La cuenta atrás para que el juez Castro acuse a la infanta Cristina se dilata. El enfrentamiento entre las dos acusaciones ha forzado a pronunciarse a la Audiencia Provincial de Palma que deberá decidir si lo que definió como una misma “defensa técnica” significa que un solo procurador representa tanto a Manos Limpias como al Frente Cívico Somos Mayoría o si cada una de ellas puede ejercer por separado como pretendía el juez Castro. Sólo tras ese trámite, Castro dispondrá de luz verde para dictar el paso a procedimiento abreviado, algo que los abogados esperan en el plazo de dos semanas.
"La causa morirá en la Audiencia", sostienen todos los abogados
El Frente Cívico de Julio Anguita que se ha incorporado a la causa tras tres años de instrucción se ha enfrentado ya con la otra acusación popular ejercida por Manos Limpias desde que comenzó el caso. En un comunicado público, el Frente acusa a Manos Limpias de “animadversión” y de “intentar apartar a la organización del caso” y sostiene que “tiene su propia representación legal en la causa, a través de su procuradora, y en ningún momento ha concedido dicha representación al procurador de Manos Limpias”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma parece inclinarse porque sea un solo procurador el que las represente a ambas para evitar que se practiquen a estas alturas nuevas pruebas reclamadas por la formación de Julio Anguita y que podrían retrasar todavía más el cierre de la instrucción.
Tres pruebas en el aire
El Frente Cívico ha pedido al juez tres pruebas más antes de que cierre la instrucción: un batería de pruebas periciales, la ratificación caligráfica de que la firma de la infanta fue efectivamente hecha por ella y la validación de las actas notariales del Instituto Nóos. El portavoz del Frente, Ginés Fernández, acusa al sindicato de "favorecer a los poderosos, en este caso a la Infanta y a los acusados de corrupción que están en el sumario”.
Por su parte, Manos Limpias entiende que transcurridos tres años de instrucción esas pruebas ya no son necesarias porque en casos como el de la firma de la infanta, la propia hija del Rey ha reconocido ser la autora de la rúbrica y entiende que la petición de nuevas pruebas sólo retrasaría todavía más el cierre de una instrucción que comenzó en el año 2011. Fuentes de esa acusación recuerdan que han impulsado todos los cargos desde esa fecha y denuncian que se han incorporado a la causa letrados que desconocen las pruebas que contiene.
Los abogados, encerrados
Los abogados de la causa llevan ya varias semanas "encerrados" ultimando sus escritos tanto de acusación como de defensa. Todas las partes consultadas asumen que tendrán que presentar sus escritos en las próximas dos o tres semanas. Igualmente, todos ellos asumen que habrá recurso y que, independientemente de la acusación que haga el juez instructor, será la Audiencia Provincial la que decida el destino de la hija del Rey. “La causa morirá en la Audiencia”, sostiene uno de los abogados consultados porque todos también coinciden en que la acusación de Castro no se sostendrá más allá de su tribunal y que la hija del Rey no llegará a sentarse en el banquillo de los acusados.
