Poco importa que los partidos de la coalición decretaran este miércoles un 'apagón político' para evitar la confrontación durante el luto oficial en pleno apogeo de la tragedia de la DANA. La tragedia, que ha devastado Valencia y otros tantos territorios del litoral mediterráneo y provocado, al menos, 158 muertos, opera políticamente. El Gobierno ha decidido entrar en la guerra con el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón. Moncloa difundió una nota en la que achaca a las autonomías la responsabilidad del aviso a los ciudadanos: "La evaluación del peligro de una alerta corresponde a las administraciones autonómicas, puesto que el análisis concreto del riesgo se debe adaptar a múltiples factores (territoriales, urbanísticos, orográficos, etc)".
El presidente valenciano, señalado por la tardanza con la que llegó la alerta a los teléfonos -a las 20.00 del martes-, lleva un par de días intentado trasladar al Gobierno central la responsabilidad de esa dilación: “Las alertas que se han ido realizando desde el Cecopi [Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana], que es el órgano colegiado de todos, obedecen a los actos protocolozados y estandarizados [...] Es un protocolo previamente establecido y que, además, coordina la dirección general de Protección Civil del Gobierno de España". Según adelantó El País, el Gobierno sopesó declarar la “emergencia nacional” durante la primera reunión -la noche del martes- del comité de crisis, pero renunció para no quitarle el mando a Mazón, porque eso hubiera implicado despojar de autoridad al presidente autonómico y asumir el mando del operativo. Moncloa no consideró que la Generalitat hiciera hasta ese momento un gestión incompetente.
Dar a una emergencia la categoría “de interés nacional” es una prerrogativa del ministro del Interior. Puede hacerlo por propia iniciativa o “a instancia de las comunidades autónomas o del delegado del Gobierno” de la zona afectada. El presidente Carlos Mazón no pidió la declaración. De manera que al Gobierno solo le quedaba la opción de hacerlo por su cuenta. Pero esa decisión, que podría haberse interpretado como un 155 en materia de seguridad y emergencias, podría haber provocado un choque de competencias y entre administraciones. Precisamente por ello, la propia ley prevé que “cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la comunidad o comunidades autónomas afectadas” por medios que no retrasen su puesta en marcha.
La respuesta del Ejecutivo al intento de Mazón de señalarles es contundente: "Además de las alertas hechas públicas los días previos y el propio día 29 de octubre por [la AEMET y las confederaciones hidrográficas], el servicio autonómico de emergencias y protección civil ha contado en todo momento con acceso a la información automática y con la posibilidad de solicitar aclaraciones, precisiones o ampliaciones de cualquier información que hubiera podido ser requerida. Lo que en ningún caso pueden hacer AEMET ni las confederaciones es tomar las decisiones de gestión del riesgo que competen a protección civil. Todas estas previsiones e instrumentos permitían anticipar los riesgos a los que se hacía frente. La información está disponible siempre de forma automática". Ahora, tras la el cruce de navajazos entre administraciones y la visita de Pedro Sánchez a Valencia, Mazón ha solicitado al Gobierno que despliegue más unidades del Ejército en Valencia y ha añadido línea directa de Interior en el operativo autonómico.
Los socialistas ya se preparan para atacar al presidente valenciano una vez termine el apagón político. En privado, descatados dirigentes del PSOE señalan a Mazón por haber desmantelado la Unidad de Emergencias Valenciana. Moncloa llevaba también un par de días lanzando mensajes velados sobre la responsabilidad de la Generalitat, a la que, consideran, le toca asumir las consecuencias. En cualquier caso, cabe perguntarse por qué apuntan ahora a Mazón cuando, en su momento y ante la posibilidad de declarar la emergencia "de interés nacional" para asumir el control, optaron por no hacerlo. Y es ahí, a la Generalitat, donde también apuntan los socios de izquierda del Gobierno en el Congreso. Podemos, sin ir más lejos, considera que “los mecanismos de previsión no funcionaron adecuadamente” y por ello solicita que se impulsen medidas para la depuración de responsabilidades políticas. El líder del PP ha salido en defensa de su barón y ha cerrado filas con él.
El equipo del presidente del Gobierno quiere que el foco lo siga teniendo por el momento el dirigente popular, en tanto máximo responsable de la Generalitat. Aunque la visita de Sánchez es un gesto de colaboración. El PP lleva semanas apremiando al Gobierno a convocar una conferencia de presidentes autonómicos. Fuentes del entorno del presidente explican que el autonomismo del PP debe ser coherente. Moncloa tampoco tiene intención, mientras esté activo el gabinete de crisis, de convocar un consejo de ministros extraordinario. El Gobierno mantiene desde este martes 1.116 agentes de la UME desplegados en las zonas afectadas, a los que se suman 200 efectivos del Ejército de Tierra, 1.800 de la Policía Nacional y 750 de la Guardia Civil, además de 334 vehículos, aviones y helicópteros.
