En España, a finales del septiembre de este año, trabajaban en el sector público 3.540.800 personas de un total de 18.665.000 asalariados. Son casi el 19% del total, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El 42,76% eran hombres y el 48,27%, mujeres. En 2018, poco después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno, había 3.167.500 personas empleadas en el sector público, el 19,27% de todos los trabajadores por cuenta ajena. En ese año, el 44,45% eran hombres y el 55,55%, mujeres.
Son 373.300 trabajadores más en términos absolutos o lo que es lo mismo, el 11,78% en términos relativos. Hace diez años, el sector público representaba el 20,3% de la fuerza laboral española y hace veinte años, el porcentaje era casi igual que en la actualidad: el 19,1%. No ha habido grandes modificaciones. Las que se han producido derivan en su práctica totalidad del desarrollo del título octavo de la Constitución acerca la organización territorial de Estado.
El artículo 137 de la Constitución de 1978, incluido en el capítulo primero de ese título octavo, dice textualmente que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
Pues bien, estos son los resultados de la nueva configuración del sector público en los últimos veinte años con datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre y, por extensión, de los anteriores años. A cierre del tercer trimestre de este año, casi seis de todos los trabajadores del sector público realizaban su tarea en las Comunidades Autónomas, otros dos más, en las Corporaciones Locales, el 15% en la Administración Central y el 5% en empresas o instituciones públicas. El resto, apenas, 47.500 personas, se reparten entre la Seguridad Social y “otros”.
Según la EPA, 2.071.600 personas de los 3.540.800 que trabajaban en el sector público, el 58,5%, lo hacían en algunas de las 17 comunidades autónomas en las que está vertebrada España. En el año 2018, justo cuando Pedro Sánchez acababa de acceder a La Moncloa al obtener la mayoría en una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había “solo” 1.790.500 trabajadores, el 56,53%.
Si volvemos la vista algo más atrás, las estadísticas no recuerdan que en el año 2014, hace exactamente diez años, en las comunidades autónomas prestaban sus servicios 1,59 millones de trabajadores, el 54,3% de todos los empleados públicos. Pero, vayamos aún más atrás. En 2004, hace veinte años, había 1,266 millones, “apenas” el 44% del total. En veinte años el empleo en las autonomías ha aumentado en 14 puntos porcentuales y en diez años, en cuatro puntos.
Buena parte de estos incrementos están íntimamente vinculados con el traspaso de diferentes competencias que antes estaban en manos de la Administración Central a los gobiernos autonómicos. Son los casos de las de educación y las de sanidad, entre otras, y dependiendo del “grado” de autonomía de cada una de las comunidades. La fuerza laboral de las CC AA ha crecido un 63,6% en los últimos veinte años, un 30,35% desde 2014, y un 15.7% desde 2018.
Es por eso que la Administración Central ha perdido en los últimos diez años más de 7.700 efectivos laborales, o lo que es lo mismo, el 1,4% de su fuerza laboral. En el año 2014, en el tercer trimestre, trabajaban en sus dependencia 541.000 personas. Otra cosa es que desde 2018, desde la llegada de Pedro Sánchez, se haya incrementado en 16.000 trabajadores, un 3,1%. En el año 2004, hace veinte años, prestaban sus servicios 489.300 trabajadores. Eran el 17% de todo el sector público. Llegaron al 18,5% diez años después y son el 15%.
Las otras grandes beneficiadas de la transferencia de responsabilidades han sido la corporaciones locales: ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos insulares. Suponen ya casi el 20% del empleo público, aunque hayan perdido un punto porcentual de peso relativo desde el año 2014 en beneficio de las comunidades autónomas. Emplean a cerca de 701.000 trabajadores, cuando en el año 2004 rondaban los 600.000. Es un crecimiento del 16,8% en los últimos veinte años y del 3% desde la llegada al poder de Sánchez.
El tercer subsector público es el configurado por las empresas e instituciones públicas, con 181.100 personas. Representan el 5,11% de todo el sector público en cuanto al empleo, pero hace 20 años, con 206.000, suponían el 7,16%. La fuerza laboral se desplomó entre 2004 y 2018 en 67.000 trabajadores, pero ha vuelto a repuntar con el actual Gobierno de coalición: 42.000 trabajadores más
cvidosa
02/01/2025 11:43
Lo que deben hacer las comunidades, es exiguir que las sedes fiscales de las empresas de sus territorios tributen en su comunidad, muchas dejarán de ser pedigueñas, y el motor economico que alardea Mandril , verámos cuan gripado está, Ence, contamina la ria de Pontevendra, quiere expropiar miles de hectareas de garanjas familiares, para plantar eucaliptus, pero paga los impuestos e Mandril ASrcelor, contamina todo el norte de España, en especial Gijón, pero paga en Mandril Endesa no tiene ni un solo cliente ni centro productivo en Mandril pero paga los impuestos en Mandril etc etc y así milles de empresas
Talleyrand
02/01/2025 13:20
Falta urgente un Milei. Todo este festival de colocaciones se paga con impuestos y deuda publica. Que lejos quedan los funcionarios de carrera y las temibles oposiciones!!! Es la base del sistema clientelar montado por la partitocracia. Imposible sanear el pais sin limpiar todo esto. Ademas cada dia mas incompetentes: Listas de espera en la sanidad, cita previa para casi todo, millones teletrabajando...., justicia que se dirime en decadas.... corrupcion administratiuva por doquier,,,,y seguimos montando el multiestadito imposible de pagar porque nadie se atreve a decir a los ciudadanos la verdad: ESto no se aguanta.