El plan de Tsunami Democràtic para bloquear el paso fronterizo de La Junquera estaba perfectamente ideado. Los cabecillas del movimiento radical independentista calcularon el número de vehículos que se requerían, la actitud que debían tener los manifestantes... y la posible respuesta policial que se iban a encontrar. Es en este punto donde, en el último informe de la causa aportado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, se revela el insulto con el que los líderes de Tsunami se referían a los agentes del Instituto Armado: "Puercos verdes".
La conversación se remonta al 6 de noviembre de 2019, cinco días antes de la acción en La Junquera. Marta Molina, militante de ERC y que atendía al seudónimo de Mandela, escribió al empresario catalán Josep Campmajó, ambos ubicados -siempre según revelan las pesquisas de la Guardia Civil- en la cúspide de Tsunami Democràtic.
Marta Molina pregunta a Campmajó si coloca a "gente suya" y a "ojeadores" en la zona de peajes, y sugiere que se establezcan vigilancias propias en el área de servicio Village Catalane y en los peajes del Voló y Perpiñán Sur; todos ellos ubicados en las inmediaciones de la AP-7, la carretera que Tsunami Democràtic pretendía bloquear para cortar la frontera terrestre con Francia.
Cabe recordar que Marta Molina, alias Mandela, figura en informes previos de la Guardia Civil relacionados con la causa, atribuyéndole un papel de organización entre grupúsculos radicales o parapoliciales, asumiendo incluso labores de protección de los líderes separatistas durante el juicio del procés celebrado en Madrid.
Tsunami Democràtic en La Junquera
Así, respecto a la organización de los cortes en La Jonquera, Marta Molina y Josep Campmajó discuten sobre el número de vehículos necesarios para bloquear el paso fronterizo. Lanzan sus cábalas sobre el número de agentes de la autoridad que habitualmente están desplegados en este punto, a los que se refieren con sobrenombres despectivos: "Puercos" o "puercos verdes", éste último en clara referencia a la Guardia Civil por el color de su uniforme. También hablan de la “policía de aduanas” y de “CNP+Gendarmes“.
Es entonces cuando llegan a la conclusión de que necesitarían "un grupo de 20 vehículos para hacer contención pasada la madera, en la línea de lo que dijiste. Entre el km 280 y el 280.5. Solo para el lunes y para el primer momento. ¿Lo miras y me dices cuántos pones?".
Asimismo, en otro punto del informe, se recogen otras referencias a los cortes de La Junquera. Xavier Vendrell, político y empresario que atendía al alias de Índigo, divagaba sobre la actitud que debían tener los participantes en las protestas. Consideraba necesario que algunos de ellos diesen la cara ante los medios de comunicación, pero temía que esa condición frenase a las personas dispuestas a participar en el sabotaje.
"Y eso no sé cómo resolverlo -expresa Vendrell-, porque de todos los que están organizándolo, la única que estará físicamente es Mandela [en referencia a la citada Marta Rovira] y tampoco quiero quemarla".
Costes millonarios
La acción en la AP-7 fue una de las protestas de mayor envergadura que acometió Tsunami Democràtic, junto con la ocupación del aeropuerto de El Prat. La Guardia Civil ha cifrado recientemente en más de 2,8 millones de euros los perjuicios causados con estas actuaciones, pero el Comité Nacional del Transporte por Carretera estimó pérdidas de 15 millones de euros diarios en relación al boicot de la autopista.
El Instituto Armado sostiene que el corte de la autopista ya casi en la frontera con Francia causó un perjuicio económico de 566.115 euros, mientras que desde Autopistas Concesionaria Española Sociedad Anónima (ACESA) se estimaron unos daños materiales valorados en 130.354 euros; monto al que hay que añadir los 435.761 euros estimados que dejaron de ganar por no poder circular con la carretera cortada.
Precisamente el magistrado Manuel García Castellón se ha pronunciado también sobre este episodio en el auto en el que ha imputado a Carles Puigdemont, Marta Rovira y una decena de personas. El instructor de estas diligencias sostiene que los hechos no solo ocasionaron graves daños a la vía, a la economía nacional y a diferentes empresas, sino que también originaron un grave riesgo para la circulación.
Respaldo del Govern
Al respecto el magistrado explica que, si bien no se llegó a materializar este riesgo en un resultado de daños a las personas, ello no elimina el peligro que supuso el uso de bigas, líquidos inflamables y otros obstáculos. De hecho, considera que esta causa que nació hace ahora cuatro años, debe concretar "qué medios se usaron" en estas barricadas para valorar con más precisión el peligro potencial para las personas.
En este contexto, el auto recuerda que el entonces presidente catalán, Quim Torra, acudió en persona al lugar de las barricadas para avalarlas. "La más alta representación del Estado en el territorio justificó la acción, afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes pese al perjuicio económico que se estaba causando y la afectación de derechos fundamentales de los usuarios de esta vía", reza el auto.
Por ese motivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no descarta una futura citación en la condición de investigado para el expresidente catalán de quien se destaca la "sintonía estratégica" con los líderes de la plataforma radical.
"Este comportamiento cohonesta con la presunta asistencia del Sr. Torra a la reunión de Ginebra en la que se gestó la organización de Tsunami Democràtic, por lo que, con el avance de la investigación, debería valorarse su citación”, indica el magistrado. Los que sí comparecerán de seguir las diligencia su cauce serán la docena de personas que están detrás del movimiento, entre las que destaca Carles Puigdemont.
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Davidoff
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Malditos bastardos terroristas catalufos... Recibirá más respeto un solo guardia civil de millones de españoles, que vosotros de todo vuestro ejército de separratistas.