La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia demoledora sobre el mayor caso de corrupción política de la reciente historia de España. Diecinueve altos cargos de la Junta andaluza han sido condenados a 61 años de prisión y 252 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos destinados a ayudas contra el desempleo.
El fallo judicial del llamado ‘caso de los Eres’ resulta particularmente duro para el socialismo español y sumamente ejemplar para tirios y troyanos. Dos expresidentes de la Junta y del PSOE, además de exministros del Gobierno de la Nación, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reciben penas de 9 años de inhabilitación y seis de cárcel, respectivamente. Asimismo, otros nueve altos cargos de la Administración, cuatro de ellos exconsejeros de la Junta, son castigados con penas de reclusión.
No se escapan tampoco al castigo del tribunal la exministra Magdalena Álvarez, ‘Maleni’ para los amigos, en su momento protagonista destacada del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, así como Gaspar Zarrías, prototipo de virrey andaluz, muñidor de intrigas sin cuento y financiador en la sombra de todo tipo de maquiavélicas operaciones.
Estamos ante la condena a todo un régimen, erigido y sostenido mediante dosis mayúsculas de corrupción, que rigió los destinos de una Andalucía subsidiada y escasamente competitiva durante casi cuatro décadas. Es también la constatación, por la vía judicial, de la existencia de una engrasada maquinaria depredadora y sin escrúpulos, que no dudaba en rapiñar los dineros públicos destinados a combatir los efectos de la crisis económica para alimentar las enormes bolsas de clientelismo que han permitido al PSOE eternizarse en el poder.
Chaves conocía los procedimientos y no hizo nada para impedirlo; Griñán incluso colaboró en afinar las herramientas del latrocinio, de acuerdo con el texto de la sentencia
Una corrupción que ha salpicado al poder regional a todos los niveles. Chaves conocía los procedimientos y no hizo nada para impedirlo. Griñán incluso colaboró en afinar las herramientas del latrocinio, de acuerdo con el texto de la sentencia. El primer episodio de la cadena delictiva, detectado hace 19 años, terminó en un obsceno cóctel de drogas, burdeles, cochazos y dinero ‘como para asar una vaca’… Durante casi 20 años, el PSOE andaluz puso todo su empeño en desvalijar las arcas públicas con la desfachatez propia de quien se cree investido por un apoteósico sentimiento de impunidad.
Un procedimiento kafkiano
Madrid miraba hacia otro lado. En Ferraz se sabía. ¡Cómo no! La corrupción del régimen clientelar andaluz era un clamor universalmente conocido al que nadie quería meter mano. La determinación de la juez Mercedes Alaya, instructora de la causa, se ha visto al fin recompensada. Hostigada y perseguida en su labor por los alguaciles del régimen, Alaya es uno de los héroes de un proceso que, con ribetes kafkianos, se ha eternizado por culpa de las incontables zancadillas puestas a la labor instructora por los caciques del socialismo andaluz, eficazmente ayudados por una parte de la judicatura regional.
El fallo judicial ha golpeado con seco a la dirección nacional del PSOE, donde se esperaban una sentencia menos severa. En su atribulada comparecencia, horas después de conocerse la decisión de la Audiencia, José Luis Ábalos remitió las responsabilidades al pasado y abundó en menciones a la Gürtel y a Bárcenas. Nada que afecte a su partido ni al Gobierno. Desde el Partido Popular, sin mayor esperanza se le recordó a Pedro Sánchez que es presidente del Gobierno después de una sentencia por un caso de corrupción.
Abrumados por el incierto horizonte político que se aventura, cabe celebrar la sentencia emanada de un tribunal andaluz como una gran noticia en tanto en cuanto representa el triunfo de la separación de poderes y de la propia democracia
¿Qué habría pasado si el fallo se hubiera conocido dos días antes de las elecciones del 10-N? Posiblemente algún perjuicio se habría originado para el PSOE. Daños colaterales, como poco. Pero no es razonable incurrir en la política-ficción. Sólo desde la más absoluta ingenuidad puede pensarse que este episodio vaya a afectar a las negociaciones que Sánchez mantiene para su investidura. Ninguno de los partidos a los que recaba en estos días su apoyo tienen problema alguno con la corrupción, salvo si el sujeto de la misma es el PP.
Abrumados por el incierto horizonte político que se aventura, cabe celebrar la sentencia emanada de un tribunal andaluz como una gran noticia en tanto en cuanto representa el triunfo de la separación de poderes y de la propia democracia. La sentencia pone venturoso punto final a la etapa más negra de la corrupción política en nuestro país. Una veintena de políticos indignos pagarán sus excesos en prisión o lejos de la vida pública. Andalucía ya ha mudado felizmente de color político en la Junta. Sánchez, eso sí, el virtuoso del win-win, sale indemne del lance, o a lo sumo con meros rasguños. Castigo mucho más serio, definitivo incluso, el que recibe su menguante rival, la expresidenta Susana Díaz, cuyo futuro político se puede dar por acabado.
