El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido que volver a rebuscar en sus archivos por culpa del caso Púnica. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, remitió el pasado 21 de enero un escrito a la Consejería de Cultura del Ejecutivo regional para que entregue toda la documentación que conserve sobre la financiación con dinero público en 2007 de un espectáculo musical bautizado Night of the proms. El magistrado ha tomado esta decisión tras pedírselo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que un año antes había elaborado ya un informe de cerca de 100 folios en el que se alertaba de las supuestas "irregularidades" detectadas en el convenio de colaboración que firmaron para organizar dicho concierto este departamento, la fundación de la sociedad pública Arpegio y Waiter Music SL, la empresa encargada de montarlo y que ya era investigada dentro de la causa por ser la destinataria de numerosas adjudicaciones sospechosas.
El pasado 21 de enero el juez envió a la Consejería de Cultura un mandamiento judicial para que se le entregue toda la documentación sobre dicho concierto
Según había declarado ante los agentes tras su detención en octubre de 2014 el propietario de esta mercantil, José Luis Huerta Valbuena, la decisión de organizar aquel evento fue del entonces 'número 3' de Esperanza Aguirre, el hoy encarcelado Francisco Granados, al que "le encantó la idea" cuando el empresario se lo propuso un día "tomando una copa". Más adelante Huerta, al que también se le acusa de pagar las fiestas de cumpleaños del político, cifró en cerca de 300.000 euros el dinero público que recibió por ello mediante dos subvenciones. Una cifra importante que llevó al juez Velasco a citar a declarar como imputada el pasado 14 de enero a una de las firmantes de aquel convenio. Se trata de Carmen Plata Esteban, que en el momento en el que se celebró el concierto era la gerente de la Fundación Arpegio, a través de la cual se formalizó un contrato de patrocinio por 139.000 euros.
Aquella declaración realizada hace 15 meses por Huerta fue la primera referencia en el sumario a un espectáculo que finalmente trajo a España en marzo de 2007 a Mike Oldfield, Tears for Fears, Gipsy Kings, Ana Torroja y un centenar de intérpretes de música clásica. Durante su testimonio, y después de que la Guardia Civil le preguntase por qué Waiter Music había facturado a Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, una sociedad pública encargada sólo de gestionar los terrenos de la Comunidad de Madrid, el empresario aseguró que dichos cobros estaban relacionados, precisamente, con dicho evento. El empresario afirmó entonces que la propuesta que hizo a Granados en aquel día 'de copas' cifraba en 525.000 euros el coste del mismo. Pese a lo elevado del mismo, el político le mostró su interés en que se celebrara en la Comunidad de Madrid.
A cambio de entradas
Tras firmar un contrato con una consejería, Huerta inició la venta de entradas, que, sin embargo, no alcanzó las cifras esperadas lo que le llevó a pedir "ayuda" a Granados para continuar adelante. "Es entonces cuando Francisco me pregunta cuánto me haría falta para cubrir los gastos, que serían entorno a 100.000 euros [finalmente fueron 139.000] y me pone en contacto con la directora de Arpegio", en referencia a Carmen Plata, que entonces era la gerente de la Fundación de dicha sociedad. Según señaló a continuación, con esta persona supuestamente llegó a un acuerdo y, tras firmar el contrato, le transfirieron el dinero. A cambio, tuvo que entregar "más de 2.000 entradas" que la Comunidad quería regalar "en conservatorios y locales similares".
Un auto del juez Velasco del 5 de febrero levantó el secreto de cinco documentos relacionados con la investigación de las irregularidades en la organización del evento musical
Huerta aseguró en su declaración que, finalmente, Waiter Music perdió 75.000 euros con la organización de aquel concierto. Meses después, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, afirmó que a aquel dinero recibido de Arpegio había que sumarle otros 180.000 que recibió en concepto de patrocinio de la propia Comunidad de Madrid, supuestamente de la Consejería de Cultura. En total, cerca de 320.000 euros. Sobre dicho convenio giró también el interrogatorio que el pasado 14 de enero el juez hizo a la exgerente de la Fundación. Según fuentes conocedoras del contenido del mismo, esta técnico justificó que se hubiera hecho dicho pago como contraprestación a que el logotipo de la empresa pública apareciera en la cartelería del concierto como patrocinadora. Otro directivo de la sociedad pública interrogado meses antes como testigo había admitido ante el magistrado lo excepcional de dicha subvención ya que Arpegio nunca había financiado eventos musicales.
A petición de la UCO
La declaración de la exgerente de la Fundación ha servido ahora de acicate a la investigación de este episodio de la Púnica, según revela el auto del pasado 5 de febrero con el que el juez Velasco ordenaba levantar el secreto sobre miles de folios de sumario. En dicho escrito judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, hay referencias explícitas a cinco documentos elaborados sobre la línea de investigación poco conocida hasta ahora. En primer lugar, el informe de la UCO fechado el 13 de enero de 2015 y de 93 folios de extensión en el que se detallan las supuestas "irregularidades [del] convenio de colaboración Arpegio, Consejería Cultura de la CAM y Waiter Music vinculados con la organización concierto 'The night of the Proms'. Dicho documento está incorporado al Tomo IX de la 'pieza separada' del sumario bautizada como 'Internacional' porque en la misma se incluye el contenido de diversas comisiones rogatorias y en la que se han ido incorporando todos los documentos que el magistrado quería mantener bajo secreto.
No vuelven a aparecer referencias a dicho espectáculo musical hasta el Tomo XXI, en el que se recoge un escrito de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 12 de enero por el que no se opone a la solicitud de la Guardia Civil de librar un mandamiento judicial al Gobierno regional "solicitando documentación" relacionada con dicho concierto. Nueve días después, y cuando ya había declarado la gerente de la Fundación Arpegio, se incorpora un auto del juez Velasco de tres folios en el que accede a la petición de los investigadores y ordena el envío de dicho mandamiento a la "Consejería de Turismo, Empleo y Cultura" de Madrid. El cuarto es, precisamente, dicho documento fechado ese mismo 21 de enero dirigido a la Comunidad con el encargo de que el expediente se remita a la UCO. El último es la declaración de la exgerente de la Fundación utilizada presuntamente por Granados para "ayudar" a cubrir los gastos de su caro 'capricho' musical.
