El caso David Azagra aterrizará este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado. El asunto no será debatido de manera monográfica, ni siquiera será la situación fiscal como empleado público de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, un punto del orden del día, pero sí objeto de debate gracias a una enmienda de adición presentada por los populares a una moción del Grupo Parlamentario Socialista. Una enmienda que, eso sí, fuentes del PP en el Senado reconocen que no creen que tenga recorrido al tener la potestad el PSOE, como promotor de la moción, de no incluirla.

En ella, el PSOE promueve que la Comisión de Hacienda del Senado inste al Gobierno a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una directiva de la Unión Europea en materia fiscal y a "continuar reforzando el conjunto de actuaciones de control de tributos por parte de la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude fiscal". Un extremo donde el PP ha visto la espita abierta para pasar al ataque sobre la sospechosa tributación del hermano de Sánchez, que cotiza en España pero reside fiscalmente en Portugal pese a ser el jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz desde 2017. Algo que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, consideró "ético" el pasado 22 de abril.

La enmienda de adición presentada por la portavoz popular en el Senado, Alicia García, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, añade dos puntos más a la moción socialista. El primero de ellos es el que, velada pero nítidamente, versa sobre la situación fiscal de David Azagra, nombre artístico del hermano menor músico del presidente. En él, los populares instan a sancionar las "prácticas" por las que un "empleado público" establezca "su residencia a efectos fiscales en otro país con la finalidad de no tributar IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio" en España. Una propuesta que las fuentes consultadas reconocen hecha ad hoc para el supuesto de David Sánchez Pérez-Castejón.

"Regular normas especiales de carácter nacional, y que se coordinen con los Convenios de Doble Imposición dentro del modelo OCDE que se vienen formulando y pactando de manera bilateral con otros gobiernos, que eviten la elusión fiscal o el abuso de las normas previstas para lograr la prohibición y sanción -especial- de las prácticas consistentes en las que un empleado público, perceptor de rendimientos de trabajo personal por el desempeño de su función pública perciban de una administración, ente, o institución pública española, al establecer -de manera visiblemente abusiva- su residencia a efectos fiscales en otro país con la finalidad de no tributar IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio regulado en España y en cada CCAA", reza concretamente la petición de la portavoz del PP en el Senado.

¿Qué pretende el PP con esta enmienda, aún a sabiendas de que el PSOE la desechará? Que el escándalo, opacado por otras tantas algaradas y presuntas corruptelas en el seno del Gobierno, coja foco en Madrid. Hasta ahora, como confirmaban fuentes de Génova a este periódico hace semanas, la dirección nacional del PP había derivado en sus cuadros en Extremadura la ofensiva política, que derivó en un pleno monográfico en la diputación pacense la semana pasada.

"Nosotros esperamos que el PSOE acepte nuestra enmienda porque la elusión fiscal es un problema para nuestro país. Algo que está perjudicando la recaudación tributaria; y, en coherencia con la lucha que emprendió contra los youtubers que se fueron de España, entendemos que apoyarán nuestra iniciativa", añaden, con retranca, fuentes populares en el Senado en conversación con este periódico. "Nuestro compromiso contra el fraude fiscal es claro, y consideramos que hay que regular la elusión fiscal para que se evite el perjuicio para nuestro país".

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