El Consell de la República que impulsó Carles Puigdemont desde Waterloo nació vinculado a una fundación que, según la Guardia Civil, se habría empleado como instrumento de esta entidad del expresidente catalán a la par que habría servido también para financiar sus actividades. Así lo concluye la Guardia Civil tras analizar las escuchas y teléfonos de dos empresarios a los que se les investigó al inicio de las pesquisas contra la plataforma de Tsunami Democràtic.

De sus informes se desprende que la Fundació Nord se constituyó para desarrollar un entorno virtual para la futura república catalana. El sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que la entidad sin ánimo de lucro actuó por hacerse con contratos y una subvención de hasta 5.000 euros con entes afines al independentismo, como el ayuntamiento y la Diputación de Gerona.

Los agentes llegaron a esta fundación durante el análisis del proyecto Vocdoni, con el que se buscaba impulsar la república digital. Uno de los integrantes de este proyecto, Jordi Baylina, resultó estar detrás también la Fundación Nord, que promovió de manera conjunta con Joan Matamala. Este empresario es una de las personas de confianza de Carles Puigdemont y está muy vinculado con el Consell de la República. De hecho, se le vincula a Llibreria les voltes, una fundación que también se habría utilizado para los mismos fines.

Un "instrumento" del Consell de Puigdemont

"Existen las sospechas de que la Fundación Nord se articularía como un instrumento más en manos del Consell per la República tanto para la búsqueda de talentos para participar en herramientas informáticas que colaboren con la instauración de la e-República, como para ser usada como medio de financiación de esos proyectos", recogió la Guardia Civil en el marco de sus pesquisas contra la plataforma de Tsunami Democràtic.

La finalidad de la Fundació Nord sería coadyuvar a la instauración de una república digital, uno de los objetivos del Consell per la República

Del perfil social en Twitter de esta fundación se desprende que colaboró en solicitar ayuda económica para la startup de Vocdoni a la par que dio publicidad a libros y otros escritos que abogan por la política digital que reivindica el Consell de Puigdemont. Los pinchazos telefónicos desvelaron que desde su misma creación en 2020 pusieron el foco en la búsqueda de financiación, advirtiendo la Guardia Civil de posibles irregularidades al respecto.

Así, figura una llamada entre Matamala y Alba Bosch, a quien se le atribuye la creación de los estatutos del consell local de Gerona. El empresario le traslada que es muy probable que canalicen dinero en la fundación a través de ampliaciones de capital, convirtiéndolo en participaciones. "Que no se pueda relacionar nunca una donación a una fundación con que después tengas un premio, pero esto no quiere decir que en un momento dado tú quieras darle un primero a quien quieras y esto hay que acabar de solucionarlo", le dijo.

En ese contexto se comenzó a fraguar la presentación oficial de la fundación. De las conversaciones analizadas se desprende que antes incluso de que se celebrara este evento, la entidad vinculada al entorno de Puigdemont ya había conseguido contratos con entes públicos catalanes. Otra prueba de su relación con los dirigentes independentistas reside en que se estaba posponiendo el acto inaugural con motivo de la agenda del entonces presidente catalán, Quim Torra, quien, según la Guardia Civil, iba a ser "el principal invitado" del evento.

La subvención de la Diputación

En ese tiempo los responsables de la fundación reclutaron al abogado Carles Pintor, también ligado al secesionismo catalán. Al respecto ambos hablan sobre un "probable fraude de ley" para constituir la fundación puesto que aunque se presenta sin ánimo de lucro buscarían obtener beneficio económico mediante la oferta del servicio tecnológico que desarrollan.

En paralelo, comenzaron a buscar financiación en entes públicos dirigidos por afines al independentismo. "Nos estamos presentando a un concurso por la Diputació de Girona que nos ayuda mucho...", trasladó Matamala a Bosch en otra llamada.

Matamala propuso al ayuntamiento de Gerona recibir 1.000 euros en tres facturas que, según la Guardia Civil, no dejaron de ser un "maquillaje contractual"

Precisamente los agentes sospechan que recibieron una subvención de 5.000 euros desde esta diputación, que también colaboró en la presentación del proyecto. Así se desprende de las llamadas que cruzaron la jefa de gabinete de la Diputación, Joana Vila, con Matamala. Ambos tratan de organizar la presentación del proyecto pese a los problemas generados entonces por la pandemia y acuerdan cerrar el monto de la ayuda, según la Guardia Civil.

"Se desconoce si finalmente podría tratarse de una subvención o recogerse dicho importe en algún contrato público", rezan los informes, los cuáles concluyen que es "cuanto menos llamativo" que se acordara el pago de la subvención. Al respecto recuerdan un extracto de la conversación en la que Vila le dice al hombre de confianza de Puigdemont: "Si me pidieras más te diría que es complicado".

Por el contexto de la conversación, añaden, queda claro que estos hechos son conocidos tanto por la jefa del gabinete como por el presidente de la Diputación, cargo que desde el año 2018 ostenta el también alcalde de Banyoles Miquel Noger i Planas, del partido de Junts.

"Voluntad de ayudar"

A los investigadores les llama la atención que la fundación se mueva ese sentido cuando no poseía todavía personal laboral contratado y tampoco estaba registrada oficialmente; por lo que no tenía personalidad jurídica. "La tecnológica todavía no tiene ningún trabajador porque no hemos podido terminar de estar
legalizados. Y, por tanto, pues todavía lo estamos aguantando todo desde la librería", reveló en otro momento dado Matamala, en relación a la otra fundación que también lideraba.

Igualmente contaron con el respaldo del ayuntamiento de Gerona a cuyo frente estaba entonces Marta Madrenas, también de la formación que lidera Puigdemont. Su jefe de gabinete, Carles Mulero, contactó directamente con Matamala para trasladarle su "voluntad de ayudar". Al respecto le pidió que cuantificara lo necesario, respondiendo el empresario que podrían hacer tres facturas de diferentes proveedores que no superaran el límite de pago en efectivo de 1.000 euros.

A juicio de la Guardia Civil, no se descartó que quisieran dejar constancia con las facturas de que también había habido otras propuestas. "No dejaría de ser un maquillaje contractual ofrecido directamente desde el Ayuntamiento para aparentar la existencia de concurrencia", alegaron.

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