Hemos asistido en estos días al intento fallido de Pedro Sánchez de situar en la Presidencia del Senado al Primer Secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Todos los comentarios referidos a este asunto han girado en torno a la negativa de los independentistas a votar favorablemente el nombramiento de Iceta en el Parlamento de Cataluña como senador autonómico, paso previo indispensable para su posterior elevación al solio del palacio de la plaza de la Marina Española. Numerosos analistas y políticos de todos los colores se han extendido en consideraciones, comentarios y cábalas sobre los motivos y las consecuencias del cierre en banda de los partidos secesionistas a facilitar el nuevo y alto destino que Sánchez había elegido para su adlátere y amigo, el bailarín equidistante entre golpismo y legalidad. Han abundado las opiniones en relación al significado de este boicot, si se ha tratado de una ruptura sin vuelta atrás o de un chantaje de aviso; se ha especulado sobre la posibilidad de que esta muestra de hostilidad manifiesta ponga en peligro la investidura del doctor de pacotilla y se han dado vueltas y revueltas alrededor del fiasco protagonizado por el aspirante a revalidar la jefatura del Gobierno y el promotor de indultos. En esta barahúnda de informativos de radio y televisión, sagaces columnas, editoriales penetrantes y tertulias desatadas, nadie ha señalado y menos denunciado el verdadero escándalo de este episodio, que es el hecho de que la cabeza del poder ejecutivo decida por sí, para sí y ante sí, quién ha de presidir una Cámara de representación popular, encarnación máxima del poder legislativo. Se ha hablado de cualquier cosa referida a este fracaso del presidente del Gobierno en funciones, menos de lo que era medular, su desprecio público, descarado y notorio al principio de separación de poderes, elemento vertebral de la democracia constitucional.
No sólo el presidente del Gobierno proclamó su dedazo impúdico, sino que lo hizo, en un rizo obsceno del dislate, antes de que el ungido fuese senador
¿Alguien es capaz de imaginar qué sucedería si un primer ministro británico o un inquilino de la Casa Blanca comunicase a los súbditos de su Graciosa Majestad o al pueblo norteamericano que el Speaker de la Cámara de los Comunes o de la Cámara de Representantes del Congreso iba a ser tal diputado o tal congresista porque así se había decidido caprichosamente y a su conveniencia en el 10 de Downing Street o en el Despacho Oval? La respuesta es que nadie puede pensar en semejante posibilidad por la sencilla razón de que es inconcebible que tal disparate suceda en Londres o en Washington. En nuestros pagos, en cambio, lo consideramos normal, y este tipo de comportamiento, incompatible con la salud democrática de un sistema político, ha sido seguido invariablemente por todos los Presidentes anteriores desde 1978 en adelante, de Suárez a Rajoy, sin excepción alguna. Sería iluso esperar que Sánchez cambiase estos hábitos perversos.
Cuando el juez Manuel Marchena se negó a ser designado presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al haberse difundido su nombre en los medios como el pactado por los dos grandes partidos con carácter previo a la constitución del órgano de gobierno de la Justicia, encargado de este nombramiento en teoría de forma independiente de los otros dos poderes del Estado, demostró que aún quedan españoles, pocos, muy pocos para nuestra desgracia, que aúnan el honor personal con el respeto escrupuloso a los principios constitucionales. En el caso que nos ocupa, el más reciente en la larga lista de aberraciones institucionales perpetrada en España desde la aprobación de nuestra Ley de leyes hace cuatro décadas, no sólo el presidente del Gobierno proclamó su dedazo impúdico, sino que lo hizo, en un rizo obsceno del dislate, antes de que el ungido fuese senador, atropellando así simultáneamente las prerrogativas de dos asambleas legislativas, una nacional y otra autonómica. Mohíno por haber visto frustrado su deseo, se ha consolado rápidamente colocando a Meritxell Batet y a Manuel Cruz en las respectivas presidencias del Congreso y del Senado. Si no quieres caldo, toma doble ración.
La seguridad y el éxito de las sociedades humanas dependen críticamente de la calidad y correcto funcionamiento de sus instituciones
Hace tiempo que vengo insistiendo en una realidad, ampliamente conocida y avalada por la experiencia histórica: la de que la prosperidad, la seguridad y el éxito de las sociedades humanas depende críticamente de la calidad y correcto funcionamiento de sus instituciones. Es por esta razón que España se encuentra sumida en la inestabilidad, la incertidumbre y el desasosiego, con su unidad nacional amenazada, sus cuentas públicas gravemente desequilibradas y su prestigio internacional seriamente dañado, porque la arquitectura constitucional y territorial diseñada en la Transición y el manejo que han hecho de ella las dos principales fuerzas ha sido un desastre de tal magnitud que estaba cantado que iba a acabar en descomposición y fracaso. Si existe todavía una solución a este problema fundamental es un interrogante que muchos ciudadanos de buena fe y recto criterio se plantean. Para que la respuesta fuera consoladoramente positiva deberíamos disponer en el ámbito de la política, cubriendo el arco parlamentario, de unos pocos responsables públicos que fuesen equivalentes a lo que el juez Marchena es en el ámbito de la judicatura. Ahora bien, para que tales figuras emerjan y alcancen las palancas del Estado es condición necesaria que el sistema institucional lo favorezca, pero la combinación deletérea de nuestra normativa electoral y de partidos lo impide, lo que cierra inexorablemente el círculo en el que nos encontramos prisioneros y que nos condena a la frustración y al fracaso como Nación.
