El aprobado político es una vieja querencia apolillada. Se dice en USA que hay que evitar que el código postal de la vivienda determine las oportunidades sociales y educativas de los niños; en España esas oportunidades dependen del territorio autonómico de su vivienda. Los niños cuyos gobiernos elijan el camino del esfuerzo, del estudio, de la promoción del talento, de la eliminación de desigualdades, estarán en mejores condiciones de afrontar dificultades en los próximos cursos y culminar con éxito, es decir con titulaciones y valores formativos, su vida escolar.
El 15 de abril de 2020, el Gobierno ofrece un pacto educativo insólito en el Parlamento y en Conferencia Sectorial. Repasen la sesión: se comienza con desgana, a la altura de la “brecha social” la acritud es notable y al finalizar con “la promoción será la regla general y la repetición la excepción que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus” (¿?) la aspereza, el regaño y el desdén eran evidentes.
Sorprenden las formas y contenido de este pacto en las dramáticas fechas que estamos viviendo con el esfuerzo que profesores, familias y alumnos están haciendo para mantener una gran disciplina de tareas escolares en condiciones complicadas, con la afectación emocional que el número (ya insoportable) de fallecidos por Covid-19 está produciendo no solo a los que hemos perdido familiares, sino a toda persona con sensibilidad, y con la dificultad de vivir en confinamiento sin un horizonte de final de salida.
Si desde el Ministerio de Educación se establece que la promoción será la regla general y promoción quiere decir en lenguaje administrativo “pasar de curso”, es lógico que esta desafortunada frase se entienda como lo más parecido a un aprobado general, no contemplado en el ordenamiento jurídico y de ahí que sea imposible a día de hoy su imposición. La evaluación educativa corresponde a los profesores y las condiciones de promoción y titulación están claras en la legislación para todos los cursos, niveles educativos y enseñanzas en los que corresponda la obtención de títulos. No cabe pues presión política sobre los equipos docentes.
Confusión y malestar
Se está volviendo a la confusión, disenso, malestar en la educación, pero esta vez con consecuencias graves. Se esperaba liderazgo nacional para adoptar una solución razonable en el conjunto de Comunidades Autónomas, puesto que en aplicación del Art CE 149. 1. 30 las titulaciones académicas tienen validez en todo el territorio nacional. Si se llega a un pacto solo con las CCAA que lo acepten se habrá dado un paso de gigante en la desvertebración educativa de España, porque las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional (Básica, de Grado Medio y Grado Superior) obtenidas con distinto número de suspensos y aprobados dejan de tener homologación en todo el territorio nacional.
Otros ministros socialistas como Rubalcaba, Gabilondo hubiesen generado comisiones de trabajo acordadas por la Conferencia Sectorial y con la pluralidad de posiciones que en ella se expresaron
Los alumnos no deben ser víctimas educativas ni sociales del coronavirus y nadie pretende que paguen esta nefasta situación repitiendo el curso si no lo merecen. Pero para lograr un consenso sobre el fin del curso académico se necesita mayor finezza política. Otros ministros socialistas como Rubalcaba, Gabilondo, aun queriendo el mismo final, hubiesen generado comisiones de trabajo acordadas por la Conferencia Sectorial y con la pluralidad de posiciones que en ella se expresaron.
Se está perdiendo una oportunidad de oro de terminar bien el curso en España. Con la imposición de esta nueva norma (recordemos: “la promoción será la norma general”) precisamente se contraviene la norma de promoción establecida previamente por Real Decreto y se ha transmitido el peor mensaje a la comunidad educativa: da igual el esfuerzo de los confinados docentes para trabajar con sus alumnos desde entornos virtuales de aprendizaje, plataformas y aplicaciones, da igual que las CCAA, como la Comunidad de Madrid, hayan hecho un esfuerzo ingente técnico e inversor en un tiempo récord para mejorar las comunicaciones educativas con instalación de mayor potencia de nuevos servidores e infraestructura tecnológica para permitir a profesores y alumnos trabajar mejor en este tercer trimestre tan anómalo, da igual que los alumnos se hayan esforzado con sus profesores y familias en reconstruir la vida académica desde casa si tienen todos por igual garantizada la promoción con carácter general.
Un final político
El sentido común aconseja comprensión y flexibilidad de actitudes, de calendarios, de valoración de los dos trimestres ya realizados, de exámenes, de evaluaciones, de aplicación del principio “en la duda, a favor del alumno”… pero haciéndolo compatible con no devaluar el trabajo y la dignidad de todo un curso académico que quedaría marcado por la sombra de sospecha de un final político. No va a ser fácil explicar las posiciones, sobre todo si son minoritarias, que no quieran contribuir a un final innecesario de nula exigencia; es un gran reto político que va a necesitar mucha convicción y pedagogía para convencer de que el esfuerzo beneficia y que el aprobado general hace daño.
