El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARC) ha multado a la farmacéutica estadounidense Abbvie, ya que considera que actuó de “mala fe” a la hora de intentar paralizar un concurso público por valor de 1,7 millones de euros en Jaén.
Este mes de mayo, el laboratorio norteamericano interpuso un recurso frente a las autoridades andaluzas para frenar la licitación pública de un medicamento del que ahora mismo es adjudicataria. Ahora, el TARC ha multado a la compañía porque cree que la farmacéutica interpuso el recurso para “satisfacer sus propios intereses en perjuicio del interés público".
A ojos del tribunal, el alegato de la multinacional “carece de la más mínima fundamentación fáctica y jurídica” y “busca paralizar la actividad de la Administración”. El organismo va un paso más allá y acusa a la farmacéutica de actuar con “mala fe”, ya que Abbvie es la actual titular del contrato público. “Esto hace presumible su interés en que se demore la adjudicación del próximo contrato”, ya que no tiene ninguna garantía, según apuntan, de que vaya a conseguirlo de nuevo.
En ese sentido, alegan que la farmacéutica pretendía con el recurso “retrasar la adjudicación del nuevo contrato y satisfacer sus propios intereses en perjuicio del interés público”. Es por ello que le han impuesto una multa de 1.000 euros -la sanción mínima- al apreciar mala fe en la interposición del recurso.
El medicamento más vendido
Abbvie es conocida a nivel internacional por ser el fabricante de Humira, un tratamiento biológico y revolucionario que sirve tanto para la artritis como para la psoriasis, la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. De hecho, se trata a día de hoy del medicamento más vendido del mundo, con una facturación anual de 17.000 millones de dólares anuales.
No obstante, la gallina de los huevos de oro de Abbvie está a punto de dejar de serlo, ya que ha perdido la patente y como consecuencia, varios biosimilares han salido al mercado con el objetivo de obtener parte de los beneficios que hasta ahora eran exclusivos de la farmacéutica norteamericana.
Puede que sea este uno de los motivos por los que la farmacéutica trató de paralizar el pasado mes de mayo un concurso público para todos los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. La pasada primavera, la Junta de Andalucía anunció un nuevo contrato público para estos centros para administrar la molécula adalimumab, en la que se basa Humira y de la que hasta la fecha el único titular era Abbvie.
Un contrato de 1,7 millones
El monto del contrato público asciende a 1.797.600 euros para el adjudicatario, una cifra considerable. De hecho, se presentaron al concurso la farmacéutica Sandoz -la filial de genéricos de Novartis- y Biogen, dos de los grandes actores del sector y fabricantes de biosimilares de Humira.
Apenas dos semanas después, Abbvie presentó un recurso contra la puesta en marcha de una nueva licitación. La compañía alegaba que si la Junta adjudicaba este nuevo contrato público a fabricantes de medicamentos biosimilares de Humira y no a su compañía, el fabricante original, la Administración andaluza estaría incurriendo en un delito.
Como argumento, desde Abbvie señalaban que la legislación española establece que algunos medicamentos no pueden sustituirse por nadie más que por el médico, entre los que se incluyen los fármacos biológicos, como es el caso de Humira.
En ese sentido, a juicio de la farmacéutica “si el único empresario adjudicatario del contrato no es el titular del citado medicamento, se va a producir la sustitución de facto e ilegal del medicamento Humira sin mediar autorización expresa del médico prescriptor”, según apunta la propia resolución del tribunal administrativo andaluz.
Debate biológico-biosimilar
En términos generales, la farmacéutica acusaba en su recurso a las autoridades andaluzas de sustituir “en bloque” y sin el consentimiento de los médicos a miles de pacientes el medicamento Humira por un biosimilar en pleno tratamiento, sin atender a los riesgos que ello puede suponer.
El tribunal andaluz, no obstante, ha hecho caso omiso a los alegatos presentados por la compañía, al tiempo que señala que su función no es “entrar al debate sobre el carácter sustituible de los medicamentos biológicos”.
Al mismo tiempo, señala que el contrato público emitido para el Hospital de Jaén no vulneran los derechos de ningún paciente. “Una vez adjudicado el contrato, en caso de que esté justificada clínicamente la prescripción de otra denominación comercial, el médico podrá hacerlo ya que prevalece la seguridad del paciente”, señalan en el documento.
