Si es cierto que los cinco días de reclusión de Pedro Sánchez en La Moncloa, sin agenda ni contacto con nadie ajeno a su familia, han causado perplejidad, extrañeza e incluso impotencia entre miembros de la dirección socialista y del propio Gobierno por la ‘soledad’ del proceso y lo que transmite de desconfianza hacia ellos, también es cierto que no ha sido así en el seno del Tribunal Constitucional. En esta institución, la mayoría progresista mantiene intacta su “férrea disciplina interna, casi militar” sin grietas ni dudas. La consigna sigue siendo la impuesta por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, desde el primer día de su mandato: ni una concesión que pueda abrir brechas en la hoja de ruta jurídica del sanchismo para recibir el aval de constitucionalidad de todas sus iniciativas.

Un reciente almuerzo organizado por Conde-Pumpido con los magistrados de la mayoría progresista reafirma la visión instalada en el ámbito conservador del TC de que “no actúa como presidente de toda la institución, es decir, de los once magistrados que lo componen, sino exclusivamente de siete”, los que conforman su bloque ideológico. 

El sorprendente aislamiento de Sánchez sembró desconcierto y algunas dudas en un principio en el Tribunal. De hecho, como ocurrió con el resto de instituciones o con el propio PSOE, Sánchez descolocó a todo un Tribunal Constitucional “desagradablemente sorprendido” por la pirueta. Sin embargo, la posterior comparecencia de Sánchez en La Moncloa para demostrar que en realidad todo había sido una sobreactuación política convenientemente teatralizada, ha permitido a la mayoría progresista del TC no sólo reforzar su alianza frente al bloque conservador y minoritario, sino también “tranquilizar ánimos, disipar sospechas” y disponerse a permanecer en sus cargos toda la legislatura, dure lo que dure, y alcance o no los tres años que restan.

Una eventual renovación "vetada" por la izquierda

De hecho, la radical ruptura entre PSOE y PP, derivada especialmente del anuncio hecho por el propio Sánchez de que los socialistas y sus socios parlamentarios se han propuesto reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para alterar el sistema de mayorías, y elegir un nuevo poder judicial a dedo y con mayoría absoluta, y no de tres quintos, induce a pensar a miembros del bloque progresista que difícilmente podrá haber renovación del TC a finales de 2025, que es cuando corresponde. La eventual renovación del Tribunal, que el clima político actual aleja cada día más, implicaría la salida del propio Conde-Pumpido y también de María Luisa Balaguer, que en su día optó a la presidencia del Tribunal y que finalmente fue “vetada” por la propia izquierda en beneficio del actual presidente. 

“El anuncio de Sánchez de que aspira a estar al frente del Gobierno los tres años de legislatura que restan ha resuelto por el momento cualquier posible duda que pudieran tener los magistrados de su órbita. Hoy, y salvo sorpresa extraña, la mayoría progresista se ve asegurada en su puesto un mínimo de tres años más si nada altera los difíciles equilibrios entre los socios parlamentarios”, sostienen fuentes jurídicas conocedoras de la atmósfera que se vive en el TC.  

Sin señales del Gobierno

En este sentido, las señales que emite el ministro de Justicia, Félix Bolaños, son nítidas. Tanto, como las que ofrece en la inminente ofensiva para el control del Consejo General del Poder Judicial. Vozpópuli adelantó días atrás el ‘portazo’ dado por el Gobierno a cualquier fórmula mixta, o a cualquier alternativa a la renovación del CGPJ, que no sea la que exige el Gobierno. No habrá doce vocales de los veinte del Consejo elegida directamente por los jueces en función de sus mayorías representativas por asociaciones, como recomienda la Unión Europea y propone el PP.

Muy al contrario, Sánchez mantiene vigente, entre otras, la idea de que el Congreso elija directamente a dieciséis de los vocales -y con capacidad de veto real sobre nombres concretos reconocibles en la derecha judicial-, y que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, designe sólo a cuatro, pervirtiendo así el actual sistema de equilibrios y representatividad entre las Cámaras. Eso garantizaría no ya una solvente mayoría progresista en el control del órgano de gobierno de los jueces, sino más bien aplastante. Y con un plus de garantía añadido: el más que seguro aval del Tribunal Constitucional a cualquier reforma de la ley del poder judicial que conceda al PSOE una renovación a medida. De ese hipotético nuevo CGPJ dependerá en los próximos años la renovación de hasta el 40% de los magistrados del Tribunal Supremo e innumerables presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. 

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