La filial del grupo constructor español en México ha conseguido cerrar la investigación que estaba realizando el regulador bursátil del país azteca con una sanción administrativa de casi cuatro millones de euros. Una cifra importante pero muy inferior al coste del daño reputacional que a partir de ahora trata de afrontar OHL para recuperar su imagen corporativa y volver a concurrir en los concursos de concesiones de obras públicas sin sombra de sospecha.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana aseguró que no había podido constatar dolo o fraude en las actuaciones de la filial del grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir, aunque la sanción se refiere a irregularidades técnicas a la hora de contabilizar los niveles de tráfico de las autopistas, al no haber aportado la documentación exigida en el registro de algunas operaciones ni la totalidad de la documentación acreditativa del cumplimiento de las formalidades del proceso de autorización en las operaciones.
Pero es precisamente la exención de culpa en las supuestas prácticas de corrupción lo que más ha aliviado a la constructora española, que ha visto cómo las acciones de su filial en la bolsa azteca se han disparado un 10% desde que se conoció la sentencia de la resolución de la CNBV.
¿Por qué ha sido tan importante esta eximente? Por un lado, porque corrobora las conclusiones de EY, PwC y KPMG que, junto a la auditora Deloitte, coincidieron en señalar en sus informes que no existen prácticas corruptas en la filial de la compañía. Y por otro lado porque, en cierta forma, corrobora las sospechas de OHL de que todo se debe a una operación de desprestigio orquestada por algunos de sus competidores, con la intención de hundir su imagen.
¿Quién estaría detrás de esta treta? Pedro Topete, un empresario en conflicto permanente con las autoridades mexicanas, es la persona que se dedicó a divulgar denuncias e informaciones sobre la realidad de las cuentas de OHL en México, asegurando que estaban falseadas y no mostraban la realidad financiera de la compañía, según fuentes conocedoras de la operación.
La campaña orquestada por Topete tenía por único objetivo presionar a OHL México, a la que consideraba culpable de la pérdida de un sustancioso negocio que había montado con un sistema de medición de tráfico en las autopistas de peaje y que le fue retirado por las autoridades del Estado de México por fraudulento.
El empresario pretendía que la constructora española le comprase su sistema de medición por una cifra astronómica y ante la negativa de OHL, puso en marcha el operativo de extorsión. El modus operandi del empresario es aparentemente sencillo. Consigue concesiones administrativas para la explotación de servicios públicos para las que carece de medios suficientes para desarrollarlas y luego intenta vender esas concesiones a mayor precio a terceras empresas.
No es la primera vez que el nombre de Topete aparece relacionado en este tipo de artimañas. Recientemente ha sido imputado por fraude en la adjudicación de la autopista Rio de los Remedios-Ecatepec por falsedad en los documentos presentados. También está implicado en irregularidades en la concesión de la autopista Naucalpan-Ecatepec.
Topete se encuentra actualmente huido en Brasil, país que no tiene acuerdos de extradición, para evitar todas las investigaciones judiciales, incluidas las relacionadas con el caso de OHL México. Para la filial del grupo constructor español, este asunto ha supuesto un vía crucis que intentan dejar atrás para iniciar una nueva etapa, después de dos años en los que la sombra de la corrupción planeó sobre la empresa.
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