La Federación del Taxi de Madrid ha recurrido la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que recientemente le denegó la adjudicación de cinco mil licencias de Vehículos de Arrendamiento con Conductor (VTC) y de manera paralela ha pedido al Gobierno regional que deje de dar este tipo de permisos que utiliza UBER para prestar servicios en Madrid.
El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha otorgado en los últimos meses un total de 72 licencias VTC, que son las que están utilizando los vehículos de UBER en España y en concreto de Madrid. La Federación ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de no concederle las cinco mil licencias ante la dirección general de Transportes de la consejería del mismo ramo.
Fuentes de esta asociación indicaron que la petición de estos permisos fue una decisión estratégica para luchar contra la adjudicación de coches a UBER “que puede destrozar el sector”. Hoy está prevista una reunión del sector con el consejero de Transportes, Pedro Rollán, en la que se pretende analizar la situación del taxi y reclamar que se concrete la regulación de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTCs), fórmula que emplean multinacionales como la plataforma UBER.
Sanz denunció "la persecución y el acoso" que sufren desde hace años por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
La petición se produce tras una reunión celebrada entre la Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial del Taxi, Asociación Madrileña del Taxi, Elite Taxi Madrid, Uniatramc, Sociedad Cooperativa del Taxi, Radio Teléfono Taxi y Radio Taxi Independiente.
El acuerdo que tomaron de forma unánime las asociaciones incluye exigir a la Comunidad de Madrid que defina "un distintivo que identifique de forma clara y de forma obligatoria a los VTC, a fin de facilitar su control y el debido cumplimiento de la normativa en vigor".
También piden que se les comunique "el número de solicitudes pendientes de posible adjudicación, que estén en procedimiento judicial y sean susceptibles de ser concedidas". Los taxistas reclaman que la Comunidad de Madrid "agote el procedimiento judicial llegando hasta las últimas instancias", es decir, al Tribunal Supremo, y que "no sean concedidas más autorizaciones VTC sin agotar ese procedimiento".
En la actualidad, el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) establece que los VTC no pueden circular en busca de clientes que no hayan sido previamente contratados. Julio Sanz, presidente de la Federación, explicó que "al no quedar definido dónde debe estar el vehículo cuando no está de servicio, desde la vuelta de UBER los VTC realizan un servicio paralelo al del taxi, esperando en aeropuertos, estaciones o locales nocturnos, faltándoles solo ponerse el cartel de taxi pero teniendo muchas menos obligaciones fiscales".
Sanz denunció "la persecución y el acoso" que sufren desde hace años por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que "pretende la completa desregularización de las VTC al haber recurrido la normativa que limita el número de autorizaciones de VTC, determina la obligación del vehículo de conseguir previamente al cliente y limita su actividad a la comunidad autónoma en la que esté domiciliada".
