Las reformas del Gobierno están elevando al cuadrado la presión sobre algunos colectivos. Las víctimas de los despidos ya fueron privados de un recurso económico en caso de que buscaran amparo en la Justicia: el de los salarios de tramitación que la reforma laboral anuló. Ahora, las tasas judiciales les alejan todavía más de la protección de los tribunales.

El decreto-ley de reforma laboral decidió terminar con el salario de tramitación que se adelantaba a los trabajadores que recurrieran a los tribunales con el argumento de que acarreaban “costes adicionales” que llevaban a las empresas a reconocer despidos improcedentes aunque no lo fueran. Ahora, el empresario sólo lo abona tras terminar el proceso judicial si los tribunales declaran la nulidad del despido. De esa manera, la reforma laboral obligaba al trabajador a costearse su salario durante todo el tiempo que durara el juicio.

Ahora, la reforma de tasas judiciales, además, les obligará a depositar 300 euros en un tribunal de primera instancia, 800 en el recurso a la Audiencia Provincial y 1.200 el su recurso ante el Supremo, además de las tasas variables en función de la cantidad que reclamen y de lo que les cueste el día a día.

Las dos reformas están dirigidas en la misma direccion pese a que, según fuentes del Ejecutivo, las tasas judiciales no se han discutido con Trabajo. Ambas, por otra parte, cargan sobre el mismo colectivo en un momento en que el Ejecutivo asegura que el empleo es su principal prioridad.