El magistrado Francisco de Jorge ha incoado diligencias previas para investigar la presunta implicación de Arnaldo Otegi en el asesinato del directivo de Michelin Luis Hergueta en junio de 1980. El instructor admite a trámite la querella interpuesta por Dignidad y Justicia contra el actual líder de EH Bildu por facilitar a ETA información del empresario que facilitó el atentado.
Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acuerda la incoación de diligencias para investigar estos hechos. La querella se dirige contra Otegi y también contra su entonces superior jerárquico dentro de ETA, José Aulestia Urrutia (alias 'Zotxa') por delito de asesinato terrorista.
El magistrado da traslado de su auto a la Fiscalía, la cual archivó hace unos meses estas diligencias preprocesales al considerar que los hechos estaban prescritos. El magistrado, por su parte, no entra en lo relativo a la prescripción, pero entiende que se deben practicar las diligencias necesarias a esclarecer la "naturaleza y circunstancias de los hechos" así como "las personas que han intervenido".
Querella contra Otegi
Además, se requiere informe sobre el sumario que se instruyó en este juzgado en 2005 relativo al secuestro de quien fuera director de Michelin en Vitoria, Luis Abaitua. Ambos casos están estrechamente ligados puesto que la banda asesinó a Hergueta a raíz de la información que facilitó Abaitua durante los nueve días que permaneció secuestrado por ETA.
La querella precisa que, teniendo en cuenta que Otegi participó en este secuestro, tiene implicación directa en el asesinato del directivo de la multinacional, a quien la mañana del 25 de junio de 1980 tres personas sin identificar le pegaron dos tiros en la cabeza.
El juzgado quiere recabar los informes de la Guardia Civil que no han visto la luz al archivarse las diligencias de la Fiscalía y que vendrían a señalar a Otegi por su implicación en el atentado de ETA. En concreto, la Fiscalía precisó en una nota de prensa que las diligencias que abrió sobre Hergueta en el año 2020 se archivaron por dos motivos: porque los hechos estaban prescritos y porque del oficio del Instituto Armado "y que tiene carácter reservado", no se había podido determinar qué personas concretas participaron en la autoría material del atentado.
Sin embargo, la querella interpuesta por la asociación que preside Daniel Portero pide que se deje de lado el estudio de la prescripción de los delitos, teniendo en cuenta "el derecho a la verdad legalmente reconocida a toda víctima del terrorismo". Al hilo la querella expone que el cierre de la investigación que dirigía la Fiscalía, "priva a la víctima o sus familiares y se les veda la posibilidad de agotar cuantas posibilidades puedan resultar útiles para alcanzar la verdad material".
La ETA p-m
La querella relata que ETA reivindicó el atentado un día después de su comisión vía comunicado. En el texto expuso que Hergueta había sido "máximo responsable de la represión contra los trabajadores" de la empresa Safen (Sociedad Anónima para la Fabricación en España de Neumáticos Michelin) en sintonía con lo publicado en las publicaciones de ETA p-m (Hautsis) en las que se evidencia la campaña que impulsó entonces la banda terrorista contra empresarios y grandes directivos del País Vasco y Navarra.
De hecho, también se hizo eco del secuestro de Abaitua, en el que participó Otegi, y al respecto determinan que el mismo sirvió para proceder contra el empresario asesinado. "Que Luis Abaitua Palacios está siendo sometido a interrogatorio con el fin de determinar las posibles responsabilidades delictivas en las que el propio arrestado y otros dirigentes y cuadros intermedios de Michelin hubieren podido incurrir en la política antiobrera y represiva desarrollada por esta empresa en los últimos años", reza una de las publicaciones.
La querella determina que se acreditaría de manera indiciaria la participación de Otegi (alias 'El Gordo) y de su superior jerárquico José Aulestia Urrutia (alias 'Zotxa') puesto que extrajeron toda la información sobre el directivo señalado por la banda terrorista al que terminaron asesinando de un disparo.
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Chus
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LA IMPUNIDAD ENMASCARADA DE LOS FISCALESS EN ESPAÑA TIENE EL EFECTO DE HACER POSIBLES LOS GRAVÍSIMOS DELITOS DE TODO TIPO QUE COMENTEN LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN ESPAÑA. La Impunidad se basa en el DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Un delito leve, que ampara delitos terribles. Ese ENCUBRIMIENTO (los Funcionarios Públicos y las Autoridades siempre serán sujetos activos del mismo, con independencia de otras circunstancias) supone OCUPAR EL MÁXIMO NIVEL EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PROTEGIDA POR EL FISCAL -O JUEZ- CORRUPTO, es decir, la máxima penalidad. Porque sin el ENCUBRIMIENTO DEL FISCAL -o del Juez- LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL NO EXISTIRÍA, y los delitos que continúa perpetrando, no habrían tenido lugar. EN ESPAÑA ESTAMOS INDEFENSOS NTE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL. Que es, precisamente, donde en la actualidad actúan las organizaciones criminales: Captando Jueces y, sobre todo, fiscales. Eso afirman en la ONU -al menos- desde la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Trasnacional, del año 2000.
ma
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Se te ve el plumero, funcionario. ¿No te da vergüenza?, qué poco inteligentes sois.
Chus
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Código Penal, Art 451, 3.º: Delito de Encubrimiento (autoría): Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o Reina, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.