidad de un cambio de Gobierno este mismo año, ayudará a frenar la tentación de hacer lo mismo a otras multinacionales españolas que se han visto perjudicadas esta legislatura

Personalmente creo que la posibilidad de un cambio de Gobierno este mismo año, ayudará a frenar la tentación de hacer lo mismo a otras multinacionales españolas que se han visto perjudicadas esta legislatura. Pero es evidente que se ha sentado un precedente, que según se vean sus consecuencias y si éstas son favorables para Ferrovial, el ejemplo podría ser copiado. Y, en el corto plazo, ofrece al mundo empresarial español una medida de presión, incluso de amenaza, ante una actitud abusiva del Gobierno de turno puesto que siempre se había especulado con lo del cambio de sede social, pero esta vez se ha hecho real. Y no parece tan complicado. De hecho, me recuerda bastante a cuando en octubre de 2017 algunas cotizadas catalanas hicieron lo mismo, cuando hasta ese momento el Gobierno de allí no creía que fueran capaces de hacerlo.

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