El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ido este miércoles un paso más allá en su apuesta por la regeneración democrática y ha planteado una reforma legal para que los parlamentarios “encausados” por corrupción se vean obligados a entregar el acta. Una medida que chocaría con la presunción de inocencia de los implicados.

El propio Rivera ha admitido en rueda de prensa que hay juristas que dudan de la viabilidad de esa retirada del acta a un cargo electo en las Cortes. Así, ha manifestado que “sabemos que hay quien afirma que el Tribunal Constitucional nos dirá que esto no lo podemos hacer, pero queremos abrir este debate jurídico”, ha enfatizado.

Hasta ahora, Ciudadanos había propuesto pedir el escaño un paso antes, es decir, a aquellos parlamentarios “imputados o investigados” en delitos relacionados con la corrupción. Así, consta en el acuerdo que firmó con el PP de cara la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, el partido centrista rebaja ahora el tiro y habla de “encausados”. Rivera ha explicado que “al margen del pacto político”, donde se enmarcó su referencia a “imputados”, el propósito de Ciudadanos es que “pueda haber  jurídicamente un punto tangible para atacar a aquellos que se quedan el escaño”. Una norma, ha destacado, para “echar a los que se atrincheran, se atornillan en el escaño como tránsfugas o imputados”. “Hay que proteger a los ciudadanos de los que se quedan el escaño”, ha apostillado.

Ciudadanos había propuesto pedir el escaño un paso antes a aquellos parlamentarios “imputados o investigados” en delitos relacionados con la corrupción

En concreto, Rivera ha puesto el ejemplo de la exsenadora popular Rita Barberá -ahora en el Grupo Mixto de la Cámara Alta- a quien el Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento penal por un presunto delito de blanqueo en el ‘caso Imelsa’. Pero la exalcaldesa de Valencia todavía no se encuentra formalmente imputada (o investigada, según la nueva terminología jurídica). Podría estarlo una vez que el magistrado Cándido Conde-Pumpido, designado instructor, la cite a declarar ante el TS en tal condición. Si Barberá renuncia el acta, dejará de estar aforada y su caso pasará del Supremo al juez de Valencia.

Rivera ha planteado dicha medida en la presentación en el Congreso de una proposición de ley contra la corrupción, elaborada con el apoyo de entidades de la sociedad civil como No hay Derecho, Fundación Civio, Politikon, +Democracia o Foro por la Transparencia, entre otras.

"La corrupción no es intrínseca"

Esta iniciativa tiene, según el líder de C’s, tres objetivos: “Devolver la confianza a los españoles, desmentir el mito de que la corrupción es algo intrínseco a España (no nos ha caído una maldición) y acabar con el segundo problema de los españoles”, ha comentado. Redactada como una ley ómnibus, es decir, que toca diferentes normativas, supone “un obús a la línea de flotación de los que han querido que la corrupción siga instalada en la vida política”, ha recalcado Rivera. “Otro motivo más para que tengamos gobierno antes del 30 de octubre”, ha añadido.