La situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, en adelante) nos produce bochorno. Todas las noticias que se publican en torno a la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces ahondan en un sentimiento colectivo de desprestigio de la institución. Pero mentiría si achacáramos esa sensación de desprestigio al solo hecho de que hayan transcurrido ya casi 5 años sin que se renueve el CGPJ. Llevamos décadas con un sistema podrido, en donde la funcionalidad ordinaria del órgano no puede tapar los desafueros cometidos con la política de nombramientos discrecionales, que perjudica al sistema judicial porque se debilita la calidad de las resoluciones de aquellos tribunales sobre los que se asienta la jurisprudencia de un Estado, y causa un enorme desapego de los miembros de la carrera judicial hacia el CGPJ. En muchas ocasiones, no podemos evitar pensar que prepondera la amistad frente al currículum. Y así nos va.

Ahora resulta que el denominado “sector progresista” se plantea la dimisión en bloque para forzar la renovación del CGPJ. Si no fuera por la gravedad del asunto, hasta tendría su gracia. Sería la tercera parte de la trilogía, tras la prohibición de realizar nombramientos estando en funciones y la dimisión del Presidente Lesmes. Acciones acometidas con la finalidad de renovar el CGPJ. Y con el mismo éxito. ¿Quién nos asegura que la dimisión en bloque del sector progresista, o de la totalidad del órgano, provocará la renovación del CGPJ? Nosotros mismos les contestamos: nadie.

Los lectores deben saber que a quien compete la renovación del CGPJ es al Parlamento español. No a los partidos políticos ni a los vocales del consejo en funciones. El CGPJ no es una serie de televisión destinada al mero entretenimiento. De sus decisiones ordinarias dependen la vida profesional y privada de más de cinco mil quinientas juezas y jueces. No en vano, es el órgano que impone sanciones, el que toma la decisión de inspeccionar los juzgados, el que concede licencias, el que convoca concursos de traslado, entre otras cuestiones. ¿Merece la pena destrozar las legítimas expectativas de miles de trabajadores por la inacción de los grupos parlamentarios?

Todos los males del sistema tienen su origen en la forma de elección de los vocales del CGPJ. El problema no es la independencia de los vocales elegidos por los políticos, sino su apariencia de independencia. Y esa elemental característica es imposible con el actual sistema. Se traslada al ciudadano la idea de control político del órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, se siembra la duda de su independencia, extendiéndose por la sociedad como una enfermedad que debilita nuestro sistema democrático y que parece no tener cura.

Pero sí la tiene: son los Jueces los que deben elegir, mediante un sistema electoral que garantice la representatividad de la diversidad de la carrera judicial, a los doces vocales de origen judicial. Cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces que no transcurra por dicho escenario, está destinada al absoluto fracaso. Y el tiempo nos dará la razón.

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