Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su inesperada decisión de no acudir a la Comisión de Justicia del Senado el próximo 4 de diciembre. Alegando "compromisos ya agendados", Ortiz ha declinado comparecer para presentar la Memoria de la Fiscalía General correspondiente a 2023 y responder sobre las múltiples polémicas que rodean su gestión. Esta maniobra, que muchos califican como una "huida", ha intensificado la presión sobre el alto funcionario y ha puesto en evidencia una situación que amenaza con socavar aún más la confianza en las instituciones.
El desencuentro comenzó el pasado 24 de octubre, cuando el Senado solicitó a la Fiscalía General del Estado que propusiera fechas para la comparecencia de Ortiz. Casi un mes después, el 20 de noviembre, el Fiscal General ofreció dos posibilidades: el 4 de diciembre o el 18 de diciembre. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia comunicó que la comparecencia se fijaría para el 4 de diciembre por la tarde.
Sin embargo, apenas cinco días antes de la cita, Ortiz comunicó su "imposibilidad" de acudir, dejando al Senado sin respuestas claras sobre los compromisos que le impedirían cumplir con su obligación institucional. Además, no ofreció alternativas para comparecer antes de que concluya el periodo de sesiones, aplazando cualquier posible comparecencia al año siguiente. Este movimiento ha generado indignación entre los grupos parlamentarios, que ven en esta decisión una estrategia deliberada para eludir el escrutinio público.
Un cargo bajo presión: las polémicas de Álvaro Ortiz
Ortiz enfrenta una serie de escándalos que han puesto en duda su idoneidad para el cargo. Desde acusaciones sobre favoritismo en los nombramientos hasta críticas por supuestos intentos de interferir en ciertas investigaciones, la gestión del Fiscal General se encuentra rodeada de sospechas que eludir una comparecencia no ayudará a disipar.
Entre las cuestiones clave que esperaba abordar la Comisión de Justicia se encontraban: Criterios de actuación, explicaciones sobre cómo la Fiscalía promueve la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y el interés público; política de nombramientos, es decir, transparencia en los procesos de designación de altos cargos dentro del Ministerio Fiscal; independencia judicial, medidas adoptadas para garantizar que la Fiscalía actúe de manera autónoma, lejos de presiones políticas; y, por último, el principio de legalidad e imparcialidad, es decir la justificación de decisiones polémicas que han suscitado dudas sobre la equidad de la institución.
Estos puntos, reclamados por el Partido Popular, pretendían arrojar luz sobre lo que describen como "una gestión plagada de irregularidades".
"Se ríe de las instituciones y de los españoles"
La negativa del Fiscal General ha sido interpretada como una falta de respeto a la Cámara Alta y, por extensión, a la ciudadanía. Desde la oposición, el portavoz de Justicia del PP calificó la maniobra de Ortiz como un acto de "desprecio absoluto" hacia el Senado, al que debía rendir cuentas. "El Fiscal General se ha reído de las leyes, del Código Penal, de sus compañeros y ahora lo hace de todos los españoles escapando de la Cámara Alta", afirmó.
Por su parte, desde el Gobierno, se han limitado a reiterar que Ortiz mantiene su "total disposición para colaborar con el Senado en el futuro". Sin embargo, este argumento no ha convencido a la oposición ni a gran parte de la opinión pública.
Un daño colateral para el Gobierno de Sánchez
La polémica gestión de Álvaro Ortíz no solo ha puesto en jaque su propio futuro político, sino que también amenaza con salpicar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como "fiscal de confianza" del presidente, Ortiz es percibido por muchos como un instrumento clave en la estrategia judicial del Gobierno. Por ello, las acusaciones sobre su falta de transparencia no solo afectan su credibilidad, sino que también avivan las críticas hacia Sánchez, acusado de instrumentalizar las instituciones judiciales para fines políticos.
Además, el silencio del Ejecutivo ante la "huida" de Ortíz del Senado ha generado inquietud entre los aliados parlamentarios del Gobierno. "Cuando Sánchez y su ministro 23 se ven rodeados, actúan de la misma manera: huyendo de la democracia y de la rendición de cuentas", criticó un senador de la oposición.
A pesar de su intento de esquivar la comparecencia, el Fiscal General no podrá evitar rendir cuentas de manera indefinida. Las fuerzas de la oposición han prometido intensificar su presión, tanto en el ámbito parlamentario como en los tribunales, para asegurar que Ortiz responda por sus acciones.
