El anteproyecto de Ley Orgánica con el que el Gobierno aspira a reformar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal incluye importantes modificaciones respecto a las fuentes de financiación de las asociaciones judiciales. La reforma impulsada por Félix Bolaños prohibirá a estas asociaciones financiarse con aportaciones privadas lo que se ha percibido por parte de muchos profesionales de la magistratura como un paso más para "mermar la capacidad de los colectivos judiciales" que en los últimos meses se han mostrado muy críticos con las decisiones tomadas desde el Ministerio de Justicia.
Las principales asociaciones judiciales cargan contra la iniciativa del Ejecutivo al considerar que se trata de una medida reactiva ante los últimos pronunciamientos públicos formulados por los portavoces judiciales y que "no responde a ningún fin de interés general o de búsqueda del bien común". Así lo describe María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), quien además detalla que este no es el único intento por parte del responsable de Justicia para tratar de "minar la imagen de los jueces" y "cercenar la actividad de las asociaciones judiciales", obviando que estas representan la voluntad y los intereses de los jueces.
La reforma del acceso a la carrera tan criticada por considerarse un texto legislativo diseñado para meter a jueces y fiscales "por la puerta de atrás", se detiene a regularizar la aplicación de las normas del derecho de asociación de las asociaciones judiciales. Sobre este aspecto se ha pronunciado recientemente el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de ley para reformar el sistema de acceso a la carrera, en el que los vocales han mostrado serias dudas sobre el grado de detalle abordado en el nuevo texto legislativo sobre esta materia. "Esto parte de un doble error, primero, piensan que las asociaciones judiciales tenemos algún tipo de capacidad de jurisdicción o jurisdiccional, que evidentemente no. Y por otro lado, hay una profunda desconfianza respecto del Gobierno hacia lo que supone la asociación judicial", comenta Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
El CGPJ se muestra reacio a la elección de esta reforma legislativa para ahondar en la regularización de los recursos económicos de las asociaciones judiciales. "Extraña que una ley orgánica baje al detalle, tan al detalle como hace reproduciendo ese reglamento de asesoría judicial, porque no es una materia propia de ley orgánica", comenta el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo.
Subvenciones públicas
Los principales portavoces advierten, no obstante, que la financiación privada supone un pequeño porcentaje respecto al dinero total del que se nutren las asociaciones judiciales, puesto que la mayor parte de fondos provienen de las subvenciones públicas. Asimismo, destacan que sus cuentas son cada año fiscalizadas de manera exhaustiva por parte del Consejo General del Poder Judicial a través de la Comisión de Asuntos Económicos donde se muestra que la mayor parte de la financiación se obtiene a través de las subvenciones públicas que se recibe el órgano de gobierno de los jueces y de las cuotas de los asociados.
"También hay que decir que esta financiación se ha reducido desde el año 2010 en más de un 35%, a lo que habría que sumar, además, la subida del IPC también desde el año 2010. Lo que en definitiva se pretende es, por un lado, sembrar en la ciudadanía la idea de que las asociaciones judiciales y los jueces que la integran no son independientes y que una financiación pública o privada puede afectar al normal desarrollo de la función jurisdiccional. En definitiva, lo que se trata también es de ahogar a las asociaciones y su actividad asociativa", sentencia María Jesús del Barco.
Sergio Oliva señala, además, la iniciativa del Gobierno de excluir a las asociaciones judiciales y fiscales de la acción judicial, ya que entiende que en conjunto con la medida para prohibir la financiación privada puede relacionarse con la existencia de cierto "temor" hacia los jueces, el cual se intenta trasladar a la ciudadanía. El portavoz de AJFV defiende que "no se entiende que se quiera limitar la financiación de las asociaciones profesionales con el pretexto de mejorar la apariencia de independencia de los propios jueces o magistrados"; asimismo, critica el "cinismo" del antreproyecto cuando "justifica la completa exclusión de que las asociaciones profesionales puedan recibir donaciones o aportaciones privadas para su funcionamiento interno o actividades cuando no establece lo mismo respecto de los partidos políticos o los sindicatos".
Por su parte, Fernando Portillo sostiene que las asociaciones judiciales son "la china en el zapato del Ministerio de Justicia", porque son las que salen siempre a "tratar de denunciar los atropellos o abusos que se están perpetando desde el Gobierno". "Por eso, ahora quieren atacar la financiación de las asociaciones judiciales es bastante sospechoso, por ello, no nos parece que sea una reforma oportuna, adecuada y que vaya a mejorar nada de la Administración de Justicia... Hay que recalcar que no existe oscurantismo ni sospecha ni falta de imparcialidad en las cuentas de las asociaciones", apunta.
La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) entiende, sin embargo, que la financiación "debe garantizarse con las aportaciones de las personas que confirman la asociación y una asignación suficiente del CGPJ o de otras instituciones públicas". Además, sostienen que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno es la vía más adecuada para incluir estos cambios legislativos.
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