La Fiscalía española atraviesa una situación "inédita" que afecta directamente a la imagen e independencia de la institución. La imputación de Álvaro García Ortiz ha propiciado un aumento notable de apoyos entre los miembros de la carrera fiscal para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio. Ejemplo de ello es la encuesta realizada por la Asociación de Fiscales entre sus miembros, cuyo resultado ha arrojado una clara unanimidad ante la necesidad de cambiar el estatuto interno de la institución para propiciar una mayor independencia respecto del Gobierno.
La presidenta de la AF atiende a Vozpópuli y defiende la necesidad de impulsar una remodelación profunda del estatuto orgánico de la institución. Entre otras cosas, Cristina Dexeus destaca como "urgente" mejorar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado o la necesidad de "dar más poder al Consejo Fiscal para que haga de contrapeso". Este menester es imprescindible para contrarrestar la figura del máximo representante de la institución y blindarla ante las injerencias de los políticos.
"Siempre hemos considerado que la forma de nombramiento del Fiscal General del Estado le vincula en exceso al Gobierno que lo nombra. Por tanto, hay que poner cotas para evitar injerencias por parte del poder político en la Fiscalía. Respecto al organigrama interno, siempre hemos considerado que el fiscal general del Estado tiene un poder excesivo", sentencia Dexeus. Sobre este último punto, la presidenta de la Asociación de Fiscales entiende que habría que avanzar hacia un modelo fiscal donde se garantice, bajo su propio estatuto orgánico, la posibilidad de exponer en su seno una "oposición a la orden recibida".
Cese del fiscal general
De tal forma que el poder del fiscal general no sea absoluto y que el debate interno tenga un mayor protagonismo en el seno de la cúpula fiscal. Para ello, habría que "desarrollar de una manera más específica que el Consejo Fiscal tuviera más amplias funciones y que tuviera en ocasiones un poder más relevante". Asimismo, Dexeus defiende la inclusión de una cláusula preventiva para poder cesar al máximo representante ante infracciones graves: "Yo creo que dentro del estatuto debe estar claramente reflejado como posible causa de cese, por ejemplo, que el fiscal general del Estado sea investigado penalmente por el Tribunal Supremo".
Cabe recordar que dos de las tres asociaciones de fiscales han exigido de manera pública la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz. Esta posición entre los miembros de la carrera fiscal se ha recrudecido tras el reciente registro por parte de la UCO del despacho del fiscal general.
La Asociación de Fiscales emitió el pasado mes de octubre un comunicado en el que urgía a la totalidad de la carrera fiscal una "reacción" unánime ante la gravedad que supone que el Tribunal Supremo ordene el registro del despacho del máximo responsable del órgano. Por su parte, la Asociación de Profesional e Independiente de Fiscales, personada en la causa, presentó un escrito en el que solicitaba al alto tribunal suspender de sus funciones a García Ortiz.
Presupuesto propio para la Fiscalía
Por ello, y ante otras situaciones donde la imagen del Ministerio Público se ha visto perjudicada por las injerencias políticas, Cristina Dexeux incluye entre las prioridades a incluir en la futura modificación del estatuto órganico la aprobación de un presupuesto propio. "Para separar a la Fiscalía del Gobierno y del Ministerio de Justicia, consideramos imprescindible la existencia de presupuesto propio, que el Ministerio Fiscal tenga capacidad de gestión y pueda autorregularse como lo hace el Consejo General del Poder Judicial", añade la portavoz de la AF.
La modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal será clave para aprobar una futura reforma de la Ley del Enjuiciamiento Criminal que traslade la instrucción de casos penales a los fiscales. La reforma de la LECrim, impulsada en gran parte desde el Ministerio dirigido por Félix Bolaños, necesita el amplio apoyo de la carrera fiscal para seguir adelante.
De momento, la asociación mayoritaria de fiscales (AF) no apoya dicha reforma. Según describe su presidenta a este medio, en un momento donde la independencia y la imagen del órgano están en tela de juicio, no sería conveniente. "En este momento, casi es preferible que no… Pese a ser defensores de la cualificación de los fiscales para llevar la investigación penal de los delitos, lo cierto es que, como institución ahora mismo estamos en un momento muy convulso, muy crítico. Consideramos que ahora mismo no es el momento. Lo que precisa es, previo a esa reforma, un nuevo estatuto de armonía". Dexeus defiende impulsar modificaciones de gran calado para que la ciudadanía vuelva a ver a los fiscales como profesionales imparciales.
