El Gobierno ha descargado en los expertos que lo asesoran en la gestión de la pandemia de covid-19 la decisión de revelar su identidad, tal y como exigió el pasado 30 de noviembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
El organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública dio al Ejecutivo de Pedro de Sánchez un plazo de diez días para revelar los nombres y apellidos de integrantes del llamado comité de expertos que aconseja a las autoridades en la toma de decisiones durante la crisis sanitaria.
De no estar de acuerdo, el Gobierno también puede recurrir la resolución ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de Madrid.
Fuentes de Sanidad explican a Vozpópuli que serán los propios funcionarios los que decidan si quieren que el departamento dirigido por Salvador Illa haga públicos sus nombres o si, por el contrario, el asunto acaba en los tribunales. "Se ha trasladado la solicitud a los trabajadores públicos afectados para que realicen si lo estiman oportuno alegaciones sobre la solicitud de acceso a dicha información", señalan.
El pasado 6 de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aludió a este grupo de expertos sin querer hacer pública su identidad.
Pero el CTBG considera que la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos tal y como esgrime el Gobierno, pues considera que favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
La semana pasada, fuentes de Sanidad informaron a este diario de que el plazo otorgado por Transparencia para cumplir con su orden expiraba el 14 de diciembre y que el Ejecutivo estaba "estudiando" la resolución.
Plazo hasta el 17 de diciembre
Sin embargo, en Transparencia sostienen que finaliza el próximo 17 de diciembre. Es decir, mañana jueves. "La resolución es de 30 de noviembre y el plazo es de 10 días hábiles. En el cómputo de días hábiles se excluyen los sábados, domingos y festivos. Además, el cómputo se inicia a partir del día siguiente a la notificación, no con la fecha de la resolución. Es decir, los diez días se cumplirían el 17 de diciembre porque los días 7 y 8 fueron festivos", explican fuentes del CTBG.
Además, explican que todas las resoluciones del Consejo de Transparencia son ejecutivas, lo que significa que son de obligado cumplimiento. "Si una Administración no está de acuerdo con la resolución, puede impugnarla ante los tribunales de lo contencioso-administrativo", aclaran.
Si no ha ocurrido ninguna de esas opciones, es decir, cumplir con la resolución o impugnarla, la subdirección de Transparencia y Buen Gobierno remitirá un oficio para recordarles el cumplimiento del fallo.
"Cuando un organismo impugna una de nuestras resoluciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, el Consejo acude al procedimiento y defiende en los tribunales su resolución", aclaran desde Transparencia.
Guerra política sobre los 'expertos'
El nombre de los miembros del comité de expertos aludido por el propio Gobierno para respaldar sus decisiones durante la pandemia ha sido objeto de una de las grandes guerras políticas en los últimos meses.
Primero, el Ejecutivo se negó a identificarlos para posteriormente decir que no existía tal ente, o que estaba compuesto por funcionarios del Ministerio. Incluso, llegó a señalar que la lista era demasiado larga para hacerla pública.
"Hay una lista larga de expertos, los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial", esgrimió Simón. "Como comprenderán esta lista es muy larga, no la voy a dar ahora. La mayor parte de ellos son conocidos y son portavoces de sus comunidades autónomas o países. Con lo cual no merece la pena que me ponga a dar una lista de nombres", zanjó.
Ahora, tras la resolución del CTBG, el Gobierno se comprometió a "estudiar" la petición. La diputada 'popular' Ana Pastor aprovechó la intervención del ministro Illa en la Comisión de Sanidad que se celebró en el Congreso el pasado jueves para exigirle que cumpliese con la orden.
"Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité", defendió. Pero el titular de Sanidad sigue guardando silencio.
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