La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein negando la extradición a España de Carles Puigdemont por el delito de rebelión cayó el jueves como una bofetada en pleno rostro del Gobierno Rajoy, de la Justicia española, y de millones de compatriotas que tomaron el fallo judicial alemán como una afrenta intolerable a España, tan dados como somos a la exageración y al tremendismo, tan apegados a ciertos complejos históricos de los que nos cuesta un mundo desprendernos por mucho que podamos presumir de contar con un país equiparable con ventaja en tantas cosas a los de nuestro entorno. De más está decir que la frustración de la España constitucional corrió pareja con el entusiasmo, inexplicable en buena medida, de la tropa independentista, que, al parecer, se encuentra mucho más cómoda ante un delito de malversación de fondos –posibilidad de extradición que sí considera factible el tribunal- que ante uno de rebelión. Es natural, ellos siempre han estado más familiarizados con el choriceo que con la guerrilla. Ellos son más de robar que de levantarse en armas.
Y a mí me parece que, siendo lo ocurrido un revés inobjetable para nuestro Tribunal Supremo, el asunto se ha sacado de madre por estos pagos. Entre otras cosas porque nunca hubo unanimidad en torno a la calificación –rebelión o sedición- de los eventuales delitos cometidos por los golpistas, y que incluso en la propia Audiencia Nacional la discrepancia ha sido tan reciente como para que la juez Lamela haya empapelado al ex responsable de los Mossos, el mayor Trapero, por un doble delito de sedición y no de rebelión, justo lo contrario del criterio seguido por el también magistrado Llarena con Puigdemont y otros líderes del prusés encarcelados. Hablar, por tanto, de que la peculiar decisión de la Sala Primera de lo Penal del referido tribunal alemán ha “humillado” a los magistrados del Supremo y, por extensión, a la entera justicia española es sin duda un exceso o a mí me lo parece. Una de tila, por favor.
Hablar de que la peculiar decisión de la Sala Primera de lo Penal del referido tribunal alemán ha “humillado” a los magistrados del Supremo y, por extensión, a la entera justicia española es sin duda un exceso o a mí me lo parece"
Peculiar decisión porque el texto conocido hasta ahora avalando ese fallo, o al menos su traducción al castellano, se las trae. Sencillamente se han vulnerado los automatismos sobre los que se asienta la euroorden de extradición, según la cual el Estado requerido (Alemania) debe limitarse a comprobar si los hechos descritos por el magistrado requirente (España) y por él valorados, entran en un tipo penal existente en su legislación, sin que quepa, como ha ocurrido en este caso, entrar a valorar jurídicamente los hechos, como si fuera competente para hacerlo. Un desatino, porque es al Estado requirente al que corresponde valorar el fondo del asunto. “La gente aquí está perpleja”, asegura un juez de la Audiencia de Barcelona, “en especial los que llevan cooperación internacional. Nadie se lo puede creer. La efectividad de las órdenes europeas de detención y entrega radica en que se ejecutan sin necesidad de meterse a analizar los hechos relatados en la causa. La euroorden se ejecuta y punto, porque el sistema está basado en el reconocimiento de la mutua potestad para juzgar con las garantías procesales que son del caso en cualquier sistema democrático. Por eso resulta tan raro que el juez alemán se haya metido a analizar si hay o no delito de rebelión, cosa que no le corresponde. Tan sorprendente parece todo, que las sospechas no han tardado en aparecer”.
El tribunal alemán no cuestiona el hecho de que durante el referéndum del 1 de octubre se produjera violencia (“Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum), pero le parece que el grado de violencia ejercido no fue suficiente como para poner al Gobierno español de rodillas (“dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia”). Sorprendente. Hubo violencia, ma non troppo. Un argumento mendaz según el cual los responsables del golpe de Estado del 23-F se hubieran ido de rositas, porque ellos, con Tejero al mando, tampoco lograron “doblegar la voluntad” (sic) del Estado, con Adolfo Suárez y el capitán general Gutiérrez Mellado como sus excelsos representantes. Que el tribunal alemán haya entrado a valorar la existencia o no de violencia sienta un precedente de desconfianza interjudicial en la UE que pone en tela de juicio la euroorden misma y que tendrá sus consecuencias en el marco de la Unión.
Un duro golpe para el proyecto europeo
El que la justicia germana se desentienda de lo que pueda pasarle a España con sus fronteras, mucho más estando allí prohibida la secesión, no es una buena noticia para Europa y viene a poner en evidencia lo que ya sabemos: la fragilidad del proyecto europeo, la falta de mimbres sólidos con los que edificar una verdadera unidad en un espacio que nació precisamente para consolidar las fronteras y acabar con los sangrientos vaivenes provocados por las Alsacias y Lorenas de turno. Parece, pues, que el juez alemán se ha extralimitado en sus funciones, aunque también es posible que en la solapa de su corazoncito luzca un lazo amarillo, veranee en Calella de Palafrugell, o tenga un cuñado indepe en Mataró. En todas partes cuecen habas, y en todos los sistemas judiciales hay magistrados venales o simplemente piernas. Ya no quedan jueces en Berlín. Ello sin olvidar que el tribunal ha negado al botarate su pretendida condición de perseguido por sus ideas políticas, del mismo modo que le ha calificado de reo del delito de malversación de fondos.
Lo que, con independencia de los caminos que tome la justicia española para hacer frente a lo dispuesto por el tribunal de Schleswig-Holstein, no parece en ningún caso una buena idea es juzgar lo ocurrido en términos de herida del orgullo nacional. Abdiquemos del tremendismo. No demos tal satisfacción a ese rancio supremacismo independentista, en tantos detalles primo carnal del totalitarismo nazi. El separatismo catalán está muerto y ellos lo saben, por larga que resulte la conducción del cadáver de este nuevo carlismo hasta el cementerio donde descansan este y otros horrores de la Historia. No podría ser de otro modo. Entre otras cosas, porque Europa se rompería en pedazos si cualquier región insolidaria pudiera independizarse por la vía de los hechos consumados. Puigdemont tiene por delante un futuro carcelario muy oscuro, y su carrera política está acabada. Y ha sido el Estado, que no el Gobierno Rajoy, quien ha derrotado al separatismo. Ha sido la movilización del pueblo español, con el rey Felipe VI a la cabeza, quien ha dicho basta.
El Gobierno ha perdido sin paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España, a pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos. Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de la paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento de Ejecutivo
Porque lo ocurrido el jueves en el tribunal superior del Land de Schleswig-Holstein ha venido a rubricar el fracaso de este Gobierno en la gestión de la revuelta del nacionalismo catalán contra España y su Constitución. Este me parece el meollo de la cuestión. La batalla contra el independentismo, cuyos rescoldos tardarán en apagarse, se ha ganado a pesar de este Gobierno de indigentes morales que hoy ocupa el poder y que no ve el momento de pasar la estafeta del 155 al primer indepe que levante la mano y lo pida, para poder desentenderse del asunto. Un Gobierno que ha perdido sin paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España, a pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos. Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de la paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento de Ejecutivo que este fin de semana se ha ido a Sevilla a celebrar el éxito logrado en Schleswig-Holstein y el brillante master de la señora Cifuentes.
Los primeros perjudicados, los grandes damnificados por el desalojo de Mariano Rajoy de la Moncloa serían precisamente los independentistas, porque nunca tales aprendices de brujo pudieron imaginar tan idílico paisaje para ensayar su golpe como el que les ha proporcionado el ausente Gobierno Rajoy, que además de puta del prusés ha puesto la cama, ha pagado el meublé, ha financiado el golpe de Estado contra la democracia española. Un cambio de Gobierno para asegurar que el golpismo no quedará impune, y un aviso a navegantes a quienes, en otras latitudes de esta castigada España, puedan sentir la tentación de emprender el mismo viaje hacia ninguna parte. Si de verdad una mayoría del pueblo español está decidida a acabar de una vez por todas con un independentismo dispuesto a intentar de nuevo el asalto a las instituciones si se le da la oportunidad, no hay más remedio que proceder cuanto antes a relevar del poder al Partido Popular.
España está sin Gobierno
Un cambio de Gobierno no solo para castigar a los golpistas, sino para poner en marcha a un país que ahora mismo está parado; para acometer las reformas estructurales que sigue reclamando no solo la economía, sino la sociedad entera. España está sin Gobierno, y los españoles no deberían consentir seguir en el dique seco dos años más porque así le pete a un señor lastrado por sus cuentas pendientes con la Justicia y a un partido corrompido, cuyo único objeto es la ocupación del poder. Albert Rivera se enfrenta a una especial responsabilidad a la hora de poner fin a este punto muerto. Es cierto que desde un punto de vista partidario, a Ciudadanos le interesaría dejar correr el tiempo para alargar la agonía de Rajoy y su patética troupe, pero ese es un lujo que ni España ni los españoles se pueden permitir. Los PGE para el año en curso podrían ser la clave de ese adelanto electoral que se antoja urgente. Por encima de las cínicas protestas que propala de cara a su parroquia, es una evidencia que el PNV está comprometido con su aprobación –la posibilidad de que C’s pueda llegar a gobernar provoca auténtico pavor en Ajuria Enea-, por lo que sería necesario que Rivera diera un paso al frente y decidiera acelerar el inevitable curso de los acontecimientos. España necesita asomar de nuevo la cabeza de entre las miserias en que vive instalada. Ya es hora.
