El PSOE vive a costa de las subvenciones públicas que ya han tocado techo, porque, aunque Pedro Sánchez ostenta el Gobierno, se ha reducido su peso electoral en el resto de administraciones públicas. Y lo mismo parece suceder con los ingresos considerados privados por la minoración de afiliados y altos cargos que pasan parte de sus nóminas al partido, una especie de peaje por el desempeño, y también por la falta de apoyo financiero del capítulo de las donaciones que declara y que en otro tiempo sustentaron al partido (también a las demás formaciones).

De los donativos a los partidos se cuestionó hace unos años su dudosa legalidad y falta de transparencia ante la amplia presencia en aquel momento de empresas con contratos públicos. Por ello, se formuló una Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos sobre la que el Tribunal de Cuentas no cesa en pedir cambios permanentes ante la dificultad de fiscalizar sus cuentas.

Según la información que figura en la Memoria económica que acompaña a las cuentas anuales de 2023 (últimas disponibles), el PSOE sólo manifiesta recibir 284.854 euros por las donaciones realizadas al partido mientras que en 2017, año en que Sánchez se confirmó como secretario general socialista en el 39º Congreso Federal, los ingresos alcanzaron los 560.913 euros. Es decir, o no declara todo lo que llega o la caja de las donaciones se ha reducido a la mitad durante estos últimos seis años quizá como resultado de un descenso de confianza. Es más, en 2018, en el primer año de Sánchez en La Moncloa tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, se produjo una brutal caída del 72% hasta casi 158.879 euros, que se ha ido recomponiendo hasta llegar sorprendentemente a 837.506 euros en el año de la pandemia y de la coalición de Gobierno con Podemos (2020).

De cualquier forma, se han ido produciendo altibajos importantes en estos ingresos ya que en 2021 de nuevo sufrieron un batacazo al bajar hasta los 197.829 (-76%) para aproximarse a los 220.000 euros en 2022. Muy lejos quedan los récords de las donaciones que el PSOE registró oficialmente en los años previos al último cambio de la Ley de Financiación (en 2013 alcanzó los 3,5 millones) que amplió la relación de sujetos que no podían financiar las actividades de los partidos políticos por recibir aportaciones de las Administraciones Públicas, así como empresas privadas en general y sobre todo de las que prestan servicios o realicen obras en las Administraciones e incluso por sus empresas participadas mayoritariamente y sus fundaciones. 

Esos 285.000 euros donados en 2023 representan sólo el 0,3% de los ingresos anuales por la actividad ordinaria del partido (85,7 millones) y casi el 1% del total de ingresos privados. Es más, el PSOE obtiene casi diez veces más recursos vendiendo lotería (2,6 millones). Lo mismo sucede con otros ingresos de origen privado: recauda el doble por el arrendamiento de inmuebles (511.464 euros) o de sus casetas de venta de recuerdos, camisetas y gorras en los congresos y asambleas (522.814 euros). 

Todas las donaciones (y también legados) computados corresponden a personas físicas y son de naturaleza privada. Curiosamente, la mayor parte de estas aportaciones en 2023 viene de la Comunidad Valenciana en la que el PSOE perdió el gobierno en las últimas elecciones autonómicas. La federación de esta región aporta casi el 40% de las donaciones (112.000 euros) cuando el año pasado aparecía con 33.400 euros y, por ejemplo, sólo 9.400 en 2017. Le sigue País Vasco, con el 19% de las contribuciones (55.104 euros) y Madrid, la federación más importante por su ubicación cercana al Gobierno Central, aparece en tercer lugar con menos del 9% de las donaciones (25.440 euros).

Hace un año, la federación que dirigía el dimitido Juan Lobato nutría a las arcas socialistas con 91.303 euros procedentes y era la que más aportaba (42% de la recaudación). Se ha producido, por tanto, un descenso de donaciones del 72% en el último año. Históricamente, las comunidades de País Vasco, Aragón o Cantabria han sido las más generosas en este apartado. En todo caso, las aportaciones declaradas se han ido minorando a medida de que el PSOE ha ido perdiendo terreno electoral. Lo que significa que sólo funcionan estos ingresos oficiales cuando se toca el poder y a la inversa. 

Una financiación controvertida

La Ley de Financiación de los Partidos Políticos permite en la actualidad donaciones a las personas físicas con un límite de 50.000 euros por persona  y año, no pueden ser anónimas, revocables ni finalistas. Debe comunicarse el detalle (NIF y nombre del donante) y los ingresos, que tienen realizarse en una cuenta específica, han de ser destinados exclusivamente a actividades propias del partido. Pero, el Tribunal de Cuentas sigue reiterando incumplimientos en sus sucesivos informes y pide cambios que no llegan. Por ejemplo, sigue habiendo formaciones que no ingresan las donaciones en una cuenta específica; faltan antecedentes, datos y justificación que necesitan ser requeridos y que tardan en llegar o no se realizan; muchos registros de las anotaciones son incorrectos y la partida se incluye a veces como gasto; hay donantes no identificados; no se han podido verificar la realidad de los saldos; o los registros contables se realizan mediante asientos con importes agrupados que dificulta la identificación y la procedencia.

Además, se han detectado casos en que han aparecido personas jurídicas como donantes (en los casos detectados) e incluso donaciones finalistas (para una determinada actuación). Por ello, entre otros cambios, el auditor público pide que se regulen los mecanismos para identificar las donaciones y los microcréditos “on line” y realizar “una verificación clara y segura” de la identidad mientras demanda una declaración jurada por parte del donante de “no ser parte de un contrato vigente con el sector público” en el caso de donaciones a partir de 25.000 euros, que es el importe a partir del cual dichas donaciones deben ser notificadas al Tribunal de Cuentas.

Laguna jurídica

Aunque en teoría las empresas no pueden realizar donaciones, sobre todo las que tienen relación con el sector público, existe una laguna jurídica que permite las aportaciones legales. La Ley del Régimen Electoral de 1985 establece que “ninguna persona física o jurídica puede aportar más de 10.000 euros” a un partido político “para recaudar fondos en las elecciones convocadas”. Por tanto, esta Ley permite a las empresas aportar hasta 10.000 euros para que los partidos puedan financiar sus campañas electorales. Por ejemplo, en la Memoria económica de Vox de 2023 aparecen 234.064 euros por “donaciones electorales”. En todo caso, la transparencia de los partidos en esta materia deja bastante que desear. Y es imposible saber el alcance de las donaciones privadas reales porque el auditor público sólo comprueba los datos que le facilitan los partidos mientras siguen apareciendo casos de uso de dinero B o de efectivo sin aclarar o computar.

Según el último informe de fiscalización completo del auditor público (2019), el conjunto de los partidos políticos sumó 8,2 millones en donaciones. De 2023, es el PP quien más donativos dice recibir: 302.774 euros frente a los 129.567 del año anterior en que Feijóo llegó a la presidencia del partido. El suelo de ingresos de los populares fue en 2020, con sólo 3.120 euros declarados, y el techo, con Rajoy en La Moncloa, se produjo en 2015 con 831.000 euros.

Junts, el partido de Carles Puigdemont, señala que ha obtenido 216.847 euros en el año en que Sánchez inició la amnistía a los participantes en el ‘procés’ para lograr su apoyo en la investidura, frente a los 34.235 del año anterior. Sumar, el grupo de Yolanda Díaz, manifiesta haber recibido 213.053 euros; Vox se queda en los 117.723 euros (más esos 234.000 por donaciones electorales) frente a los 150.263 en 2022; el PNV consigue 82.753 euros frente a los 13.264 del año precedente; y ERC consigna 58.125 euros frente a los 116.083 del ejercicio anterior. Por su parte, EH Bildu no declara donaciones y no existen datos de Podemos ni, por ejemplo, de IU.

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